De la Redacción de Contrapoder –
El titular del juzgado federal nº 1 de Corrientes, Carlos Sóto Dávila, aparece muy comprometido ante el Concejo de la Magistratura, en una causa que le iniciaran varios fiscales federales por entregarles bienes (automóviles de alta gama) a narcotraficantes por medio de procedimientos ilegales, y con documentos falsificados. En esa misma causa ya fue procesado su último secretario penal, Pablo Molina.
Pero ¿quién es y cuántas acusaciones pesan sobre el polémico juez federal Carlos Vicente Soto Dávila?, un amigo del poder real correntino que hace una década y media viene zafando de graves denuncias penales, que a cualquier otro magistrado ya le hubiesen costado el cargo.
Soto Dávila fue propuesto como magistrado por el ex presidente Carlos Saúl Menem. Su pliego fue aprobado por el Senado de la Nación y asumió el cargo el 7 de noviembre de 1996, momento de gran esplendor del menemato, en los albores del segundo mandato.
En estos 21 años al frente de la judicatura acumuló (en igual proporción) mucho poder político-institucional e infinidad de acusaciones por corrupción y abuso de autoridad. Tiene incluso diez procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura de la Nación (que nunca se movieron mucho), en los que se analiza su responsabilidad en procedimientos irregulares y por los cuales hace tiempo se pide su destitución.
Es todavía el hombre más poderoso de la Justicia correntina. Durante siete años fue el único juez federal titular en la Provincia. Pues el juzgado federal de Paso de los Libres está vacante desde 2009 y viene funcionando con sucesivas subrogancias; mientras que el juzgado federal 2 de Corrientes es nuevo, al igual que el juzgado federal de Goya, en el que fue nombrada la actual subrogante de Libres, Cristina Pozzer Penzo, queinal menos por un año más, continuará al frente de ambos juzgados.
Además el magistrado tiene bajo su poder la “Competencia Electoral Federal” en la Provincia de Corrientes. Su juzgado decide la vida institucional de los partidos políticos, autoriza o veta candidaturas políticas, confecciona los padrones electorales, y organiza y controla las elecciones a cargos nacionales en el territorio provincial. Acciones en las que, a lo largo de los años, también recibió duros cuestionamientos. En ese punto hay una duda. ¿Cambiemos quiere poner allí un juez afín que maneje los padrones y la política?. Detrás está la sombra de un funcionario judicial custionado, Gustavo Fresneda, fiel del ex gobernador Ricardo Colombi.
Soto Dávila es “el eterno” y temido hombre fuerte de la Justicia en Corrientes, amigo íntimo del poder real, político, económico y mediático. “Es más negocio arreglar con él que enfrentarlo”, sintetiza un veterano abogado del fuero local que hace décadas litiga en su juzgado. Hace casi 15 años que el titular del juzgado federal n°1 de Corrientes viene recibido graves denuncias penales por procedimientos irregularidades.
En 2003 ya lo habían acusado por situaciones muy similares a la causa en la que hoy está imputado. En aquella oportunidad su Secretario Penal era Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien también fue procesado, y a pesar de esos graves antecedentes (y de seguir procesado), Fresneda es hoy el candidato del gobernador Ricardo Colombi para ocupar el cargo de Juez Federal de Paso de los Libres.
“El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila es investigado en el Consejo de la Magistratura en dos causas por la liberación de detenidos a cambio de dinero, el presunto reintegro de automóviles y lanchas secuestrados por plata a los imputados y por quedarse con parte del pago dejado en depósito por las excarcelaciones de detenidos que pasaron por su juzgado”, publicaba hace 13 años atrás el diario La Nación (http://bit.ly/2eI2u5K)
Esta semana otro de los secretarios penales de Soto Dávila, Pablo Molina, fue procesado, imputado y separado del cargo por los mismos delitos por los cuales acaban de imputar al magistrado, ambos son investigados por fiscales y jueces federales por entregarles bienes (automóviles de alta gama) a narcotraficantes, con procedimientos ilegales y documentos falsificados.
Un caso paradigmático de la compulsión por liberar narcotraficantes, que pareciera padecer el señor juez, es el de Hernán Aquino, hermano del detenido viceintendente de Itatí. El joven fue detenido tres veces por tráfico de drogas y liberado en dos ocasiones por el afamado juez. El primer hecho tuvo lugar en la capital provincial, cuando Aquino, a bordo de un Volkswagen Bora, evadió un control policial, el hecho terminó con su posterior detención por la posesión de cinco kilos de marihuana. El traficante fue apresado y fingió problemas psiquiátricos, aunque los peritos judiciales descubrieron que era una treta. Sin embargo, curiosamente, quince días después el juez lo liberó considerando que se “carecía de elementos para acusarlo por transporte de estupefacientes”.
El segundo hecho se dio en noviembre del mismo año, cuando Aquino fue detenido luego de protagonizar un curioso accidente, el auto que conducía, esta vez un pequeño Honda Fit, sufrió un despiste debido a que se desestabilizó la carga de 335 kilogramos de marihuana que llevaba. El 17 de febrero de 2016 se resolvió su procesamiento por la transgresión a la Ley 23.707, pero dos semanas después, y a pesar de la impactante cantidad de drogas que transportaba, fue nuevamente excarcelado por Soto Dávila. La queja del Ministerio Público no se hizo esperar, pero el joven traficante ya se había ido a su casa a seguir con su derrotero.
