Por Mario Wainfeld –
La Corte Suprema (CS) hizo lugar al reclamo de Lucio Orlando Blanco y declaró la inconstitucionalidad de la actualización de sus haberes jubilatorios dispuesta por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS). Ordenó aplicar al efecto el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) por considerar injusto y violatorio de derechos el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que dispuso el Ejecutivo. Además de Blanco se beneficiarán muy pronto más de 11.000 jubilados con pleitos iguales radicados en la Corte. Esos fallos saldrán pronto, son un calco.
El número de reclamos parecidos que recorren anteriores instancias es aproximado, se los suele estimar en bastante más de 100.000. Demorarán mayor tiempo para resolverse.
Es prematuro extrapolar más proyecciones, aunque seguramente surgirán: otros jubilados podrán deducir demandas similares o inspiradas en la jurisprudencia que definió la Corte. Los supremos no innovan, su jurisprudencia confirma constantes sentencias de la Cámara de Seguridad Social. Tal vez, posiblemente, se insinúe en el Foro una tendencia severa contra la política social macrista.
El caso Blanco constituye un revés severo para el Gobierno del presidente Mauricio Macri.
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El devenir de la legislación previsional guarda simetría con las peripecias políticas del oficialismo que viene en baja casi desde el mismo momento en que ganó las elecciones de medio término.
Parece que fue hace un siglo pero transcurrió poco más de un año. Macri, tonificado por la victoria en las urnas, habló en el Centro Cultural Kirchner y anunció un puñado de reformas: ambicioso, regresivo, cuasi fundacional. La jubilatoria era un pilar dentro del combo que comprendía también la laboral.
Arrancó rápido: se está cumpliendo un año clavado de la aprobación en Diputados de la ley de reforma jubilatoria. El gobierno tocaba el cielo con las manos y creía tomarlo por asalto, si se tolera una licencia poético-política.
Leía mal la coyuntura porque menospreciaba el rechazo social a la nueva norma, traducido en las encuestas, en datos costumbristas como las llamadas de oyentes a las radios (anche los oficialistas), en movilizaciones multitudinarias y transversales. Como correlato y remate de ese vuelco de la opinión pública se unió la oposición parlamentaria, en especial las distintas vertientes del peronismo.
La victoria en el recinto embriagó al macrismo que tras reprimir ferozmente acusó de violentos a sus rivales políticos. La foto trucada (la tapa de los diarios oficialistas del día siguiente) engañó a sus propios gestores… un error que manipuladores astutos deben evitar.
Los tecnicismos de la discusión, la televisación sesgada, pasaron al olvido. La gente común comenzó a evaluar cual era el saldo real del cambio de normas, cómo impactaba en su bolsillo. La formidable inflación ahondó la pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones, previsible desde el vamos. Los propios jubilados sintieron en carne propia el carácter confiscatorio de la política jubilatoria de Macri.
La Corte Suprema le propinó otro golpe ayer, votado por 4 contra 1. La mayoría se segmentó en dos posiciones.
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Tres de los jueces que formaron mayoría –Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti– consideraron que el coeficiente dispuesto por el Ejecutivo viola el artículo 14 bis que garantiza “la realización de los bienes sociales”. También que la ANSeS se arrogó potestades del poder Legislativo, en forma indebida. Detecta dos causas de inconstitucionalidad, la primera es la más relevante mirando al futuro porque podría aplicarse a numerosos derechos sociales en casos futuros.
Elena Highton sumó a la mayoría con uno solo de los fundamentos, el más acotado: el organismo administrativo dictó disposiciones de carácter legislativo para las que no se encontraba facultada, circunstancia que “la Constitución Nacional sanciona con la nulidad absoluta e insanable”.
Rosenkrantz, el juez que Macri designó por afinidades ideológicas, votó como quería el Ejecutivo, pero volvió a quedar en soledad, como le sucediera en la sentencia que excluyó a los autores de crímenes de lesa humanidad del “2×1”.
