Por Irina Hauser –
Miguel Angel Pichetto ocupa un lugar en el Consejo de la Magistratura en representación de la oposición política de la que se acaba de retirar. Sin embargo, anunció que no piensa dejar esa banca en un organismo de gran injerencia en el Poder Judicial. Tal vez el Bloque Justicialista, que lo había designado, objete esa continuidad, pero el candidato a vice de Mauricio Macri ya anunció que propiciará que la discusión se judicialice y así lograr que el asunto no se resuelva hasta el final de su mandato. La ley de creación del Consejo dice claramente que “los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad o legisladores, cesarán en sus cargos si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados”. En este caso si se pasa de opositor a oficialista.
No sería la primera tropelía del partido gobernante en ese ámbito, donde ya se apropió de un lugar que pertenecía al Frente para la Victoria e hizo echar a un senador de ese mismo partido cuando no le alcanzaban los votos para iniciar el juicio político al ex camarista Eduardo Freiler. Uno de los principales casos de interés del Presidente que tiene el Consejo es la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla, por la causa de espionaje ilegal que tramita en Dolores. Lo denunció el Ministerio de Justicia, que quiere frenar esa causa que salpica a funcionarios.
La lógica sería que a Pichetto lo reemplace su suplente, pero no es lo que tiene pensado el senador. Su intención de permanencia se inscribe en una conducta que ha mantenido el Gobierno respecto del ámbito judicial, para la cual el Consejo de la Magistratura ha sido utilizado como epicentro de las amenazas a jueces que, en algunos casos, llegaron a la destitución, en otros tuvieron como efecto renuncias, desplazamientos o control sobre las decisiones. Para lograr estos objetivos, buscó acaparar votos en el organismo, donde tiene mayoría pero para conseguir los dos tercios necesarios para elegir jueces o iniciar procesos de enjuiciamiento debe negociar.
El primer escándalo, apenas asumió Macri la presidencia, fue que Cambiemos se adjudicó la banca que ocupaba la ex diputada Anabel Fernández Sagasti por el Frente para la Victoria en ese entonces. Ella terminó su mandato en el Congreso, pero le quedaba tiempo como consejera. Debía asumir su suplente. De todos modos, el diputado de PRO Pablo Tonelli, con aval de su bloque, se consideró habilitado para ocupar ese lugar. La pelea se trasladó a tribunales, donde Tonelli consiguió resoluciones favorables.
Freiler fue uno de los jueces cuyo juicio político fue promovido gracias a fallos judiciales que determinaron la expulsión del senador kirchnerista Ruperto Godoy, por no tener título de abogado. La denuncia la había promovido el ex consejero ligado al Gobierno Alejandro Fargosi, que consiguió que el juez Enrique Lavié Pico declarara inconstitucional un artículo de la ley 26.855 que había quitado la obligatoriedad de ser abogado para integrar el Consejo. Luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo respaldó. La presencia de Godoy impedía al oficialismo obtener dos tercios para promover la acusación contra Freiler, a quien el Poder Ejecutivo tenía entre ceja y ceja por viejas decisiones, como la imputación a Mauricio Macri por escuchas polémicas cuando era jefe de gobierno porteño y el archivo de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum. Además Freiler había impulsado la indagatoria de los dueños de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura, que era como disparar contra pilares los poderes político, mediático y judicial.
En una jugada sincronizada, la Corte Suprema en tiempos de la presidencia de Ricardo Lorenzetti, demoró unas horas la jura del reemplazante de Godoy y así permitió así que se conformara una mayoría de dos tercios para promover el juicio político de Freiler. Si hubieran estado los 13 consejeros, hacían falta 9 votos. Pero habiendo 12, bastaba con 8 votos. Similar presión se lanzó después contra sus compañeros de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, después que dejaron en libertad a Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. El Consejo les abrió expedientes. Ballestero renunció. Farah se mudó a un tribunal de San Martín. También hubo una ofensiva contra Daniel Rafecas, que terminó en una sanción. Y contra otros jueces, que quedan latentes, como Ariel Lijo, Rodolfo Canicoba Corral y Sebastián Casanello. Otras estrategias de colonización judicial aplicadas apuntaron a la conformación de los tribunales orales federales, con la conversión de tribunales ordinarios cuyo traslado aprobaba el Consejo con mayoría simple.
Aunque ahora el caso clave que tiene el Consejo es la denuncia contra Ramos Padilla, a quien el Gobierno acusó por exponer ante el Congreo los ejes de la causa sobre espionaje y otra denuncia que se unificó le apunta por las escuchas tomadas a ex funcionarios en el penal de Ezeiza. El magistrado fue citado para hacer un descargo, que es un modo de intentar comenzar a presionarlo. Hasta el momento, aún con Pichetto en el cargo, no tienen los dos tercios garantizados para el juicio político que pretenden impulsar contra el magistrado de Dolores.
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