Por Alberto Ruiz Díaz –
La interventora Lazarof, a más de trucha en los términos de la Ley 3460 en sus arts. 79 a 86 -y aun si fuera Interventora legal- es partícipe necesaria en la violación de Derechos constitucionales de los afiliados ya que el IPS tiene su razón de ser en el Derecho a los beneficios de la seguridad social que tienen los trabajadores; Derecho Social consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis que establece que las entidades -en este caso el IPS- serán “administradas por los interesados”, por eso la ley 4917 en su Artículo 8 crea el Consejo de Administración integrado, entre otros, por “un representante de los beneficiarios y otro de los afiliados en actividad”, cosa que Lazaroff no tiene…
Además de las mañas del aparato judicial, está la “Industria del juicio previsional” que Ricardo Colombi dejó a las corporaciones de abogados y contadores. El dato es que, según lamento generalizado de justiciables, resulta difícil si no imposible conseguir algún abogado que se halle dispuesto a defender los intereses de los jubilados del IPS atacando a fondo las causas de la estafa, en primer lugar porque los abogados (y contadores) tienen trabajo mientras dure esta alteración del estado de derecho y cobren el importe de sus servicios, aunque la consecuencia económica derivada son las costas del juicio que finalmente son pagados por el IPS y los jubilados o sea que los viejos se joden y los únicos ganadores son los profesionales que cobran por su trabajo. En segundo lugar, porque ir a fondo contra el sistema tramposo implica esgrimir los fundamentos administrativos, legales y constitucionales para desmontar los artilugios falaces que sustentan la estafa a los jubilados, lo cual significaría confrontar contra el ex gobernador Ricardo Colombi quien -con intenciones no conocidas pero palpables- es el responsable por las acciones y omisiones de sus delegados interventores (truchos) en el IPS, incluso es responsable de haber gobernado con el vacío real y provocado de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, siendo un organismo de control establecido por la Constitución.
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