Por Irina Hauser y Raúl Kollmann –
“Se han recabado pruebas suficientes acerca de la participación del fiscal Carlos Stornelli en las maniobras vinculadas con las operaciones de inteligencia y espionaje ilegales llevadas a cabo por Marcelo Sebastián D’Alessio”, afirma la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que cita a indagatoria al fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos para el 7 de marzo. La cédula que lo convoca a declarar como sospechoso, y que incluye otras 17 medidas en la investigación, sostiene que está probada su participación al menos en tres hechos que en la indagatoria al falso abogado D’Alessio ya fueron señalados como paradigmáticos del funcionamiento de una asociación ilícita: la maniobra de extorsión denunciada por el empresario Pedro Etchebest –que dio origen a la causa—y en la que le pedían 300 mil dólares a cambio de salvarse de quedar vinculado al “Gloriagate”, la planificación de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas (uno de los presos de ese expediente) y el apriete al directivo de Pdvsa, Gonzalo Brusa Dovat para que denunciara que en la sucursal argentina de esa empresa se usaba para lavar y triangular dinero y cuya testimonial ante Stornelli era presenciada y filmada por D’Alessio dentro la propia fiscalía.
Cuando dictó el procesamiento de D’Alessio esta semana el juez describió un asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas, se las hacía entrar en pánico para que finalmente declaran de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”. Lo que señaló es que más allá del hecho puntual de si Stornelli había pedido o no los 300.000 dólares que D’Alessio le exigía al empresario ruralista denunciante, estaba probada la vinculación entre ambos “a través de maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto en las que se constata la participación directa del fiscal, de D´Alessio y de otros actores”. Sostenía que una “vinculación real” entre ambos, que no es circunstancial, y “su posible vinculación en las acciones extorsivas”. En un comienzo señalaba el caso de Etchebest, pero ahora agrega otros.
Las capturas de pantalla entregadas por el empresario de los mensajes que le enviaba D’Alessio para mostrarle su vínculo estrecho con el fiscal (y que se cotejó que son reales) revelaban ya según el juez el cariz de la relación. No sólo por frases como “de lo de Pedro me ocupo yo” (que le decía el falso abogado al fiscal) sino porque se advierte un diálogo fluido incluso previo al 28 de diciembre último, cuando comienza la maniobra contra Etchebest. En los allanamientos fue hallado un cuaderno clave, cuyo original consta en la causa, donde están las anotaciones que se habrían realizado durante el encuentro entre D’Alessio y Stornelli en el balneario CR de Pinamar, de donde se desprende el monto que le pedirían a Etchebest pero también la planificación de otras maniobras, que ahora el juez también tiene en cuenta.
Otra de las cuestiones que señalaba Ramos Padilla y que explican la citación a indagatoria se reflejan en esta frase: “Las distintas investigaciones y espionajes que le reclamaba el Fiscal a D´Alessio, a quien consideraba un servicio de inteligencia de los Estados Unidos y a quien le pedía ‘merca’ (información), le solicitaba ‘investigaciones paralelas’ o ‘extraoficiales’ y hasta operaciones de espionaje para perjudicar a abogados que lo incomodaban. Como ya se ha dicho, D´Alessio no era un simple extorsionador u operador judicial que habría girado a un fiscal descuidado, sino alguien que se presentaba como agente de la DEA y se ponía al servicio del fiscal para realizar tareas de investigación y espionaje”.
Ramos Padilla decidió citar como testigos, además, a algunas de las víctimas ya vinculadas con la imputación a Stornelli y D’Alessio, y a otras. Uno es el abogado Ubeira; otro es el hombre de Pdvsa, Brusa Dovat. Pero también convoca a Rodolfo Saturnino Costa y a su esposa María Cecilia Gianonni. Él es socio de Víctor Palomino Zitta, un empresario exportador de granos, propietario de Ciapo Srl, que también denunció ante Ramos Padilla que terminó convirtiéndose en arrepentido de “la mafia de los contenedores” en el fuero penal económico, donde está procesado, a raíz de la recomendación de D’Alessio y, agregó, su entonces abobado Rodrigo González. Para todos ellos y el resto de las personas identificadas que fueron sometidas a extorsiones, amenazas y presiones dispuso la atención del Programa Verdad y Justicia.
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