De la Redacción de Contrapoder –
La asociación fundada por los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA dio a conocer hoy un duro documento, mediante el cual anunció el envío de “información relevante” a la Comisión de la Cámara de Diputados, que trata la denuncia que, contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, realizó días atrás la extravagante diputada chaqueña Elisa Carrió. “Por qué Garavano contribuyó al encubrimiento del atentado a la AMIA”, tituló Memoria Activa la publicación en su cuenta oficial de Facebook.
El texto asegura que “el ministro Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa AMIA a través de la querella que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista, faltando a su responsabilidad de promover la búsqueda de verdad y justicia”.
Concretamente la asociación acusa al ministro de haber ejercido “presiones a los abogados apoderados de la querella del Ministerio de Justicia para que cambiaran su línea acusatoria en el juicio a una más alejada de los familiares de las víctimas y más cercana a los acusados de encubrir”, también advierte que “horas antes de que el Ministerio presentara su alegato final en el juicio y acusara a todos los imputados, Garavano removió al abogado a cargo y puso en su lugar a un letrado inhabilitado afín a sus amiguismos”.
Luego, el comunicado expresa que “la querella del Ministerio defendió y pidió la absolución de dos de los imputados por encubrir, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, cuya responsabilidad en el caso es innegable según las pruebas, las querellas, la fiscalía y a los profesionales del Ministerio de Justicia que trabajaron en la causa”.
Memoria Activa recuerda también que el ex titular de la Unidad AMIA del Ministerio, Mario Cimadevilla, “fue removido de su cargo y el Ministro comenzó a desmantelar la Unidad AMIA, traspasando lo poco que aún queda de ella a manos del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al titular del programa Verdad y Justicia, Mariano Fridman, ambos ex funcionarios de la DAIA, quienes apoyaron su ya conocida posición también alejada de la justicia y defensista de los acusados, en particular de Mullen y Barbaccia y del ex presidente de la institución, Rubén Beraja”.
“En conclusión –concluye la denuncia- consideramos que la querella del Poder Ejecutivo Nacional envió un fuerte mensaje político a las partes del proceso, al tribunal del juicio y a la sociedad altamente preocupante para las víctimas, quienes nuevamente nos encontramos con funcionarios inescrupulosos que anteponen sus propios intereses a los de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un mensaje que resultará aún más preocupante si logra finalmente influenciar la decisión de los jueces”.
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