De la Redacción de Contrapoder –
En el marco de la causa que por diversos delitos se le instruye al juez federal con competencia electoral, Carlos Vicente Soto Dávila fue insertada la declaración de condenado que había sido procesado y detenido por el cuestionado magistrado. Se trata de Roberto Rodríguez, quien dijo durante el juicio oral y público en el que lo condenaron por liderar una banda integrada por su madre, sus ex parejas y sus socios para lavar dinero del narcotráfico por medio de una agencia de automóviles de alta gama, “Lo que quiero saber es qué pasó con los autos que me incautaron. Quiero saber qué pasó con mis cosas, porque a mí me sacaron todo..
Según el Diario Norte, el ahora sentenciado a 13 años de prisión puso en sospechas el actuar del instructor de la causa, Carlos Vicente Soto Dávila, titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes y deslizó la posibilidad de que supuestamente ordenó haber secuestrado rodados de una concesionaria y que estos posteriormente desaparecieron.
Lo que planteó Rodríguez se condice con los datos de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal respecto a la posible triangulación de bienes incautados que funcionarios judiciales habrían entregado a terceros con órdenes judiciales firmadas por el magistrado sospechado de hechos de corrupción.
La hipótesis es que las operatorias se realizaban con bienes secuestrados en el contexto de causas de narcotráfico y tuvieron como caso testigo la entrega de un automóvil Mercedes Benz hallado en la concesionaria RR Vip -propiedad de Rodríguez- pero se sospecha que podrían existir otros casos.
Es por ello que los fiscales federales de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer y Flavio Adrián Ferrini solicitaron al juez Sergio Torres que considere la conexidad de hechos entre la acusación que pesa sobre Soto Dávila por supuesta organización de un mecanismo para el cobro de coimas y la posible entrega irregular de vehículos incautados.
Luego pidieron al titular del Juzgado Federal 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, que se inhiba de la causa en la que se investigan los presuntos delitos de Falsedad Ideológica, cohecho y estafa procesal que involucran al juez, colaboradores y abogados.
Se trata de la causa 5.262/2016 en la que, según los datos obtenidos por los fiscales, se le atribuye a Carlos Vicente Soto Dávila, Pablo Molina y Zacarías Issolio, la conformación de una estructura criminal organizada y coordinada por estos dos últimos en forma conjunta y alternada con al menos los abogados Duylio Barboza Galeano, Noelia Agnello, Gastón Chapo, Roni Tunik, y los ciudadanos Renzo Meucci y Víctor Fernández sostenida en el tiempo y con habitualidad a través de la cual se habrían sustraído diversos bienes secuestrados en el marco de causas tramitadas en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
Los fiscales aseguran que estas personas luego, convirtieron, transfirieron, administraron, gravaron y pusieron en circulación estos bienes, procurando darle apariencia de ilicitud. Esto fue denunciado en octubre de 2016 cuando los fiscales pidieron que se investigue la confección de supuestos documentos falsos por parte de abogados y funcionarios públicos para facilitar la entrega a un tercero de un vehículo de alta gama que fue secuestrado.
Lo que se le pidió entonces es que Molina, Soto Dávila, Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, sean investigados para determinar realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar ese vehículo -un Mercedes Benz 997 C250- que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez.
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