De la Redacción de Contrapoder –
El periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de redacción del diario La Nación y uno de los integrantes del consorcio de periodistas que develó el escándalo de los Panamá Papers hace ya un año y medio fue llamado a declarar el miércoles pasado por el juez Ernesto Kreplak. Esta semana se conoció la declaración completa, en la cual el magistrado solicitó detalles sobre lo publicado en su libro “La raíz de todos los males” y las preguntas estuvieron centradas en los aportes de campaña de la coalición Cambiemos, ya que su investigación apunta a la denuncia por los aportantes truchos que utilizó el Gobierno en la última elección.
Lo primero que le preguntó el juez fue sobre una anécdota que contó en su libro que tuvo mucha repercusión en círculos empresariales y políticos: “¿Ratifica lo manifestado en las páginas 37 y 42 de su libro ‘La raíz de todos los males’, en relación a las reuniones en el marco de las cuales Mauricio Macri pidió a diversos empresarios el 1% de sus respectivos patrimonios, en negro, para financiar su campaña electoral?”. A esta pregunta, Alconada Mon respondió: “Sí, lo ratifico”.
Luego el juez solicitó más detalles. “Esos eventos ocurrieron desde mediados del 2014, y a lo largo de todo el 2015, una vez que el entonces Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció su candidatura a Presiente de la Nación. A partir de ese momento, montó un equipo de campaña con varios referentes para el eje político, marketing y financiamiento electoral, quedando este último eje bajo el liderazgo de Nicolás Caputo y Edgardo Cenzón. Estos dos referentes coordinaron un equipo abocado a recaudar fondos que terminaron superando los mil setecientos sesenta millones de pesos, apoyado en la recaudación que obtuvieron de medianos y grandes empresarios, aportes de funcionarios y militantes, y en un determinado momento, un adelanto financiero del propio Nicolás Caputo, cuando las encuestas mostraban tercero a Macri. Entre los empresarios que aportaron fondos aparecen empresas constructoras, empresas de seguridad privada con contratos vigentes o ya vencidos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también algunos de los empresarios que figuran hoy en la causa “cuadernos de la corrupción”, al igual que cámaras sectoriales, como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos)”.
Luego el periodista explicó como se habrían hecho los pagos. “Con respecto a los aportes en efectivo, recuerdo que uno de los mayores problemas que tuvieron todos los equipos de campaña es que las donaciones se entregaban en dólares, y siendo aportes clandestinos, debían recurrir a cuevas financieras, lo cual llevaba a otra dificultas, porque no en todas las provincias contaban con cuevas financieras de confianza y liquidez suficiente para cambiar los montos requeridos, lo cual llevó a su vez a los equipos de campaña a la necesidad de transportar fortunas en efectivo, en avión o en camionetas por todo el país”, relató.
Además especificó qué otro tipos de pagos se hacían, como por ejemplos: en especie: “Recuerdo también, con respecto a los pagos en especies, que los equipos de campaña de Macri, Massa Y Scioli, me contaron cómo algunos empresarios les aportaban gaseosas, teléfonos celulares, automóviles, aviones y hasta empanadas para sus actos de campaña. Como así también cubrían sus estadías en hoteles, y financiaban las encuestas de campañas y sondeos de opinión, que insertaban en sus balances como estudios de opinión pública sobre sus propias empresas. Por último, en cuanto a simular la bancarización, significa un truco por el cual los equipos de campaña repartían fondos entre militantes y voluntarios, para que se presentaran en los bancos, los depositaran como propios, en ciertos casos a cambio de una comisión, y transfirieran esos fondos a la campaña”.
El juez quiso saber más y preguntó sobre los beneficios que pudieron haber recibido esas empresas tras los suculentos aportes. “Logré reconstruir que Macri, repetidas veces, afirmó que ese aporte del 1% quedaría más que compensado por las políticas pro mercado que como presidente impulsaría, como así también políticas sectoriales, que permitirían revitalizar áreas de la economía que redundarían en beneficios generales para las empresas, pero en ningún momento logré verificar si durante ese intercambio de promesas por aportes se habló o prometió beneficios específicos para empresas particulares”, explicó.
Luego, el magistrado se interesó por el rol de Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente Macri, a lo que Alconada Mon respondió: “Se encargó de supervisar a todo el equipo para el financiamiento electoral. Esto es, coordinar encuentros con empresarios, coordinar las formas de pago, repasar las listas de empresarios que debían contactar, tanto con Mauricio Macri, como con otras figuras del Pro, para luego girar esos ingresos a otra área del equipo de campaña que se abocaba a los gastos de campaña. En este sentido, su principal colaborador era el entonces ministro porteño, Edgardo Cenzón, quien se encargaba de los detalles operativos”.
Ya en la última parte de la declaración, el periodista dio detalles sobre el rol de las fundaciones vinculadas al PRO en el financiamiento de la campaña. “En el 2015 (las fundaciones) fueron un canal para la recepción de fondos, con menos controles, y su posterior gasto en la campaña. Recuerdo, en ese sentido, que en un momento emprendimos una investigación con un colega con el objetivo de acceder a los ingresos o donaciones recibidos por múltiples fundaciones creadas o controladas por políticos, para lo cual hurgamos en varios organismos públicos, incluida la I.G.J., y nos encontramos con que esas fundaciones se beneficiaban por los muy magros controles y auditorias, al punto que nos resultó imposible acceder a sus registros de donantes. Recuerdo en particular el caso de la Fundación SUMA, en la cual figura la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, que dijo haber sufrido un robo que no denunció durante semanas, y que incluía entre sus donantes a algunas de las empresas más importantes de la Argentina, como Techint y Panamerican Energy, y algunas de las empresas con mejor relación con el gobierno porteño, como la constructora CRIBA”.
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