Por Adriana Meyer –
Fue la persona que se acercó y dio una palmadita de apoyo a Sergio Maldonado durante la eterna tarde en que permaneció en la orilla del río Chubut custodiando el cuerpo su hermano. Werther Aguiar, médico legista de la Policía Federal, quien estuvo el 17 de octubre de 2017 en el territorio mapuche de Cushamen durante el operativo en que fue hallado Santiago Maldonado, fingió ser solidario con la familia del tatuador anarquista en ese durísimo momento. Así llegó a la morgue de Esquel y fue uno de los que fotografió el cadáver de Maldonado. Aguiar -socio del comunicador que había dicho que Maldonado estaba detenido en Gendarmería apenas un día después de su desaparición- había sido imputado por la fiscalía federal por haber filtrado las imágenes que llegaron a los celulares de millones de personas la mañana del 18 de octubre del año pasado. Y ayer fue procesado, por lo cual será juzgado por el delito de violación de secreto, salvo que la Cámara Federal revoque la decisión. Fue puesto en disponibilidad y, en caso de ser condenado, sería exonerado de la fuerza. La Policía Federal, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no consideró que hubiera razones para separarlo de manera preventiva.
Durante la investigación, cuando le pidieron su teléfono celular, Aguiar entregó el móvil de su hijo. La fiscalía, entonces, recuperó las fotografías tomadas por las otras tres personas que sí tenían autorización para hacerlo y ninguna de ellas se correspondía con las que se viralizaron en las redes sociales. Hubo declaraciones testimoniales y se agregaron soportes fílmicos y fotográficos que lo ubicaron tomando las fotos. Cuando fue acusado por la fiscalía, Aguiar amenazó al periodista Andrés Campos, de radio Nacional y del portal Noticias de Esquel, por haberlo nombrado: le advirtió que podría demandarlo por “daño moral” y pretendía medio millón de pesos. Ahora el embargo recayó sobre él, aunque solo por 10 mil pesos.
El procesado médico policial adujo luego que había extraviado su propio teléfono. Un oficio a la compañía proveedora del servicio demostró que pidió la baja de su línea el 30 de octubre de 2017, es decir, el mismo día en que viajó a Córdoba y no días después del hallazgo del cuerpo de Maldonado. El juez federal Guido Otranto determinó que Aguiar mintió al argumentar que había perdido su celular. Según pudo confirmar PáginaI12, este juez cuestionó su doble rol de médico y de funcionario público al vulnerar un secreto y lo acusó de haber dañado a la familia Maldonado por difundir material confidencial y socavar la intimidad de la familia.
Aguiar entrecruzó su destino con Ricardo Bustos, quien en Facebook, el 2 de agosto de 2017, escribió: “Este sujeto (por Maldonado) fue persuadido gentilmente mediante la firme acción de Gendarmería para que se retire del predio que ocupaba en Vuelta del Río (…) Como se negó, Gendarmería procedió a detenerlo e identificarlo. Ahora está a disposición de la Justicia de Chubut que deberá decidir si se declara competente en el caso o se saca de encima la papa caliente”. En el remate de su mensaje se permitió aclarar que “Maldonado aseguraba pertenecer al Lof de Resistencia mapuche, sin embargo sus amigos afirman que el sujeto era de La Plata pero residía en la vecina y marihuanera ciudad de El Bolsón, un hippie con OSDE 510” (sic). Bustos funge como gerente de relaciones comunitarias y comunicaciones de Minas Argentinas, la misma empresa en la que reporta Aguiar. A ambos les propusieron hacer un programa de radio, pero la iniciativa no prosperó. Y a raíz de la imputación del médico policial le levantaron una emisión sobre salud que tenía en Radio Nacional.
En diálogo con PáginaI12, Verónica Heredia, abogada de los Maldonado, recordó que ésta no fue la única intrusión en la vida privada de la familia, y expresó que la causa debiera haber sido unificada con la que investiga las escuchas ilegales, en el fuero federal porteño. En el ámbito judicial, las fuentes consultadas por este diario expresaron que ahora la clave está en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que no tuvo reparos en el pasado en revocar procesamientos de Otranto, como ocurrió en el caso del espionaje a los vecinos y militantes ambientalistas de Esquel, en la causa en la que sólo quedó procesado un espía de la AFI pero los camaristas sobreseyeron a dos fiscales y un policía.
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