El juez Torres indagará el jueves a su par Carlos Sóto Dávila: Pidió el desafuero para su detención

Por Gabriel Link – 

El juez federal Sergio Torres citó a indagatoria para el próximo jueves, y solicitó el desafuero para su posterior detención a su par, el titular del juzgado federal nº1 de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila. El juez correntino es acusado de ser el “jefe” de una asociación ilícita, conformada para encubrir delitos a cambio de dinero. La causa en la que está acusado actualmente es por proteger a la banda que, desde Corrietes, movía grandes cantidades de marihuana para distribuir en diferentes puntos del país y fue desbaratada mediante el Operativo Sapucay, realizado el año pasado en la ciudad de Itatí. Esta no es la primera imputación contra el magistrado, que viene señalado reiteradas veces desde 2004, cuando fuera procesado junto a buena parte del personal del juzgado, entre quienes estaba su secretario penal, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.

Según la agencia de noticias NA, el juez Torres, en consonancia con el fiscal Carlos Stornelli y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace varios días.

Molina fue detenido hoy a la mañana por personal de la Gendarmería Nacional en su domicilio de Resistencia, Chaco. Grau fue apresado en Corrientes. El personal de la Gendarmería Nacional también detuvo a los abogados Omar Serial, Humberto “Pochi” Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos, que representaron legalmente a los presuntos “narcos” que operaban en Corrientes.

Se trata de la causa conocida como “Sapucay” por el nombre de la operación que desbarató una banda narco en marzo de 2017 en Itatí. En el marco de la misma están detenidos desde entonces, y camino a juicio oral el entonces intendente de esa ciudad, Natividad Terán; su vice, Fabio Aquino; y gran cantidad de personas, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales.

La banda ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas a través del Río Paraná, y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir del testimonio de uno de los “arrepentidos” de la causa, quien confesó que le pagaba al juez grandes sumas de dinero para ser encubierto. Esa declaración se suma a varias escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Contra el magistrado se investigan al menos una decena de pagos de sobornos a cambio de protección.

Por el hecho de ser juez, Soto Dávila posee fueros y por ello no quedó detenido junto a sus colaboradores, aunque sí será indagado, y en función de ello Torres comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se proceda a su desafuero para luego detenerlo.

Mientras tanto, el juez Torres evalúa información del caso: evalúa un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Por su parte, la PROCUNAR procesa miles de llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.

Vale destacar que, aunque tal vez sea la que más lo compromete, ésta no es la primera vez que Soto Dávila es imputado por los mismos delitos. El juez apila, al menos, diez causas en la Magistratura. La más “fresca” en la memoria es la que en noviembre pasado lo puso en la mira de la justicia cuando el mismo secretario Penal, Pablo Molina había sido procesado por el titular del juzgado nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, por falsificar firmas y alterar trámites para beneficiar con la devolución de dos vehículos de alta gama a un empresario detenido por lavado de dinero y narcotráfico.

Lo increíble de esta historia es que ya en 2004, y por una causa similar, el juez había sido imputado, junto al actual aspirante a ocupar el juzgado federal de nuestra ciudad, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien por entonces era su secretario Penal y fue procesado en la causa. También fueron procesadas entonces Miriam y Roxana Weschenfeller, ambas empleadas del juzgado.

Esa causa había comenzado cuando un detenido en el destacamento de Leonas, Chaco, de nombre Luis Saez, le hizo llegar a su esposa una nota que decía lo siguiente: “Mariana, decile a Carlos que hable con Miriam, que es la secretaria de Fresneda, por el arreglo de la causa”.

En la nota, Saez le pedía a Mariana, su esposa, que le avisara a su abogado, Carlos Varas, que contactara al secretario Penal del juzgado de Soto Dávila, Gustavo Fresneda, a través de su secretaria, Miriam Weschenfeller.

El papelito terminó en el propio juzgado de Soto Dávila y Fresneda, quienes, increíblemente, en lugar de excusarse, le tomaron declaración al preso y comenzaron a “investigarse a sí mismos”. El juez y su secretario continuaron por su cuenta y jamás le corrieron vista al fiscal de la causa ni iniciaron sumario administrativo alguno.

El fiscal federal Oscar Resoagli, que intervino en la causa, determinó entonces, que antes de esa declaración testimonial el preso había sido aleccionado en el despacho de Fresneda por el propio secretario sobre cómo debía declarar. El mismo detenido lo había declarado cuando, más tarde, y en carácter de arrepentido, le confesó al fiscal que Fresneda y Soto Dávila le habían “compaginado la declaración”. Saez también reveló entonces que, a través de su abogado, el magistrado y su secretario le habían pedido 60.000 pesos para arreglar su causa, aunque terminaron rebajándole a 15.000, pues al preso no le alcanzaba la plata.

Este fue el primer caso que llevó al juez Soto Dávila a ser indagado por la jueza, ad hoc, Norma Pyrayine Nivero de Rinesi, pero allí se negó a declarar y la causa finalmente fue arreglada políticamente por Ricardo Colombi en el Concejo de la Magistratura en el año 2008.

Como elemento sobresaliente de esta historia se debe recordar que tras el escándalo de 2004 Fresneda fue desplazado de la secretaría penal, en la que lo reemplazó el hoy procesado (por una causa idéntica) Pablo Molina, a quien paradógicamente tras su despido lo reemplazó nuevamente el polémico Fresneda, quien hasta hoy, increíblemente, encabeza esa misma secretaría penal de la que antes había sido echado por corrupto.

Fuentes: Contrapoder – Diario La Nación – Diario Perfil – Diario Norte de Corrientes