De la Redacción de Contrapoder –
El ex ministro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni fue aceptado para intervenir como colaborador en la causa sobre la venta de la imprenta Ciccone, por la que se encuentra detenido el ex vicepresidente Amado Boudou. En su primera intervención, Zaffaroni solicitó en un escrito la anulación de la sentencia que lo condenó y por la cual está detenido preventivamente en el penal de Ezeiza.
La decisión de aceptar a Zaffaroni como “amicus curiae”, la tomó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). Para fundamentar su pedido, el jurista expuso que es especialista en derecho penal, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor honoris causa múltiple. Según constancias de la causa, Zaffaroni había solicitado colaborar para el “resguardo de garantías constitucionales”.
Zaffaroni expuso que conoce a Boudou, pero aclaró que esa relación no compromete su opinión ni recibió ningún incentivo económico para que efectuara su pedido ante la CFCP, en la que mencionó la “arbitrariedad” de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4). La Sala IV de la CFCP evaluó que la Corte “ha reconocido la actuación de los amicus curiae” como “un instrumento provechoso destinado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en las causas en trámite, en las que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público”.
Tras analizar los elementos aportados por el ex ministro de la Corte, los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky coincidieron en que Zaffaroni reúne las condiciones para constituirse en “amicus curiae” dado que presentó “consideraciones jurídico-penales de relevancia para la resolución del caso, en especial para el resguardo de garantías constitucionales e internacionales propias del Estado Constitucional de derecho”.
En agosto de 2018, el TOF 4 condenó a Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. En ese juicio también fueron condenados José María Nuñez Carmona (cinco años y seis meses de cárcel), Nicolás Ciccone (cuatro años de prisión, domiciliaria, debido a su edad). Rafael Resnik Brenner fue condenado a tres años de prisión y Guido Forcieri y Alejandro Vanderbroele a dos años cada uno, en todos estos casos de cumplimiento en suspenso.
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