Por Dario Pignotti –
El Poder (partido) judicial no tolera disidencias. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, revocó a primera hora de la calurosa noche de Brasilia una resolución que autorizaba la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva arrestado desde el 7 de abril en Curitiba para cumplir una condena en la causa Lava Jato. El magistrado hizo lugar al recurso presentado por la Procuraduría General de la República alegando que la excarcelación de Lula y otros presos en su misma condición ponían en riesgo el “orden y la seguridad” nacionales.
Cerca de las diez de la noche el ex militar e inminente mandatario Jair Bolsonaro tuiteó “felicitaciones presidente del Supremo por derribar una cautelar que podría poner en riesgo el bienestar de nuestra sociedad”.
Horas antes, a media tarde de ayer, el juez Marco Aurelio Mello, también del Supremo, había firmado una cautelar disponiendo la excarcelación de los presos con sentencias en segunda instancia. Mello se apoyó en la presunción de inocencia, prevista en la Constitución, por la cual a todo condenado en segunda instancia, les restan otras dos para agotar su defensa. Este principio es perfectamente aplicable tratándose del ex presidente cuya sentencia se sostuvo en las delaciones de arrepentidos y carece de pruebas objetivas capaces de demostrar los delitos que se le imputan.
“Todavía vivimos en un estado democrático, no?” comentó el magistrado Mello cuando un reportero le preguntó por qué había presentado una iniciativa que desató una conmoción política de proporciones. Además, siguió el juez disidente del Supremo, hace meses que se posterga sin motivo el debate sobre el derecho a la libertad de los imputados que todavía tienen recursos a su favor. Una dilatación casuística gracias a la cual se impidió que el exgobernante recupera la libertad durante la campaña electoral cuando tenía el 40 por ciento de intenciones de voto contra el 20 del ultraderechista Jair Bolsonaro. Hasta el observador más cándido sabe que ese tema se cajoneó en la Corte para garantizar que el fundador del Partido de los Trabajadores no compitiera por la presidencia. Una proscripción apenas disimulada.
El otrora juez de primera instancia de Curitiba Sergio Moro, dejó el cargo hace un mes, condenó a Lula por corrupción y lavado de dinero alegando que recibió ilegalmente un departamento modesto frente al mar, en San Pablo, a pesar de que jamás pasó una tarde allí ni tiene título de propiedad. Esa sentencia controvertida fue ratificada por los camaristas del Tribunal Regional Federal 4, de Porto Alegre. Las arbitrariedades en el proceso son tales que el Estado brasileño ya recibió una advertencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual podría convertirse en una condena en los próximos meses debido a violación de las garantías mínimas del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Ayer durante las cerca de cuatro horas que permaneció en vigor la cautelar del juez disidente Melle, hasta su derribo posterior, el hashtag #LulaLibre ascendió al primer lugar mundial entre los tópicos más reproducidos en las redes sociales.
Hubo festejos contenidos en el PT, cuyos legisladores convocaron a una conferencia de prensa a las apuradas. Dicen que un diputado que estaba arreglándose una muela dejó al dentista sin terminar el tratamiento para llegar a tiempo al Palacio Legislativo. Un grupo de congresistas viajó de inmediato a Curitiba donde era necesario reforzar la presencia para garantizar la liberación del preso encerrado en el cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal. Frente al reclusorio comenzaron a concentrarse militantes en la carpa donde se realizan las habituales vigilias. La algarabía se vino abajo cuando llegó la noticia desde Brasilia sobre la anulación de la cautelar. De todos modos allí, a 100 metros de la celda de Lula, volverán a reunirse la semana que viene para dedicarle una feliz Navidad.
En esa ciudad sureña, mayoritariamente blanca, a la cual Bolsonaro se refiere como “La República de Curitiba”, impera el poder de Moro a pesar de que haya renunciado a la Magistratura para asumir como próximo ministro de Justicia.
La jueza Carolina Lebbos, de primera instancia de la 12 Sala Federal curitibana, es una “morista” de paladar negro igual y que la mayoría de los fiscales de esa comarca. El capitán retirado Bolsonaro estaba en una quinta de Brasilia reunido con Moro y otros ministros que asumirán el 1 de enero cuando surgió la noticia de la posible libertad de Lula, posteriormente vetada. Uno de los participantes en ese encuentro filtró a los perioditas que el presidente electo se sorprendió cuando un asistente le llevó la información y de inmediato habló del tema con el próximo responsable de la cartera de Justicia.
No se sabe de que hablaron. Claro que se puede especular que ni al ex capitán ni al ex juez les haría gracia llegar al poder dentro de dos semanas con Lula en libertad.
Fuente: Página/12
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