De la Redacción de Contrapoder –
A través de un decreto Mauricio Macri designó a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, como la encargada de ocupar su lugar en cualquier intervención relacionada con la firma Correo Argentino, que perteneció al grupo empresarial de su familia, y en la que hasta ahora algunos miembros de ella mantienen participación societaria en empresas controlantes. Los Macri mantienen una deuda millonaria con el Estado, y, luego de llegar al poder el presidente ofreció pagar con un plan de treinta años y a tasas bajísimas.
Luego de haber intentado utilizar su poder para conseguir la condonación de la fenomenal deuda que mantiene la familia con el Estado, el presidente “decretó” el traspaso de la responsabilidad a su segunda al mando, alegando que la medida tiene como objetivo “el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. La maniobra pergeñada por los Macri devino en una causa penal que hoy radica en el juzgado de Ariel Lijo.
El decreto puntualiza además que mientras familiares del Presidente mantengan participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A, el presidente Mauricio Macri se considera “alcanzado por el deber de abstención”.
“Razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resulta el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”, indica la norma firmada por Macri y Marcos Peña.
A mediados de este año, la empresa Correo Argentino SA, administrada por el Grupo Macri, presentó una nueva oferta al Estado argentino por su deuda multimillonaria. La oferta de base fue similar a la que había presentado el 28 de junio de 2016, y que había sido denunciada por implicar una condonación lisa y llana. A la última oferta, la familia presidencial le sumó lo que denominó “una mejora de plazo y monto” y un “reconocimiento adicional”.
La propuesta se concretó en un audiencia desarrollada frente a la Sala B de la Cámara Comercial a la que asistieron los abogados de la Procuración del Tesoro que representan al Gobierno, los representantes de la empresa y la fiscal del concurso, Gabriela Boquín.
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