Por Raúl Kollmann –
El fiscal en estado de rebeldía, Carlos Stornelli, acompañó ayer al juez Claudio Bonadio en el pedido de elevación a juicio de la causa de las fotocopias de los cuadernos. En el texto de más de 600 páginas, Stornelli imputa a 47 funcionarios y empresarios de ser parte de una asociación ilícita cuya jefa fue Cristina Fernández de Kirchner. Los 40 casos en los que acusa a la ex mandataria son todos iguales: que un funcionario, en especial Roberto Baratta, le entregó dinero al fallecido secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, casi siempre en el domicilio de la calle Uruguay, en el que ni Néstor Kirchner ni Cristina estuvieron entre 2003 y 2015. El fiscal no pudo incluir ni un caso en el que CFK estuviera presente en un pago ni existe en el expediente ningún arrepentido que haya declarado algo parecido. Dentro de diez días completará la acusación la Unidad de Información Financiera (UIF), luego vendrán las defensas y tal vez en agosto o septiembre se podría completar la elevación a juicio. La lógica indica que el juicio podría empezar en 2020 o incluso en 2021.
En el texto presentado, Stornelli pasa por encima de la grotesca maniobra realizada al principio del expediente cuando el fiscal y el juez se quedaron irregularmente con la causa. En muy pocas páginas, señala, como al pasar, que consideraron el caso conexo con la compra de Gas Natural Licuado pero que luego armaron otro expediente, sin mandarlo a sorteo.
Como se recordará, la clave del caso de las fotocopias es el chofer Oscar Centeno y los ocho cuadernos que él mismo dice que escribió, aunque casi todos los imputados ponen en duda. Las defensas sostienen que Centeno venía redactando como un chofer de remise que da cuenta de sus viajes, diciendo que salió a tal hora de tal lugar y que fue a otro lugar. Una redacción acorde con lo necesario para cobrar los viajes. En cambio, a partir de un punto –alrededor de 2008–, el chofer pasó a escribir algo muy distinto: empezó a hablar de bolsos y especulaciones sobre billetes que en ningún caso vio. Como se trata de fotocopias, será difícil peritar el momento en que se escribió cada cosa, pero la cuestión quedará para un futuro juicio.
El centro de la acusación es “conformar una asociación ilícita destinada a enriquecerse o a cometer otros delitos”. O sea que la principal imputación es que existió un sistema de recaudación en el que CFK ocupó el lugar principal y fue organizado por Julio De Vido y Roberto Baratta. El problema respecto de esos tres protagonistas es que a ninguno se le encontró ni dinero ni cuentas en el exterior ni sociedades en paraísos fiscales ni bóvedas ni bienes no declarados.
Lo que sí existe como prueba es que hay 19 arrepentidos que dijeron haber entregado o recibido dinero, aunque en cantidades infinitamente menores a las señaladas en las anotaciones del chofer. En la mayor parte de los casos, los que pagaron hablaron de aportes a campañas electorales, pero algunos de ellos –principalmente Carlos Wagner, Claudio Uberti, Ernesto Clarens, José López– hablaron de un esquema de coimas que siempre terminó en entregas de dinero a Daniel Muñoz. Al secretario sí se le encontraron cuentas en el exterior, sociedades y propiedades millonarias ocultas en Estados Unidos.
Como el centro de la causa es Centeno, también el centro de la imputación es Baratta, a quien se lo acusa de haber retirado dinero en 125 ocasiones. El ex número 2 del Ministerio de Planificación niega haber cobrado dinero de forma irregular y en algunos casos –como por ejemplo respecto de la empresa Techint– sostiene que los ejecutivos dijeron que pagaron coimas pero se quedaron con la plata y luego la blanquearon en 2016. La condena a José López en la causa por los bolsos dejados en el convento de General Rodríguez indica que hubo funcionarios que se quedaron con dinero. Está probado en el caso de López y seguramente también en el caso de Muñoz.
El proceso de elevación a juicio arrancó con el cierre de la instrucción por parte del juez, quien dió vista a las partes acusadoras. Falta el dictamen de la UIF que pidió una prórroga y entregará su escrito en seis días hábiles. Ya en julio podrán pronunciarse las defensas, es decir que habrá 47 textos de abogados defensores, casi todos oponiéndose a la elevación a juicio y realizando planteos de distinta naturaleza: nulidades, excepciones, incompetencias.
Una parte de las defensas se abstendrá de hacer objeciones porque evalúan que el magistrado las rechazará in limine. Prefieren realizar los planteos una vez que se sortee un tribunal oral. Los cálculos indican que en septiembre Bonadío elevará la causa a juicio y recién se hará el sorteo.
Respecto del juicio en sí mismo, la mayoría de los que conocen los manejos de Comodoro Py sostienen que algún tribunal oral tendrá en cuenta los tiempos electorales y se va a apurar, pero que la mayoría no tiene chances de arrancar en 2019. Hay quien ni siquiera habla de 2020, sino de 2021.
No faltan los que especulan con que ni siquiera al oficialismo le conviene el juicio de las fotocopias. Es muy probable que las audiencias arranquen con una catarata de arrepentidos que dirán que están arrepentidos de haberse arrepentido y que fueron presionados, extorsionados o coaccionados con distintas maniobras. El rumor es que incluso existen declaraciones ante escribanos sobre los aprietes.
Como se sabe, no se hizo la filmación o grabación prevista en la llamada Ley del Arrepentido por lo cual el margen para las denuncias sobre manipulaciones será enorme. “Les conviene dejar las cosas más o menos así. Con la acusación cerrada y sin empezar el juicio. El juicio puede ser un escándalo”, pronostican en Comodoro Py.
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