Por Raúl Dellatorre –
“Sin salida.” Con estas dos palabras, un dirigente empresario resumía ante sus pares, el viernes, la sensación que le dejaban los anuncios del gobierno como remedio para enfrentar la crisis del sector cambiario. Quienes lo escuchaban, todos empresarios –algunos del comercio, otros del sector manufacturero–, asintieron en silencio. La lectura de la realidad por parte de la mediana y pequeña empresa, que no es formadora de precios ni ostenta posición dominante en sus respectivos mercados, es la siguiente: vienen de dos años en los que, atenazados por la caída de la demanda y la invasión importadora, fueron perdiendo posiciones. Algunos redujeron su nivel de actividad, varios postergaron decisiones de inversión. El tarifazo en la luz y el gas agravó la situación, aunque en distinto grado según la dependencia de la energía de cada uno a la hora de hacer costos. Todos conocen de casos en los que debieron discontinuar la actividad o cerrar definitivamente. Este año, aseguran, el tarifazo se empezó a sentir del lado del consumidor: es evidente la caída en la demanda en ciertos artículos a partir de las voluminosas facturas de servicios. La devaluación de las últimas semanas, sumada al anuncio de aumentos en las tasas de interés, para muchos puede ser el golpe final. Los que piensan seguir, se preparan para una etapa muy dura, de “sobrevivencia”. “A partir de aquí, todo va a ser para peor: más ajuste, más concentración, menos posibilidades de mantener el personal actual”, se lamentó uno de los dirigentes empresarios consultados, industrial en el rubro prendas de vestir.
Las primeras reacciones de algunos sectores productivos indican el temor a un golpe recesivo, y la extensión de consecuencias negativas para la actividad económica por una política que no resuelve la crisis financiera sino que la contrarresta con medidas que terminan haciendo recaer el peso sobre los
Pymes industriales
“En un marco de apertura importadora y persecución fiscal, un mayor ajuste como el anunciado por el Ministro de Hacienda no hará más que sentenciar a miles de empresas a la incertidumbre, la parálisis o directamente la desaparición”, advirtió un comunicado de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que a nivel nacional encabeza Eduardo Fernández, reflejando un sentimiento que ya no es solamente de incertidumbre. La entidad recordó que en solamente los dos últimos años, “la actual política económica ya se cobró a más de 7500 pymes y está dejando en la ruina a sectores enteros de la industria nacional”. Esta ha sido la consecuencia de la apertura indiscriminada a las importaciones, en la que quedaron relegados o sentenciados a desaparecer algunos rubros que, de antemano, el Ministerio de la Producción ya calificaba como “inviables”, porque los consideraba “no competitivos” a costos internacionales.
Apyme considera que “las medidas dispuestas por el Gobierno ante la escalada del dólar están dirigidas a emitir señales hacia los mercados en detrimento de la actividad productiva y del mercado interno”. Y precisa que “la suba de tasas al 40 por ciento (tasa de referencia) por parte de las autoridades del Banco Central, después de una devaluación de un 10 por ciento, condena a las Pymes a padecer costos desmedidos a hora de financiarse, condiciones prohibitivas para acceder al crédito productivo y la ruptura de la cadena de pagos”.
“Las Pymes vienen afrontando permanentes incrementos de insumos dolarizados junto con los tarifazos en servicios públicos. Al mismo tiempo, el impacto inflacionario de estas medidas genera fuertes retracciones en la demanda interna, con la consiguiente caída de las ventas”, advierte el documento de la organización, reflejando el deterioro progresivo para vastas ramas de la producción.
Construcción
En el sector de la construcción manifestaron que esperan conocer esta semana “la letra chica” del recorte presupuestario, para poder evaluar el impacto que tendrá en el sector el recorte de 30.000 millones de pesos en la obra pública. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, fue uno de los que admitió que hay “incertidumbre” por el alcance de los anuncios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que le apuntó a las inversiones en infraestructura para adecuar el resultado fiscal a una reducción más acelerado a la inicialmente previsto. “La semana que viene (por la que empieza) pediremos reuniones con el gobierno para que expliquen si se refieren a obras públicas en curso, a que no se van a firmar nuevos contratos o que no se van a licitar nuevas obras”. “Se supone que el incremento de las tasas es coyuntural, que se hizo para desinflar la corrida contra el peso, y que en el tiempo volverán a valores normales”, se ilusionó Weiss.
Para este año, el sector tenía prevista una proyección original de crecimiento de entre el 6 y el 8 por ciento, traccionados por la obra pública y privada, y con la expectativa de que tome más impulso con los préstamos hipotecarios orientados a la clase media. Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya (proveedores de insumos para la construcción), indicó sin embargo que “en el 2018 la actividad será inferior a la del 2017, ya que la construcción privada está afectada por el alza de las tasas de interés, inflación, baja de poder adquisitivo. Se mantiene el crecimiento pero a tasa menor”, explicó. “La construcción pública sigue un ritmo ligeramente inferior en los últimos meses. El año arranca un poco más tarde. La construcción pública disminuyó su ritmo pero se espera que sea impulsada por los proyectos de Participación Público Privada”, señaló Brandi.
El cuestionado mecanismo de asociación público-privada, impulsado por el gobierno pese a las malas experiencias en el resto del mundo, resultará favorecido en el actual contexto, dado que su financiamiento se viabiliza por afuera del presupuesto nacional (pese a que constituye una deuda que termina pagando el Estado nacional). Además, frente a la restricción crediticia para gobiernos estatales y empresas argentinas en el mercado internacional, las firmas internacionales que se asocien serán las únicas habilitadas para acceder al financiamiento externo.
El Ministro de Transporte de la Nación. Guillermo Dietrich, sostuvo por su parte que, dentro de su área, “no va a frenarse ninguna obra de las que estamos haciendo actualmente a lo largo y ancho del país, en puertos, rutas, autopistas, aeropuertos, metrobus y trenes de carga y pasajeros”. En relación a “obras que no han comenzado aún, iremos evaluando el comienzo de las mismas a partir de la restricción presupuestaria”, indicó.
Cadena de pagos
Uno de los aspectos en que se venía manifestando la crisis en la industria y el comercio, y que ahora se espera que se profundice, es en lo que hace a la cadena de pagos. Este es uno de los aspectos del comercio en que primero se manifiestan las dificultades, ya sea que provengan de una caída en la actividad o en la pérdida de márgenes de rentabilidad. Hasta ahora, ocurría todo al mismo tiempo. Una empresa en dificultad empieza a padecer problemas de liquidez, alarga el plazo de cumplimiento de compromisos, reclama a sus proveedores mayores plazos para pagar. Pero cuando una pequeña empresa se enfrenta a una proveedora más poderosa, con situación dominante, suele ocurrir lo contrario: es ésta la que le impone a la más pequeña acortamiento de plazos y endurecimiento de las condiciones de pago. Un ejemplo es lo que se empezó a ver en las últimas semanas: entregas de mercadería sin factura, porque el precio se fija, actualizado, al momento del pago.
La percepción de los sectores pymes es que uno de los impactos que se sentirá con el encarecimiento de las tasas es el endurecimiento del crédito comercial. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lo expresó este fin de semana por escrito. “Esperemos que la suba de tasas de interés tan brusca y pronunciada para contener al dólar sea transitoria, porque es preocupante; no sólo encarece los costos financieros de las pymes sino que se vuelven a desviar fondos que deberían destinarse a inversión productiva hacia el mercado financiero”. Señala que, “además, se corta la cadena de pagos porque se comienzan a rechazar pagos a cuenta con cheques a 60/90 días”.
Fuente: Página/12
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