Por Claudio Mardones –
El pedido del senador nacional Miguel Ángel Pichetto para expulsar del país a “los dos venezolanos, el paraguayo y el turco que fueron detenidos en el Congreso”, durante la represión del miércoles, no sorprendió en la Casa Rosada. Por el contrario, generó dos movimientos dentro del gobierno: cosechó elogios íntimos cerca de Mauricio Macri (que no le tiene estima al rionegrino) y habilitó a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y del Interior, Rogelio Frigerio a tomar el guante que dejó Pichetto para redoblar la apuesta e insistir sobre la deportación de los acusados, aunque cada vez hay menos elementos judiciales para sostener los procesos en su contra.
La coincidencia discursiva de Pichetto con los dos ministros del Ejecutivo no fue azarosa. Cerca del senador eludieron responder a las preguntas de este diario, pero en el gobierno confiaron que las palabras de los ministros fueron pronunciadas para responder a “una demanda de la sociedad, en la que el 75% está en la misma posición: expulsar del país a los inmigrantes que delinquen”, confió un alto funcionario consultado.
“Nos sentimos cómodos en este escenario y por eso no descartamos ir al Congreso el año que viene con un proyecto de ley, para hacer foco en los inmigrantes ilegales y en aquellos que delinquen”, explicó un alto funcionario dentro de la Casa Rosada, para confirmar el interés oficial de volver a la carga con el endurecimiento migratorio que el Ejecutivo buscó aplicar mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que en marzo pasado fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La reforma fallida
El DNU 70/17 estableció por decreto una serie de modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871. Acortó los tiempos para definir la expulsión de extranjeros con causas o con antecedentes penales, definió condiciones más estrictas para su ingreso y permanencia, elevó los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina y negó la posibilidad de ingreso y permanencia al país a las personas que presentaron documentación falsa o adulterada. Durante la vigencia de ese DNU, que fue ejecutado y defendido por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que depende del Ministerio del Interior, se redujo de 180 a 90 días la “autorización de permanencia precaria” para los extranjeros que iniciaban trámites de residencia en el país. También se extendieron los plazos para reingresar al país luego de una expulsión: la ley establecía cinco años y el DNU amplió esa prohibición de entrada al país a ocho años por delitos dolosos y cinco por delitos culposos.
El DNU fue cuestionado judicialmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Luego de una batalla que duró un año, el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad del DNU 70/2017 porque la decisión del presidente constituía “una apropiación ilegítima de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo, habida cuenta de que no se demostró la existencia de las circunstancias excepcionales que hicieran imposibles los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la modificación de la ley migratoria”. Además de anular el decreto, el máximo tribunal le dijo al Ejecutivo que si quiere avanzar con una reforma de ese tipo, que presente un proyecto en el Congreso.
El nuevo plan
Luego de ese revés judicial el gobierno diseña un proyecto de ley para hacerle caso a la Corte y lograr esas modificaciones a la Ley migratoria por vía legislativa. Para un gobierno que ya transita la tercera sanción presupuestaria en el Congreso, el esquema de alianzas tejidas dentro de sus dos Cámaras podría facilitar la sanción de la reforma. En esa estrategia, las declaraciones de Pichetto sonaron como música en los oídos del presidente.
“En el Senado ya sabemos quien juega como Bolsonaro”, bromeó un funcionario que reporta a Macri para transmitir la satisfacción oficial por las palabras del senador rionegrino. Dentro de la Casa Rosada aseguran que esas declaraciones encierran el apoyo de un sector del PJ a un eventual proyecto para endurecer la política migratoria que no pudieron cambiar por DNU. Sin embargo, a diferencia de las declaraciones anteriores, la ofensiva discursiva estuvo concentrada en reclamar la expulsión de personas extranjeras que fueron detenidas en movilizaciones, un punto que despierta sospechas sobre la posible inclusión de castigos judiciales a extranjeros que participen de actividades políticas.
En la hoja de ruta del oficialismo, una nueva ofensiva legal en materia migratoria devolvería al gobierno a una de sus zonas de confort preferidas.
Las deportaciones
Según las cifras que exhiben en la Rosada, para asegurar la ofensiva, sostienen que entre 2016 y 2018 se concretaron 1332 expulsiones de extranjeros. “Fueron 323 en 2016, 489 en 2017 y en lo que va del año ya concretamos 520”, contestó una fuente oficial y buscó reivindicar la efectividad del DNU que anuló la Corte y que el gobierno buscará llevar el Congreso. De las 326 expulsiones de 2016, 290 se debieron al artículo 64 de la Ley 25.871 que permite que los extranjeros condenados cumplan sólo la mitad de la pena y sean expulsados del país.
“Somos una Patria receptiva para todos aquellos que la vengan a visitar, a trabajar, a estudiar, a producir. Pero no vamos a permitir el ingreso de aquellos inmigrantes que vengan a delinquir. Por eso nos pusimos muy exigentes en los ingresos al país. Y esa exigencia de todas maneras ha sido muy contundente en los números”, se defendió otra fuente consultada, que buscó equilibrar la ofensiva legal con una estadística: “Desde que asumió Macri, hemos radicado a casi 600 mil inmigrantes”, se defendió el funcionario. Casi a la misma hora, el senador Pichetto volvió a la carga con la cuestión migratoria, en un reportaje en el diario Clarín.
“A mí no me preocupa que me digan Bolsonaro, Eso lo hacen para no dar el debate de fondo. Son los políticamente correctos de la Argentina, los buenos, los igualitarios. Y así nos va: vamos camino a la decadencia. Estos tipos estaban tirando piedras a los 60 días de llegar”, disparó el senador en referencia a los dos venezolanos detenidos el miércoles, que el gobierno busca utilizar como chivos expiatorios para insistir con otra reforma.
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