Por Sebastián Premici –
La jueza Karina Estefanía de la ciudad de Esquel absolvió a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, por el delito de usurpación y abigeato impulsado por Benetton y la provincia de Chubut. Esta había sido la causa madre utilizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la comunidad de terroristas de la RAM, argumento rechazado por la magistrada. “Ellos siempre dijeron que no pertenecían a la RAM y no tengo motivos para no creerles”, sostuvo Estefanía, quien también ordenó la conformación de una mesa de diálogo para que sea el Estado provincial –junto a todas las partes involucradas- quien resuelva la cuestión territorial para esta comunidad originaria. A su vez, ordenó al Consejo de la Magistratura local que inicie una investigación por mal desempeño contra el fiscal Oscar Oro, el primer impulsor de la denuncia contra la Pu Lof.
Al finalizar la audiencia, con los puños en alto, y luego de un desahogo generalizado al grito de “¡ia iaiaiaia ia!” se escuchó “¡Santiago Maldonado, presente!”, “¡Rafael Nahuel, presente!”.
-¿Cómo están ahora?-, le consultó este diario a Martiniano Jones Huala, tío del lonko Facundo Jones Huala, preso en Chile y ahora absuelto en la Argentina.
-Bien, ahora, bien. Pero hay cosas que quedan, que están marcadas acá, en el pecho. Las muertes de Santiago y Rafael no pueden ser olvidadas-, respondió antes de salir del juzgado para encontrarse con sus peñis y lamiens.
La jueza Estefanía leyó la sentencia durante cuatro horas. De los imputados sólo estuvieron Fernando Jones Huala, Sergio Ruiz Huenchupan y Andrea Millañanco. Al momento de decretar la absolución de todos los imputados por el delito de usurpación (sí les endilgó a los integrantes de la comunidad una apropiación parcial del campo, sin permanencia constante, aunque sin ningún tipo de tipificación penal), la jueza enumeró algunas de las irregularidades que se cometieron durante la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, que le sirvieron a la magistrada para decretar la absolución.
“El día que se detuvo a los integrantes de la comunidad (27 de mayo de 2016) no se les secuestró teléfonos ni vestimenta para compararlas con las fotos del día de ingreso al campo, se imputaron personas a las que luego no se le realizó acusación formal, las autoridades policías y el MPF primero hablaron de violencia y luego sostuvieron que desde la comunidad había disponibilidad al diálogo; no se pudo probar si hubo robo de ganado, no se ofrecieron pruebas para entender cómo pudo haberse cometido ese delito. Y a modo de reflexión digo lo siguiente: advierto sobre posibles violaciones a pactos internacionales (por cómo se llevó adelante el conflicto), sostuvo la jueza.
La defensa había trabajado sobre la hipótesis de la criminalización de la protesta pero la magistrada rechazó ese planteo. Aun así, sostuvo que debería ser el Estado quien resuelva la cuestión territorial para las comunidades originarias. Por eso ordenó la conformación de una mesa de diálogo –como la que se había armado en octubre de 2016, clausurada intempestivamente por el gobernador Mario Das Neves-, donde se sienten todas las partes. Estableció un primer plazo de 90 días para los primeros informes sobre esa negociación.
Durante las audiencias del juicio, fueron varios los testigos de la policía de Chubut quienes confesaron que recibían presiones directamente de “La Compañía” para avanzar contra la comunidad. El comisario de El Maitén, Víctor Osvaldo Veloso, declaró que “se había sentido presionado por La Compañía para hacer cosas ilegales”. Cuando le repreguntaron “de qué cosas hablaba”, el agente insinuó los pedidos de la empresa para detener a Jones Huala “bajo distintos métodos”.
En momentos de la recuperación territorial ocurrida en marzo de 2015, el titular de la Sociedad Rural de Esquel era Hernán Alonso, hoy ministro de la producción de Mariano Arcioni. Alonso aparece mencionado en una causa por espionaje contra la Pu Lof –donde están procesados dos comisarios, un ex agente de la SIDE y todavía debe definirse la situación procesal de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini- como la persona que presionaba tanto a fiscales como a la policía local para avanzar contra la comunidad. Fue el abogado de Bottini, Julián Ariel Schettini, quien vinculó directamente a Alonso con las presiones que se ejercían en aquella época para avanzar en la acusación contra los integrantes de la Pu Lof.
Esta causa por usurpación no era un proceso judicial cualquiera. Fue utilizado por Bullrich para construir su informe sobre la RAM presentado en diciembre de 2017 junto a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Jorge Weretilnek). La ministra venía trabajando en esta línea de persecución -afín a la embajada de los Estados Unidos según un informe de 2005, que colocaba al indigenismo como las “nuevas amenazas”- desde febrero de 2016, cuando visitó por primera vez la ciudad de Bariloche junto a Pablo Noceti, por entonces jefe de Gabinete de su cartera y hoy secretario coordinador con los Poderes Constituciones. En esas primeras reuniones de febrero, los empresarios rurales patagónicos les habían solicitado a la funcionaria expresamente la represión a los mapuches. Y ella actuó en consecuencia.
De las 96 causas vinculadas a la RAM difundidas por Bullrich, 84 eran NN. Es decir que no tenían autores identificados. Del conjunto de denuncias, 18 estaban relacionadas directamente a la Pu Lof en Resistencia Cushamen, que es el territorio donde desapareció y murió Santiago Maldonado. Una causa madre y 17 conexas para articular toda la persecución hacia Facundo Jones Huala y vincular a esa comunidad mapuche con la RAM.
En su sentencia, la jueza Estefanía sostuvo que no había elementos para hablar de la RAM, que los integrantes de la Pu Lof siempre rechazaron ser de esa organización y que incluso se habían armado más de 50 legajos de investigación paralelos para acusarlos. Por eso solicitó que también sea investigado el fiscal Oscar Oro.
Por último, la magistrada reconoció el genocidio que implicó la Campaña del Desierto y el derecho que tienen los pueblos originarios a reclamar sus territorios ancestrales.
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