De la Redacción de Contrapoder –
Los fiscales federales Stornelli y Rívolo, pidieron hoy la detención del CEO de Techint, Paolo Rocca, procesado por Claudio “Pistolero” Bonadío, como parte de una presunta asociación ilícita creada para el pago de sobornos en la obra pública, en el marco de la causa “Fotocopias”. Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio, quien procesó al empresario sin prisión preventiva. Lo mismo pidieron para el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Ahora a la situación de ambos la definirá la Cámara Federal.
Según consideraron los fiscales, no corresponde que a algunos imputados se los haya procesado con prisión preventiva y a otros no. El pedido de los fiscales también abarca al ex secretario de Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, y a los empresarios Alberto Padoan y Rubén Aranda.
De acuerdo al informe se comprobó que los imputados “convergieron junto a funcionarios públicos del más alto nivel en la perpetración de un emprendimiento criminal complejo, ideado, planificado y ejecutado con el objetivo de recaudar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
En la apelación sostienen: “En lo que respecta a los imputados Abal Medina, Rocca, Larraburu, Padoan y Aranda, ese vínculo asociativo y las acciones concretas que habrían desplegado cada uno de ellos, ata su situación procesal a un nivel de injusto semejante al del resto de los imputados a quienes sí se procesó con prisión preventiva”.
Esta apelación no será resuelta por Bonadio, sino por la Sala I de la Cámara Federal, que interviene en la causa de los cuadernos, integrada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Rocca había quedado al borde de la imputación el 4 de septiembre, día en que Bonadio adelantó que investigaría a las “empresas beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pública entre 2003 y 2015” a cambio de pagar “entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación” a funcionarios del Ministerio de Planificación. Además de Techint, en la lista figuraba la constructora lecsa, que hasta 2007 manejó el Grupo Macri y luego pasó a manos del primo del Presidente Angelo Calcaterra.
En ese momento, Rocca negó ante el juez haber pagado coimas y trasladó la responsabilidad a uno de los directivos de su firma, Luis Betnaza, quien había declarado como imputado colaborador y ya está procesado por ocho pagos ilegales. Rocca habló entonces de la supuesta “autonomía” del CEO de la firma y dijo desconocer si se habían pagado coimas a la administración anterior para que intercediera ante Venezuela tras la nacionalización de Sidor, firma de su holding. Finalmente Bonadio procesó a Rocca por los delitos de asociación ilícita, pago de coimas y dádivas y le trabó un embargo de 4000 millones de pesos
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