Finalmente, el lunes 20 de febrero de este año Aquino fue apresado nuevamente, esta vez con 520 kilos de marihuana, y la intervención de los fiscales finalmente rindió sus frutos y el juez “amigo” fue apartado de la causa. La denuncia de los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini se fundó en la existencia de antecedentes por delitos similares. La responsabilidad sobre las causas del traficante fue transferida al titular del Juzgado Federal Nº 2, Juan Carlos Vallejos. Actualmente la causa está siendo analizada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, el mismo cuerpo que lo acaba imputar y pidió se profundice la investigación.
Soto Dávila llegó a liberar incluso a narcotraficantes de talla internacional como Hugo Arce, jefe de un cartel que opera en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero y es socio del sanguinario grupo narcocriminal “Comando Primeiro Capital de Brasil” que opera en zonas fronterizas con Argentina, Paraguay y Bolivia.
Evidentemente, Soto Dávila es el creador de una matriz operativa corrupta que se repite en otras dependencias de la Justicia Federal en Corrientes, como se probó en el juzgado federal de Paso de los Libres que también tiene ex fiscales, secretarios y administrativos denunciados, imputados, procesados y apartados de sus cargos por vínculos con redes de trata de personas, explotación sexual, narcotráfico y contrabando. Causas complejas que también involucran al gobernador Ricardo Colombi y a toda la cúpula del último gobierno radical libreño.
Carlos Vicente Soto Dávila es la síntesis de todo lo que un juez no debe ser, es íntimo amigo del poder, y enemigo íntimo de la justicia.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir del testimonio de uno de los “arrepentidos”, quien confesó que le pagaba al juez grandes sumas de dinero para ser encubierto. Esa declaración se suma a varias escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Contra el magistrado se investigan al menos una decena de pagos de sobornos a cambio de protección.
Por el hecho de ser juez, Soto Dávila posee fueros, y por ello no quedó detenido la semana pasada junto a sus colaboradores y varios abogados que actúan en el fuero correntino, aunque sí será indagado por su colega, el juez Sergio Torres, quien en función de ello, comunicó la decisión y puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se proceda a su desafuero y luego detenerlo.
Mientras tanto, el Torres evalúa un perfil patrimonial del magistrado, así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Por su parte, la PROCUNAR procesa miles de llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.
Vale destacar que, aunque tal vez sea la que más lo compromete, ésta no es la primera vez que Soto Dávila es imputado por los mismos delitos. El juez apila, al menos, diez causas en la Magistratura. La más “fresca” en la memoria es la que en noviembre pasado lo puso en la mira de la justicia cuando el mismo secretario Penal, Pablo Molina había sido procesado por el titular del juzgado nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, por falsificar firmas y alterar trámites para beneficiar con la devolución de dos vehículos de alta gama a un empresario detenido por lavado de dinero y narcotráfico.
Lo increíble de esta historia es que ya en 2004, y por una causa similar, el juez había sido imputado, junto al actual aspirante a ocupar el juzgado federal de nuestra ciudad, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien por entonces era su secretario Penal y fue procesado en la causa. También fueron procesadas entonces Miriam y Roxana Weschenfeller, ambas empleadas del juzgado.
Esa causa había comenzado cuando un detenido en el destacamento de Leonas, Chaco, de nombre Luis Saez, le hizo llegar a su esposa una nota que decía lo siguiente:“Mariana, decile a Carlos que hable con Miriam, que es la secretaria de Fresneda, por el arreglo de la causa”.
En la nota, Saez le pedía a Mariana, su esposa, que le avisara a su abogado, CarlosVaras, que contactara al secretario Penal del juzgado de Soto Dávila, Gustavo Fresneda, a través de su secretaria, Miriam Weschenfeller.
El papelito terminó en el propio juzgado de Soto Dávila y Fresneda, quienes, increíblemente, en lugar de excusarse, le tomaron declaración al preso y comenzaron a “investigarse a sí mismos”. El juez y su secretario continuaron por su cuenta y jamás le corrieron vista al fiscal de la causa ni iniciaron sumario administrativo alguno.
El fiscal federal Oscar Resoagli, que intervino en la causa, determinó entonces, que antes de esa declaración testimonial el preso había sido aleccionado en el despacho de Fresneda por el propio secretario sobre cómo debía declarar. El mismo detenido lo había declarado cuando, más tarde, y en carácter de arrepentido, le confesó al fiscal que Fresneda y Soto Dávila le habían “compaginado la declaración”. Saez también reveló entonces que, a través de su abogado, el magistrado y su secretario le habían pedido 60.000 pesos para arreglar su causa, aunque terminaron rebajándole a 15.000, pues al preso no le alcanzaba la plata.
Este fue el primer caso que llevó al juez Soto Dávila a ser indagado por la jueza, ad hoc, Norma Pyrayine Nivero de Rinesi, pero allí se negó a declarar y la causa finalmente fue arreglada políticamente por Ricardo Colombi en el Concejo de la Magistratura en el año 2008.
Como elemento sobresaliente de esta historia se debe recordar que tras el escándalo de 2004 Fresneda fue desplazado de la secretaría penal, en la que lo reemplazó el hoy procesado (por una causa idéntica) Pablo Molina, a quien paradógicamente tras su despido lo reemplazó nuevamente el polémico Fresneda, quien hasta hoy, increíblemente, encabeza esa misma secretaría penal de la que antes había sido echado por corrupto.
Fuentes: Contrapoder – Diario Norte de Corrientes
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