Por Martín Granovsky –
Si hay algún juez en el mundo que entiende lo que es ser acosado es Baltasar Garzón. Perseguidor penal de Augusto Pinochet, de los narcos y de los fundamentalistas y de los parapoliciales españoles, en 2012 los magistrados afines se vengaron de su pesquisa en el caso Gurtel, el escándalo de corrupción del Partido Popular que años después terminaría con la gestión de Mariano Rajoy.
–Es un hecho ciertamente insólito y trascendente que un juez federal argentino como Alejo Ramos Padilla haya tomado una decisión histórica y valiente– opinó ante
Página/12 este andaluz de Jaén nacido en 1955–. Es importante que haya aceptado el requerimiento de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión y haya comparecido en una sesión informativa.
–¿No es cuestionable por criterios de imparcialidad?
–No. Lo hizo para poner en conocimiento del órgano legislativo unos hechos relevantes de contenido presuntamente delictivos de los que conoce en función de su responsabilidad como juez federal de Dolores. Estos hechos son de alto voltaje político. Es difícil, desde luego, conciliar todos y cada uno de los intereses en juego. Debe protegerse la presunción de inocencia. Será dilucidada en sede judicial y para nada se ve afectada por las actuaciones parlamentarias. El caso tiene también una incidencia política que trasciende lo meramente judicial.
–Justamente.
–Entonces, es ahí donde hay que situar la actuación ante la Comisión de Libertad de Expresión del juez Ramos Padilla: como ciudadano argentino, tiene la obligación de comparecer ante el requerimiento del Poder Legislativo. Los elementos tienen alto voltaje por las personas afectadas, es verdad. Pero lo tienen, en particular, porque indican la existencia de conductas presuntamente delictivas.
–¿Cuáles serían los elementos más importantes que usted toma de los hechos?
–Hablo por lo que vi y leí. El juez informó sobre hechos que develaron toda una trama de corrupción, extorsión, manipulación de causas judiciales, ataque a la labor periodística, espionaje y actuaciones de servicios de inteligencia extranjeros, organizada y con aparente protección al más alto nivel oficial del gobierno presidido por Mauricio Macri, a quien veo cada vez más cuestionado. Podrían haber participado colaboradores suyos. Como suele ocurrir en estos casos, desde un poder político inquietado por los novedades, y con el apoyo mediático de siempre, han decidido matar al mensajero en vez de ordenar una investigación amplia, profunda e inmediata que ponga negro sobre blanco las conductas irregulares denunciadas por el juez.
–¿El mensajero es el juez?
–Sí.
–¿Qué opinión tiene de él?
–Tengo el más alto concepto sobre su profesionalidad y ética como servidor público. Y hay que ponerse en sus zapatos. Se ha visto obligado a decidir entre el deber ciudadano de colaborar en el esclarecimiento de la verdad al ser llamado por el Congreso, y su propia seguridad.
–¿Por qué habla de su seguridad?
–Porque veo que su seguridad está doblemente amenazada. Por un lado sé de la capciosa denuncia formulada ante el Consejo de la Magistratura para separarlo del cargo. Y por otro lado puede haber eventuales efectos en su contra por la propia investigación judicial. Por supuesto que, como el mismo juez expuso al inicio de su comparecencia, el hecho debe percibirse como un movimiento para proteger la propia investigación. Pero no es todo. Es importante resguardar la transparencia y el deber de información que los jueces deben tener para evitar distorsiones, manipulaciones interesadas o parciales perspectivas dirigidas a generar una intoxicación de la opinión publica que propicie juicios paralelos. Apunté algunos conceptos suyos, porque me parecen importantes. Dijo: “Los jueces tenemos la obligación de poner en conocimiento de la ciudadanía el contenido de una investigación de estas características, ya que fundamentalmente ellos, en este caso a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, tienen derecho a estar informados, a participar y fundamentalmente a conocer los actos que lleva adelante el poder judicial”. ¿Quién podría oponerse?
–Un acusado que vea vulnerados sus derechos. Un fiscal citado a indagatoria.
–Doy por hecho que este jurista habrá tomado las medidas para que su imparcialidad no se vea afectada y así proteger los derechos de las personas implicadas.
–¿Tienen derecho a recusarlo?
–Cualquier persona tiene derecho a recusar al juez si considera que ha perdido la imparcialidad. También apunté como importante otro pasaje de su exposición ante los diputados: “Tengo que aclarar que soy el juez de la causa y debo tomar todos los recaudos para preservar la integridad y los datos reservados de las víctimas, y no voy a hacer conclusiones sino que voy a exponer la información recogida hasta el momento”. Es decir, con este criterio, por graves que resultaron los datos informados seguidamente, no quedaría afectada la imparcialidad del juez que, con su decisión de comparecer, ha hecho posibles y compatibles el deber de investigar, el de informar verazmente y el de preservar los datos sensibles, a la vez que denunciar las graves omisiones y obstáculos que se están produciendo en la investigación. Pero el que sin dudas carece de toda legitimidad para impulsar un jury ante el Consejo de la Magistratura es el Ejecutivo.
–¿Por qué?
–Con el movimiento que pretende realizar a través de su representante en el Consejo de la Magistratura está evidenciando el interés directo en acabar con un juez independiente e incómodo. El Gobierno, si quiere cuestionar el testimonio del doctor Ramos Padilla, debería hacerlo ante la misma comisión en la que aquel compareció, que por lo demás es la de Libertad de Expresión, derecho fundamental del que también son titulares los miembros de la judicatura. No deja de ser paradójico que en un país como la Argentina, en donde las causas judiciales se ventilan en la prensa, en muchas ocasiones sin mucha objetividad, se cuestione ahora una presentación en directo, sin intermediarios, ante todo el país y desde el Congreso, órgano máximo de representación popular. Y es muy sospechoso que se pretenda silenciar desde los sectores oficialistas a quien denuncia y que, con su actuación, pretende no solo cumplir con un deber ciudadano sino proteger su propia independencia frente a quienes quieran eliminar la posibilidad de la investigación.
–¿Qué debería hacer el Consejo de la Magistratura?
–Si el Consejo de la Magistratura de la Argentina no quiere perder el crédito que le queda ni sufrir el final que sufrió su homónimo peruano, es decir su desaparición, bien haría en preservar la independencia del juez y rechazar de plano la pretendida mediación e impulso del Ejecutivo en un caso que lo salpica por todos lados. Yo haría un pedido: más luz y taquígrafos para este caso, al igual que se ha exigido para otros. Y protección del juez federal Ramos Padilla. Debe llegar al fondo de un asunto en el que van apareciendo una serie de tramas claramente mafiosas que quieren acabar con determinados líderes políticos, entidades, periodistas incómodos, funcionarios a quienes se quiere silenciar y que revelan la parte mas oscura de las cloacas en casos paradigmáticos por su gravedad y trascendencia internacional y que ponen en cuestión la propia integridad de la soberanía argentina.
–Cloacas es una definición fuerte.
–No. Grafica bien la promiscuidad. Explica a qué se parece el uso artero del Poder Judicial como arma política. Eso tiene que concluir. Una democracia no puede llamarse tal si se utiliza al Poder Judicial como instrumento de acoso y derribo a oponentes políticos y jueces incómodos. Proteger al juez en su investigación es el único camino, y que las comisiones en marcha determinen, dentro de sus respectivas competencias, las responsabilidades a que haya lugar en los campos ajenos al de la Justicia.
Fuente: Página/12
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