De la Redacción de Contrapoder –
Tras diez años de mentiras radicales finalmente Martín Ascúa, creó la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y Protección al Usuario. El responsable del área será el abogado Alejandro Soto Fornari, quien reportará directamente al secretario de Gobierno Javier Sigilio. La oficina está ordenada en la reforma constitucional de 2007. Operará dentro del Palacio Municipal. ¿Por que Vischi jamás permitió su creación?. Sus principales funciones.
Luego de la reforma constitucional del 2007, y por imperio de la misma, el municipio debió incorporar diversos institutos, entre ellos ésta oficina. Para algunos de ellos es necesaria la reforma de nuestra Carta Orgánica, ordenada por los constituyentes y desoída sistemáticamente por Peteco Vischi y Raúl Tarabini durante más de una década. A lo largo de los años fueron infinitos los reclamos por la creación de una oficina que defienda a los ciudadanos como usuarios y consumidores, pero el radicalismo siempre se lavó las manos.
La constitución reformada dice en su Artículo 48: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y usuarios. (…)
Sin embargo, ninguno de los tres gobiernos radicales se ocupó de cumplir con lo impuesto en la reforma constitucional, sencillamente porque los grandes focos de atropello hacia usuarios y consumidores son los estamentos provinciales manejados por sus correligionarios o los financistas de sus campañas (principalmente Dpec y Aguas de Corrientes), de quienes siempre nos tuvimos que defender solos. Tuvo que llegar un gobierno peronista para sumarnos ese derecho.
Dentro de las funciones de la Oficina, creada por la Resolución Nº 465/2018, se encuentran la de asesorar y responder consultas de los consumidores y usuarios; brindar información, orientación y educación al consumidor y el usuario; recibir denuncias de consumidores y usuarios; recepcionar los correspondientes descargos; difundir campañas de educación y orientación al consumidor, sean estas municipales, provinciales o nacionales; fijar y celebrar conciliaciones entre el denunciante y la empresa denunciada, entre otras.
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