De la Redacción de Contrapoder –
La Corte Suprema cerró el año con un respaldo a la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, al rechazar por inadmisible un recurso de queja presentado por los abogados del Correo Argentino S.A. Boquín fue la primera en denunciar el acuerdo que había “armado” el Gobierno para condonarle casi el 99% de la deuda a la familia Macri.
El recurso presentado por los abogados de la familia presidencial buscaba desplazar a la fiscal del expediente del concurso preventivo abierto en septiembre de 2001. En esta instancia los jueces argumentaron por unanimidad que la apelación no se presentó contra un fallo definitivo.
Los letrados que representan a los Macri agotaron así todas las instancias para evitar que se implemente una serie de medidas clave solicitadas por Boquín y que apuntan directamente a los Macri. El operativo para intentar separar a Boquín surgió cuando la fiscal solicitó diversas medidas de prueba tendientes a constatar supuestas maniobras de vaciamiento del Correo en favor de las firmas Sideco y Socma, ambas también propiedad de la familia del presidente.
El intento de los Macri ya había fracasado en primera instancia y también en la Cámara de Apelaciones que, con la resolución de las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, reconoció la “legitimación” de la fiscal para requerir medidas. En esa ocasión, las camaristas rechazaron el recurso extraordinario presentado por los abogados del Correo S.A. para llegar a la Corte Suprema, por lo que el único recurso pendiente era el recurso en queja.
La causa, que lleva años sin avanzar, cobró notoriedad a comienzos de 2017, cuando la fiscal descubrió el acuerdo que intentó cerrar el Estado, favoreciendo al Grupo Macri con una condonación del 98,87% de la deuda que mantienen por no haber pagado nunca el canon establecido en el contrato de privatización.
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