Por Gabriel Morini –
Mañana, la Corte Suprema cerrará el capítulo que abrió el polémico fallo por el “2×1” y sepultará la posibilidad de que ese antecedente se aplique a futuro sobre la situación de otros detenidos por delitos de lesa humanidad. En un fallo que se conocerá al
mediodía, la mayoría de jueces integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votarán sobre un caso que validará la nueva ley N° 27.362, aprobada por el Congreso en tratamiento exprés, a partir del denominado “fallo Muiña”. De esta forma, buscarán clausurar la conmoción que marcó a fuego una de las decisiones más resistidas del máximo Tribunal en los últimos años. En rigor, el voto que mutará tras la reforma legislativa para inclinar la balanza es el de Rosatti, cuya argumentación entonces apuntaba a un vacío legal que permitía interpretar que la ley penal más benigna no hacía distinción sobre el tipo de delitos del acusado. En la semana previa, había movimientos en torno a la posibilidad de que Elena Highton de Nolasco también invirtiera el sentido de su voto, lo que podría dejar en soledad al presidente Carlos Rosenkrantz, desde cuya vocalía se redactó la médula del fallo conocido el 3 de mayo de 2017.
Hasta ahora, no había habido marcha atrás definitiva sobre la decisión que hasta motivó movilizaciones frente al Palacio de Tribunales en repudio a la sentencia original. Inicialmente mal calibrada por su impacto social, la Corte había beneficiado al represor Luis Muiña con un nuevo cálculo de su pena teniendo en cuenta el período en el que la Ley del 2×1 estaba vigente, antes de su derogación.
El movimiento obligó al Congreso y al Gobierno a apurar una ley correctiva que evitara una extensión masiva de los pedidos para acceder a la libertad de imputados por delitos ocurridos durante la última dictadura. Explícitamente se los excluyó de cualquier consideración para una conmutación o cálculo más benigno. Hubo también un cisma dentro de los propios tribunales que se negaron (en su mayoría) a aplicar el fallo como una nueva doctrina, rechazando la oleada de planteos que se generaron. A partir de mañana, en lo legal, esa grieta comenzará a cerrarse.
El caso elegido es el reclamo del represor Rufino Batalla, personal civil de inteligencia condenado por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto. El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj hizo una presentación para que se le deniegue el beneficio. El mismo Rosatti escogió el caso Grabarcuando se estableció el cronograma de sentencias que la Corte planificó hasta fin de año, cuya segunda estación será mañana. El represor aguarda la decisión en libertad, tras cumplir 8 años y 5 meses de prisión de una condena a 13.
Pese a que aguardan la reunión de acuerdos no hay secretos sobre la decisión de Maqueda y Lorenzetti. Ambos habían quedado en minoría en el fallo “Muiña” alegando que la reducción por el “2×1” no era aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hábil, Lorenzetti dejó pasar la jugada cuando todavía era presidente y tenía control de la agenda. Vio cristalizarse los efectos de la frase que repetía como mantra sobre que los fallos vinculados a Derechos Humanos eran política de Estado y constituían parte del contrato social de los argentinos. El repudio generalizado salpicó a la mayoría, y tanto Highton como Rosenkrantz sintieron el impacto por las muestras de rechazo a su voto conjunto que destacaba la “irrelevancia” de la valoración social del delito, y la primacía de una ley penal más benigna. La redacción inicial provino de la vocalía de Rosenkrantz, en cuya secretaría penal se desempeña Federico Morgenstern, autor también de la teoría sobre la cosa juzgada irrita. Fue un antecedente también del alineamiento posterior que Highton mostró con Rosenkrantz y que se consolidó con el cambio de autoridades en la Corte.
Pese a todo, en este caso, Highton duda. Nuevamente las horas previas al acuerdo serán cruciales para establecer si acompañan el voto mayoritario o no, tal como sucedió con Ganancias para los jueces, cuya posición mutó la misma jornada ante la certeza de que una mayoría orientaría la dirección del fallo. Con Rosatti en la otra vereda, considerando saldada la discusión, para la “minoría” sólo queda reafirmar su posición inicial (y absorber el costo político) o transitar el camino de la ley correctiva, algo que tampoco los conforma del todo. Rosenkrantz deberá volver a calzarse el “traje de Elizondo”, como metaforizó su rol como árbitro de fútbol para graficar que debe ser imparcial ante las presiones.
Lorenzetti y Maqueda se oponen al beneficio para delitos de lesa. Rosatti considera saldado el vacío legal con la nueva ley. Interrogantes en torno a Rosenkrantz y Highton.
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