De la Redacción de Contrapoder –
El lunes falleció Walter Barrios, la octava víctima de la masacre de la comisaría de Esteban Echeverría, ocurrida el 15 de noviembre, cuando la policía cortó la luz en las dos celdas de la comisaría porque un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esta decisión, sumada a las malas condiciones de alojamiento, generó que los detenidos iniciaran un incendio. De acuerdo a los relatos, al generarse el incendio la policía habría cerrado los suministros de agua.
“Esto es responsabilidad del gobierno de Vidal que tiene el record de la peor masacre en la historia de las comisarías argentinas”, denunció Sandra Raggio, directora general de la Comisión por la Memoria (CPM). La abogada afirmó que, a principios de año, la Justicia había ordenado cerrar la comisaría y trasladar a los detenidos. “Era una tragedia evitable”, lamentó.
Según Raggio, la comisaría 3° “tendría que haber sido clausurada por una resolución que sacó la Justicia en 2012”. “Había 26 detenidos en un lugar donde entraban 10”, informó la directora de la CPM, encargada de representar a las familias de las víctimas. Agregó que, a principios de este año, se presentó un hábeas corpus para trasladar a los detenidos a otras dependencias, pero “nunca se le dio curso a la orden del juez”.
“El mismo Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires publicó cifras que dicen que hay 298 por ciento de hacinamiento en el sistema de encierro”, dijo Raggio. Es decir, que donde hay lugar para un detenido, se alojan tres. “Acá hay una responsabilidad estatal y política. El ministerio tiene las cifras. No hay excusa que valga”, sostuvo.
Además de la presunta negligencia por parte de las fuerzas de seguridad, la comisaría “no contaba con una buena instalación eléctrica, no tenía ventilación y los matafuegos estaban vencidos. Son inhabitables”, afirmó Raggio, quien señaló que los detenidos debían turnarse para dormir. “Los colchones eran pocos y no eran ignífugos, como dicen las normativas”.
Barrios, de 21 años, era uno de los detenidos que había quedado en grave estado luego del incendio. El joven llevaba dos meses detenido en la por el delito de encubrimiento, que implica penas mínimas de entre 6 meses a 3 años. Barrios, al igual que los otros fallecidos, estaba en la celda 1. De ese calabozo quedan cuatro sobrevivientes, dos de ellos continúan internados y muy graves.
“Estaban todos detenidos ilegalmente en condiciones deplorables”, aseguró la directora general de la CPM. Si bien Raggio dio cuenta de la crisis estructural del sistema de encierro, culpó al gobierno bonaerense por “no cumplir con las normativas ni las órdenes de los jueces. El Ministerio de Seguridad sabía lo que pasaba y siguieron albergando detenidos”, acusó y agregó: “Son muertes anunciadas”.
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