Por Sofía Caram –
A las 9.48 se reanudó el debate por el manejo de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py. Ya sin la presencia de los imputados, en la sexta audiencia las defensas comenzaron con los planteos de nulidad y pedidos de suspensión del proceso. Es porque, finalmente, terminó la extensa lectura del requerimiento de elevación a juicio, lo que ocupó las cinco jornadas anteriores.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso escucharon en primer término al defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien pidió la inmediata suspensión del juicio. Según argumentó, el proceso requiere de “un correcto servicio de administración de Justicia que hasta aquí ha brillado por su ausencia” y advirtió que el debate es “un trámite procesal tan alejado de verdad y de los principios de un Estado de Derecho”, que impide que el juicio pueda seguir adelante. En base a cinco planteos centrales, Beraldi afirmó que es necesario “que el proceso retome el camino de la legalidad”.
“Aquí aplicamos la ley. No criterios políticos. Para cuestiones políticas está la ciudadanía, que por suerte dentro de poco va a votar”, disparó. Y dijo que se imputa a la expresidenta por designar funcionarios y partidas presupuestarias. “Es insólito”, afirmó.
En primer término, Beraldi señaló que la ley argentina establece que una persona no puede ser sometida a juicio dos veces por el mismo delito y que a CFK “se le está vulnerando de una manera grosera y torpe la garantía de no ser perseguida penalmente más de una vez por los mismos hechos”. Para Beraldi, “el de Cristina Kirchner es un caso inédito y se la persigue de manera reiterada hasta límites absurdos”.
El letrado explicó que “la imputación de asociación ilícita se ha multiplicado en varios procesos”. La misma figura se le aplicó, entre otras, en las causas Los Sauces, Fotocopias de los Cuadernos, GNL y Corredores viales. El abogado leyó todos los párrafos de las imputaciones de las distintas causas: ocho en total. Todos dicen exactamente lo mismo, casi con las mismas palabras: “Formar parte de una asociación ilícita con la finalidad de apoderarse de fondos públicos”. Y concluyó que “no puede avanzar este juicio cuando hay otros procesos en los que se investiga la misma conducta. ¿Cómo va a quedar la asociación ilícita? ¿En qué lugar se va a juzgar?”, se preguntó. “No puede seguir el juicio hasta que no cese el trámite en los otros procesos”, agregó.
Otro de los argumentos centrales planteados por el defensor de CFK es que los jueces decidieron comenzar con el juicio sin que esté producida la prueba ordenada por el Tribunal. Se trata del análisis de tan solo 5 de las 51 obras cuestionadas. Incluso, la pericia está actualmente paralizada, ya que el propio Beraldi apeló la denegatoria de la recusación del perito tuitero anti k, Eloy Pablo Bona, por imparcialidad manifiesta. Respecto de la producción de prueba, para el abogado de la senadora se vulneraron todas las normas procesales durante la instrucción del juez Julián Ercolini. “No se terminó la prueba y el juicio empezó igual. La ley es clara en este sentido. No se puede elevar a juicio si no se termina la instrucción. Es una prueba sensible y no está terminada. No es una prueba menor, es una cuestión trascendente. Me denegaron una gran cantidad de medidas de prueba. Esto me generó un perjuicio (a mí y a mi defendida), por eso hice el planteo que está siendo analizado por la Corte. La Corte aún no se definió y empezamos el juicio igual”, se quejó.
Otro de los puntos tiene que ver esencialmente con la imputación. Cristina Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, pero según afirmó Beraldi “no hay ninguna participación demostrada de la ex presidenta de la Nación en las supuestas irregularidades en el otorgamiento de la Obra Pública”. Entonces, “los fiscales en la imputación dicen que CFK sería responsable por haber designado funcionarios de su confianza y por destinar fondos para obras. Este es el planteo. Es insólito. Si la responsabilidad es por designar funcionarios y determinar actos de Gobierno -que son de su propia competencia- estamos ante un problema grosero”, afirmó. Irónico, aunque con el tono solemne y técnico que lo caracteriza, Beraldi se preguntó: “¿Qué es lo que vamos a discutir en este juicio? ¿Si lo nombró bien a De Vido o no lo nombró bien a De Vido? Una designación de un funcionario no puede constituir un delito. Ustedes, señores jueces fueron designados por una terna durante Cristina Kirchner”, les recordó. “Si tuviéramos que enjuiciar estos actos estaríamos frente a un despropósito”.
Por otra parte, el defensor recordó que las leyes del presupuesto no las dicta el Presidente sino el Congreso. Y analizó que si eso constituiría un delito, hasta los legisladores de la oposición deberían estar en el banquillo de los acusados. “Hay una abrumadora mayoría de legisladores que votaron estas leyes de Presupuesto, y no solo del oficialismo de entonces. Levantaron la mano Cristian Ritondo, Oscar Aguad, Federico Pinedo, Gerardo Morales y sigue la lista”. En línea con lo que viene planteando en las diferentes instancias, Beraldi reiteró que se está ante un proceso con tinte político. “Pido que se discuta y analice las licitaciones de las obras en Santa Cruz. No los actos de Gobierno”, exclamó.
Además, Beraldi planteó que hay una violación a la garantía del derecho de defensa en juicio contra CFK. Es porque hay otra causa que se abrió por los mismos hechos y que tiene el mismo tribunal, en el que están imputadas unas diez personas. Son todos ex funcionarios de Vialidad y el empresario Martín Báez. Esas personas, que según la instrucción habían sido claves en la organización, no están incluidas en este juicio. “No se puede avanzar así. Que se haga un solo juicio con todos los acusados. Que termine la instrucción suplementaria y se resuelvan los planteos de la Corte”, reclamó.
Por último, Beraldi planteó que hay una acción civil pendiente iniciada por Vialidad y cuyo trámite también produce afectaciones procesales y constitucionales “En este afán de aparecer en los medios de comunicación como los adalides de la lucha contra la corrupción, el ex director nacional de Vialidad Javier Iguacel promovió en paralelo una acción civil”. Ese expediente entró en conflicto de competencia, que aún está pendiente de definición por parte de la Corte. El TOF2 se declaró incompetente, sin embargo aún tiene la causa porque ese planteo no está definido, por lo que según las defensas debería estar formando parte del juicio penal.
Para cerrar su exposición, el abogado de Cristina Fernández se pronunció en duros términos al accionar de Comodoro Py en un año electoral: “Señores jueces, aquí aplicamos la ley. No criterios políticos”. Y les advirtió que podría buscar desplazarlos del proceso: “Si quieren hacer un juicio político voy a tener que plantear la incompetencia del Tribunal, porque no tiene atribuciones de hacer un proceso político. Para cuestiones políticas está la ciudadanía, que gracias a Dios dentro de poco va a votar”.
Luego fue el turno del abogado de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, quien en una extensa oratoria reclamó la nulidad del proceso. “El no trabajo sobre la prueba y sobre los hechos se ha sustituido por dos o tres slogans. Y el slogan necesita que no se trabaje con seriedad sobre la prueba y la norma”, dijo.
Los planteos de nulidades y suspensiones del proceso se extenderían por al menos una audiencia más y el Tribunal estaría en condiciones de resolver recién dentro de dos semanas.
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