Por Irina Hauser –
La defensa del juez Alejo Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura, que ejerce su padre, el juez Juan Ramos Padilla, pidió el apartamiento de los consejeros Miguel Angel Pichetto y Juan Mahiques del expediente donde fue denunciado por el Poder Ejecutivo por su actuación en la causa sobre espionaje ilegal. El propio Mahiques, como funcionario del Ministerio de Justicia y representante del Gobierno en el Consejo, fue quien hizo la primera presentación contra el juez federal por haber ido al Congreso a explicar las características centrales de su investigación, considerada de interés público. Luego se acumuló un expediente basado en la escuchas a ex funcionarios detenidos en Ezeiza de las que el oficialismo y el fiscal rebelde Carlos Stornelli deducen un supuesto complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos, pese a que los hechos que se describen en llamado “D’Alessiogate” exceden ese asunto y muestran operaciones de todo tipo. “Es evidente que a partir de la obtención de las primeras pruebas que daban cuenta de la gravedad institucional que podía alcanzar la investigación de Dolores, comenzó una persecución que encabezó el propio presidente de la Nación contra el magistrado de la causa. Para ello se recurrió a un mecanismo prácticas contrarias al Estado de Derecho, la división de poderes, y otros ámbitos de protección institucional”, dice la recusación presentada por los Ramos Padilla.
En relación a Mahiques la recusación dice que no puede ser juez y parte. Su denuncia fue presentada en nombre del PEN y después que Mauricio Macri mostrara un interés preciso en la destitución del juez. “(Ramos Padilla) ya ha hecho varias, así que espero que el Consejo con todas las pruebas que hay evalúe seriamente destituirlo”, dijo el presidente, recuerda la presentación de Ramos Padilla. Es probable que en ese entonces el Presidente se refiriera a decisiones anteriores de Ramos Padilla, como la declaración de inconstitucionalidad de las designaciones de los dos jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en un comienzo nombrados por decreto. “Sería contrario a elementales normas del derecho que intervenga en las decisiones de este proceso el propio denunciante o quien lo representa en el Consejo”, agrega.
“Resulta claro que si es el presidente Macri quien impulsa la remoción de mi asistido, su compañero de fórmula, el senador Pichetto –que antes representaba a la oposición y ahora al oficialismo– no puede intervenir en el proceso en el que se busca sancionar a un juez que investiga una causa que incomoda al PEN y sus aliados; ya que está claro que no puede –y mucho menos lo hará en campaña electoral– ir en contra de los intereses y decisiones de quien encabeza la fórmula del oficialismo que representa”, señala el texto. “Es evidente que con el traspaso del señor Pichetto (al oficialismo) se quebró el equilibrio que proclama el artículo 114 de la Constitución, lo que torna inconstitucional su intervención y se afecta el debido proceso legal, la independencia judicial y numerosas garantías constitucionales”, agrega, y recuerda que la Ley del Consejo dice que lo consejeros duran cuatro años en sus cargos pero “si se alterasen las calidades en función de las cuales fueron seleccionados” deben ser reemplazados por sus suplentes, en este caso es el senador Mario Pais.
Los antecedentes en el Consejo muestran que las recusaciones, que debe analizar la Comisión de Disciplina y Acusación en este caso, son habitualmente rechazadas y eso se debe a que no está previsto ningún mecanismo de reemplazo de los consejeros que pudieran ser apartados. Entonces ante ese vacío, el cuerpo no suele darles curso. Tampoco está claro que el oficialismo tenga asegurada una mayoría especial que se requeriría para promover la suspensión y el juicio político de Ramos Padilla. Sólo tiene una mayoría simple. Por ahora el expediente sigue en comisión y con un pedido de descargo al juez de Dolores, que no es equivalente a indagatoria sino algo más suave. La comisión está presidida por Pichetto. La recusación plantea que es ostensible que parte de la denuncia está armada con “escuchas filtradas” por la AFI “también dependiente del PEN o lo que sería aún más grave, por jueces, fiscales o legisladores vinculados a la investigación”.
En la medida en que el oficialismo ve que no es seguro que prospere su ofensiva contra el juez, apuesta a sostener el clima persecutorio y de cuestionamiento. A esa estrategia sumó otra que tampoco parece llevarlo al puerto esperado: reflotó una denuncia de Elisa Carrió contra Alejandro Slokar, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación que interviene en la causa de Dolores y que hasta ahora respaldó a Ramos Padilla al rechazar la recusación de Stornelli y confirmar las prisiones preventivas de los ex comisarios Bogoliuk y Degastaldi. Slokar fue denunciado por la supuesta demora en una audiencia ante un planteo del ex secretario de Obras Públicas José López, en la causa por enriquecimiento ilícito (por la que fue condenado a seis años de prisión). Ayer la citación a Slokar estaba en el temario pero se postergó por segunda vez por el faltazo de Pichetto, pero también porque apareció un dictamen de Juan Pablo Más Vélez para proponer la desestimación que cosecharía más adhesiones que el acusatorio.
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