Tras conocerse la detención del ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y del líder de MILES, Luis D’Elía, el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de CFK y pidió su desafuero para poder detenerla, por traición a la patria y encubrimiento agravado.
Con los mismos argumentos que utilizó el juez federal Ariel Lijo para detener a Amado Boudou sin siquiera indagarlo, Bonadio consideró que, debido a los contactos, la ex presidenta “puede entorpecer la causa” que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
Tanto las detenciones como el pedido de desafuero de Cristina se enmarcan en la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman en la que acusó a la ex mandataria y a sus funcionarios de encubrir el atentado a la AMIA al firmar el Memorándum con Irán, luego respaldado en el Congreso, para permitir a la justicia argentina interrogar a los sospechosos iraníes en aquel país.
Horas antes de su procesamiento se conoció la detención del ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini en Río Gallegos, el dirigente social Luis D´Elía, Jorge “Yussuf” Khalil, dirigente de la comunidad islámica en Argentina, y el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. Además, fueron procesados el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque.
En octubre, días después de las elecciones, Cristina presentó un escrito ante el juez en el que negó la acusación y cargó contra el juez: “Dr. Bonadio, de usted no espero Justicia”, aseguró.
“Es el disparate más grande que escuché en mi vida. Se reseñó como hecho criminal la firma de un acuerdo internacional entre dos países. Este acto jurídico complejo no sólo se realizó en el marco de lo que prevé la constitución nacional, sino también en el marco de las disposiciones de la carta de San Francisco, carta orgánica de Naciones Unidas a los que los países signatarios estamos obligados a respetar a lo que hace a la resolución pacífica de los conflictos”, había explicado CFK.
“El Memorándum de Entendimiento fue la solución diplomática y pacífica por la que ambos países optaron para resolver la controversia y permitir que el Poder Judicial argentino pudiese llevar adelante las indagatorias requeridas para el necesario avance de la causa AMIA”, manifestó la ex presidenta, quien habia recusado a Bonadio por haber sido sospechoso del encubrimiento del atentado como asesor de Carlos Corach.
“El juez de esta causa era funcionario del gobierno durante el año 1992, subsecretario de legal y técnico del Dr. Carlos Corach y que asumiera como juez federal en Comodoro Py días antes del atentado”, destacó la ex mandataria y recordó que Nisman había denunciado a Bonadio “como miembro de una asociación entre Carlos Corach y su hijo y el comisario Palacios para separarlo de la causa AMIA y también para poder atentar contra su vida y la de su familia”.
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