Por Gabriel Link –
Tras más de una década de robar descaradamente, de no dar explicaciones y de esconder los números del municipio se viene un nuevo gobierno. El 10 de diciembre un peronista se sentará en el sillón de Di Tomaso tras 16 años de gobiernos conservadores. El radicalismo muestra su dolor, y lo hace de la peor manera. El gobierno más corrupto de la historia de Paso de los Libres intenta colocarse como la reserva moral de un pueblo que acaba de rechazarlo por haber puesto como estandarte al más ladrón de la banda que conforman.
En la sesión de ayer, la concejal Susana Espinoza le hizo una “advertencia” al intendente electo hace solamente tres días, anunciando “Vamos a controlar cada una de las cosas que el Poder Ejecutivo haga, y vamos a hacer cumplir la Carta Orgánica, como debe ser”, y lo dijo sin ponerse colorada, tras años de integrar y conducir un concejo que solamente sirvió para darle al Ejecutivo el marco de cobertura necesario para cometer todo tipo de fechorías
Tras semejante mamarracho, Sara Alegre tomó la palabra para responderle a su par radical. “El pueblo libreño se ha pronunciado, y lo hizo con una voz muy clara (…) se ha manifestado en contra de las políticas públicas de este gobierno (…) de la falta de previsibilidad, de la falta de transparencia, de la falta de gestión (…) de un déficit habitacional que nunca se vió, teniendo los recursos y la posibilidad de resolverlo (…) La concejal Espinoza decía que van a reclamar que se cumpla con la Carta Orgánica, y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde hace DOCE AÑOS, pedir que se cumpla la Carta Orgánica, pedir que se respete lo que está establecido”, algo que jamás lograron por culpa de la impunidad que el concejo, que durante años manejó la mismísima Susana Espinoza, le dió al Ejecutivo.
Luego Alegre enumeró algunos incumplimientos de esa Carta Orgánica que ahora los radicales parecen haber descubierto que existe. Una carta Orgánica que desde hace DIEZ AÑOS se debería haber reformado por imperio de la Reforma Constitucional de 2007, reforma que la propia Espinoza y el resto de los concejales del radicalismo jamás quiso realizar, en principio para no entregarle el manejo del concejo al viceintendente, y luego para no limitar el presupuesto del concejo al tope del 4% que impone la Constitución porque entonces ellos deberían cobrar la mitad de lo que cobran hoy.
No es Susana Espinoza la más indicada para hablar de institucionalidad o cumplimiento de la Constitución y la Carta Orgánica, precisamente.
Durante los últimos doce años la impunidad imperó en la intendencia, con un hermetismo en torno a los números que nunca se había visto. Las comisiones están llenas de proyectos de ordenanza que nunca se trataron solo por haber sido concebidos por la oposición, y de pedidos de informes que jamás fueron respondidos ni por Vischi ni por Tarabini, como indica la Carta Orgánica, porque delatarían esos delitos cometidos, pero Espinoza ahora dice que a partir del 10 de diciembre la CO deberá cumplirse.
Y no es una simple cuestión de distinta vara, no… es una banda de delincuentes y caraduras dolida por la derrota, que está de salida y no sabe como va a hacer para sostener esa fenomenal estructura de corrupción que montó, para mantener a una dirigencia radical que se volvió rica y hoy se quedó sin la caja para sostener a sus punteros, que no son baratos.
La advertencia de Espinoza fue una amenaza velada, fue un aviso de que estarán esperando cualquier equivocación para hacerle sentir al nuevo intendente todo el rigor del número que hoy parecieran tener. El resultado dependerá de la capacidad política de Ascúa, sobre todo a la hora de definir alianzas, y la conformación de un “gabinete de guerra” que necesitará para hacerse cargo del poder el 10 de diciembre y gobernar con cierta tranquilidad, sin morir en el intento.
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