Por Gabriel Link –
En medio de una brutal crisis política y financiera el escándalo de los aportes truchos escaló tanto que el Gobierno tuvo que pensar una estrategia para sufrir sin morir. La estrategia mediática. Lanata no sabe. El sacrificio de la Contadora Inza. El costo de la gobernadora Vidal. Juan Amorín y el poder de la verdad. La estrategia para lavar dinero de Cambiemos no es nueva. La contadora Inza y su tía de 84 años “responsable financiera” de la campaña del PRO.
El domingo en Canal 13 Elisa Carrió y Jorge Lanata comenzaron la sutil ofensiva hacia el “blanqueo” de uno de los escándalos más grandes de Cambiemos, la falsificación de aportantes de campaña para lavar el dinero sucio que utilizaron para vencer a Cristina Kirchner en las elecciones del año pasado. Hablando del próximo turno electoral Lilita dijo “yo 
quiero que gane Cambiemos… Que haya transparencia en el financiamiento de campaña, cosa que en Capital (su distrito) se logró, en otros lugares no”, a lo que el periodista agregó con todo su cinismo “En provincia ‘dicen que’ hay un quilombo serio con eso…”. esas dos frases, dichas como al pasar por los dos principales operadores mediáticos de Mauricio Macri, alcanzaron para dejar abierto el camino a participar de una agenda que ni todo el poderío de los grupos concentrados lograron detener.
Una vez más, portales de noticias, radios chicas y los diarios que menos venden lograron romper la cámara de eco creada a partir de una frase de la gobernadora Vidal “son denuncias kirchneristas”, y los medios chicos les impusieron a las corporaciones una agenda que, en un mal cálculo, creyeron que ignorándola podrían hacer desvanecer.
Todo estuvo libretado, el lunes se viralizó en redes la charla de Carrió y Lanata en canal 13, el martes Bonelli “liberó” a Macri cuestionando fuertemente a Vidal en TN y luego lo desarrolló, junto a Alfano en A dos Voces, el miércoles la gobernadora retomó la iniciativa echando a una funcionaria (y amiga) a la que había ascendido el día anterior y entonces Macri quedó habilitado para hablar porque ya tenía a quien responsabilizar, “la gobernadora ya explicó esta mañana…”, dijo el mandatario en otra conferencia de prensa para el olvido, y entonces los diarios pudieron, tras más de un mes de silencio, llevar el escándalo a sus portadas.
Y el libreto se nota mucho, ¿de verdad Lanata no sabe lo que pasó?, ¿alguien puede creer que tras un mes en que se produjeron decenas de denuncias, ya no periodistas, ya no de políticos de la oposición, denuncias de los propios candidatos de Cambiemos que fueron metidos en un lío porque aparecen aportando decenas de miles de pesos que no figuran en sus declaraciones juradas porque “no sabían” que las habían hecho, el periodista más influyente del grupo de medios más grande de Argentina no sabe lo que pasó? “En provincia ‘dicen que’ hay un quilombo serio con eso…”, dijo la nueva versión del fundador de Página/12.
Y mientras Lanata dice que no sabe lo que pasó, en el partido que él sostiene a cara de perro estalló una interna 
feroz. El intendente de Mar del Plata, una de las ciudades más importantes del país, declaró que él tampoco aportó los 50.000 pesos que figuran en los listados de Vidal, y la gobernadora, furiosa, manda a un peso pesado a Intratables para confrontar con el jefe comunal. Anoche el ex ministro de Seguridad y actual diputado Guillermo Montenegro acusó a Carlos Arroyo de mentiroso, “Es muy difícil de creer que no aporte alguien que encabezó una campaña”, dijo ayer Montenegro, quien sin embargo no mostró ninguna prueba del supuesto aporte de Arroyo.
Lo cierto es que todo el poder de fuego concentrado de Magnetto, Saguier, Vila-Manzano y Hadad no pudieron 
detener la escalada de un escándalo generado por la denuncia hecha por Juan Amorín, un periodista de 25 años que solamente trabaja en medios marginales. Un escándalo de corrupción política muy parecido al que en España terminó con la destitución de Mariano Rajoy.
En el Gobierno no saben como hacer para bajarle la espuma a un problema que no esperaban y que promete hacerlos caer por un precipicio en las encuestas, y todo en medio de una crisis financiera que ellos mismos crearon por delincuentes, y que no saben manejar por inoperantes.
La abogada especialista en Derechos Políticos y Electorales, Daniela Cipolla, explicó al portal Diagonales, de La Plata, los alcances de la Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos, y precisó la cadena de responsabilidades dentro de cada partido, así como las sanciones que prevé la normativa en caso de que las investigaciones judiciales por “aportes truchos” prueben que Cambiemos utilizó -sin consentimiento, ni aviso previo- datos personales de terceros para “blanquear” grandes sumas de dinero cuyo origen es incierto.
“En los casos descriptos, en los que no se puede demostrar el origen real de los fondos, las sanciones son de multas e inhabilitaciones para los derechos de elegir y ser elegidos que van desde 6 meses a 10 años para los responsables políticos y financieros, es decir, el presidente y el tesorero del partido, según cada caso”, explicó la especialista, quien además aseguró que la cosa no termina ahí, “Por otro lado, está la responsabilidad penal. A simple vista hay varios hechos pasibles de sanción penal por violación de secretos y de la privacidad, usurpación de identidad, falsificación de documentos y lavado de activos”, aseguró la letrada al mismo medio.
Los presidentes del PRO, en las dos últimas elecciones fueron Jorge Macri (2015) y la gobernadora María Eugenia Vidal (2017), y la tesorera del PRO -en ambos casos- fue María Fernanda Inza, ex secretaria de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, quien dejó ese cargo para asumir el martes como Contadora General del Gobierno de la Provincia, de donde fue despedida al día siguiente para salvaguardar la figura de la gobernadora.
Al investigar la cadena de responsabilidades no dejan de aparecer nuevas “curiosidades”, por llamarlas de alguna manera, puesto que ya en 2016 había estallado un escándalo similar, cuando se detectaron y denunciaron “irregularidades” en los aportes de campaña. Desde entonces, la jueza electoral federal María Romilda Servini tiene en trámite una causa con objeciones a los aportes de la campaña presidencial de 2015. Las “responsables económicas” que firmaron las planillas cuestionadas habían sido dos jubiladas: Stella Maris Sandoval, 70 años, y María Armanda Inza, de 84 años, quien es tía de la cuestionada tesorera (Ver gráfico al final).
En aquel entonces, consultadas por el diario La Nación, tanto María Armanda Inza como Stella Maris Sandoval negaron haber firmado planilla alguna, lo hicieron ante el periodista Ivan Ruiz, quien les preguntó si sabían que eran las apoderadas legales de los 36 millones de pesos que usó el frente Cambiemos en las Primarias de 2015, cargos que también aseguraron desconocer.
“¿¡De qué!? ¿Militante política? No, no, debe estar confundido. Conocí a una persona que trabajaba en ese partido, pero nada más”, respondió la jubilada consultada sobre si era militante del PRO. -¿Sabe que fue la máxima responsable de las cuentas de Cambiemos durante una campaña electoral?, repreguntó el periodista, “No sabría qué decirle. Yo nunca firmé nada”.
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