De la Redacción de Contrapoder –
El fiscal Carlos Stornelli imputó a los dos responsables financieros de la campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, por usar la identidad de al menos 467 personas pobres como supuestos donantes de fondos para la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires.
A dos semanas de publicada la investigación por parte del periodista Juan Amorín, la acusación derivó ayer en la apertura de una nueva causa en el juzgado de Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que imputó a dos responsables financieros que hicieron la rendición de aportes ante la Cámara Electoral. El fiscal menciona el posible lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes de entre 300 y 2 mil pesos. Es decir, se desconoce el origen real del dinero. La posible existencia de violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, así como la afiliación de “prepo” al PRO, son cuestiones analizadas por ahora en una investigación preliminar a cargo del fiscal Jorge Di Lello.
La denuncia que toma Stornelli como punto de partida fue presentada por la fundación La Alameda, que a la vez se basó en las relevaciones del periodista Juan Amorín en El Destape. En un comienzo dio a conocer una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, pero que son pobres, viven en barrios muy humildes y en su mayoría tienen el denominador común de cobrar los planes sociales que originalmente se llamaban Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Luego, otras tantas personas advirtieron que sus nombres estaban en la misma planilla y la lista se acerca ya a los 500 nombres. Para colmo, empezaron a constatar que habían sido afiliados al PRO, algunos desde 2006, sin haberlo solicitado ni firmado nada jamás.
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