Hace pocos meses que el Supremo favorito de la Casa Rosada llegó a la presidencia del cuerpo desplazando a Ricardo Lorenzetti. En el corto lapso transcurrido se granjeó la antipatía de sus pares, generó desconfianzas internas como no existían desde la Corte menemista. Incluso, por lo que sucedió en 2×1 y en “Blanco” da la impresión de que perdió el ascendiente que tenía sobre Highton.
Los medios dominantes hablan de una suerte de mayoría peronista en la Corte. Exageran y distorsionan. Maqueda y Rosatti llegaron a cargos electivos con la divisa justicialista pero ambos consideran que la Corte es el fin de una carrera política. Lorenzetti a veces alega un pasado peronista (de variada intensidad según el interlocutor de turno) pero es, básicamente, lorenzettista. Prejuzgar que el trío actuará como bloque en el futuro es aventurado: hay divergencias personales entre ellos y podría haberlas doctrinarias en otros debates.
La peor falla de la tipología, amén del futurismo, es enmascarar la identidad política de Rosenkrantz. No es pecado que un presidente de derecha elija un juez afín: en Estados Unidos se reconoce con franqueza dicha práctica. En la Argentina se esconde, con pudor o hipocresía. Rosenkrantz es un cuadro de Cambiemos que, por su ideología y trabajos durante los últimos 20 años podría ser funcionario del Ejecutivo. Aúna buena formación jurídica y años trabajando para grandes corporaciones económicas y la Universidad de San Andrés.
Su matriz de pensamiento es discutible pero no descalificatoria. Merecen un juicio más severo sus continuos paliques y roscas bajo el cono del silencio con los operadores judiciales de Macri, en particular Fabián Rodríguez Simón (alias “Pepín”). Las conversaciones internas y reservadas entre cortesanos que se filtraron en las últimas semanas llegando a oídos del equipazo de Macri configuran un mini escándalo que agrió las relaciones entre cortesanos. Una, ejem, grieta que costará suturar. La Acordada de ayer delimitando funciones de Rosenkrantz es coherente con el nuevo escenario (ver abordaje en nota aparte).
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Los cortesanos entienden que debe ser el Congreso el que dirima un índice de actualización adecuado. Lo expresan en los fundamentos del fallo y lo habían comentado en notas periodísticas o departiendo con legisladores y funcionarios del Ejecutivo. Exhortan ahora en la sentencia al Legislativo. “Exhortar” no es la designación técnica, corre por nuestra cuenta: ahorramos el latinazgo. Usamos esa palabra porque no puede “ordenar”. La Corte carece de facultades para obligar al Parlamento a dictar una ley. La finalidad del planteo es interpelar al Congreso, deslindar responsabilidades y alertar a la opinión pública.
En el ínterin, el Tribunal aplicará el criterio sentado en Blanco a juicios parecidos “hasta tanto el Congreso cumpla con el mandato constitucional del art. 14 bis”. O sea, puesto en criollo, legisle un coeficiente de actualización no confiscatorio. Hasta que eso suceda, no habrá privación de derechos ni espera para los jubilados pero sí (según la CS) un vacío legal que los legisladores deberían reparar.
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A pocas horas de publicados los fundamentos es prematuro desbrozar sutilezas jurídicas que el debate público iluminará según pasen los días.
Desde la óptica de este cronista la decisión es ajustada a derecho, deja algo menos desvalidos a los jubilados y desnuda la lógica arrasadora del ajuste macrista.
Los ocupantes de la Casa Rosada y su representante en la Corte, Rosenkrantz minimizan on y off the record la gravitación de lo sucedido como esos boxeadores que reciben una piña y menean la cabeza para mostrarse enteros. En verdad, los más recientes fallos de la CS (Ley de Lemas en Santa Cruz, 2×1 y Blanco) configuran derrotas del Gobierno que no estaban en el radar para las fiestas de 2017 cuando Macri se daba por reelegido, comiéndose la cena antes de la hora del almuerzo.
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