Por Claudio Mardones –
Aunque un fallo de segunda instancia le impidió al Estado Nacional ceder datos personales sin el consentimiento de sus titulares, una llamativa demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le permite al gobierno mantener vigente un convenio firmado en 2016 para que la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, en manos de Marcos Peña, pueda acceder y utilizar la base de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), considerada uno de los cúmulos de información personal más importantes que tiene el Estado en la actualidad. Su utilización, cuestionada por una jubilada ante la Justicia desde hace tres años, alimenta sospechas sobre la uso de esa información en tiempos de campaña electoral, especialmente en manos del oficialismo, reconocido por su capacidad para la explotación e interpretación de bases de datos públicas y privadas para optimizar el alcance de su comunicación electoral.
Desde que el caso tuvo repercusión pública ha sido seguido por distintos especialistas en protección de datos personales y resguardo de la intimidad. Uno de ellos es la docente e investigadora Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, una ONG dedicada a “la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación”. Para ella, la demora en el fallo de la Corte ”beneficia a la alianza Cambiemos porque no tiene una limitación clara de lo que hace con los datos de la ciudadanía”. Para la especialista, el convenio es una muestra de “la negligencia con la que se tratan los datos personales en el Estado, porque la actual administración y las anteriores no hicieron nada para profundizar ese cuidado”.
El manejo de los datos de los ciudadanos en manos del Estado es custodiado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, en manos del especialista Eduardo Bertoni. Su cargo está dentro del organigrama que controla Peña, al igual que el secretario de Comunicación Pública , Jorge Grecco. Consultado sobre el litigio, Bertoni eludió las preguntas de este diario, aunque firmó un dictamen clave para avalar el pacto, aprobado por la Resolución Nº 166-E/2016 de la Jefatura de Gabinete. Otra fuente cercana a Peña sostuvo que “la base de datos no se utiliza porque es vieja. No está actualizada y no sirve para las funciones de comunicación que estaban previstas”. Sin embargo, ese argumento no está dentro del expediente, donde tres abogadas recurrieron a la Corte para mantener en funcionamiento el convenio. Las fuentes oficiales consultadas tampoco pudieron explicar por qué no dieron de baja el convenio si es cierto que la base de datos de la Anses no es utilizada por la secretaría de Comunicación Pública.
El desenlace de la polémica sigue en manos de la Corte. Para Busaniche no hay garantías de la preservación de los datos en Argentina. Sin la sentencia confirmada hay riesgos. “De ahí a que los datos se usen en la campaña, en microtargeting, en microsegmentacion, en comunicación personalizada, o en mandarte cartas a tu casa para que votes a la gobernadora o al Presidente, hay un solo paso”, advirtió la experta, sobre un interrogante que crece como una sombra ante el silencio de los cortesanos. “Si los datos están ahí disponibles y el Estado no tiene ninguna consecuencia de usarlos de manera ilegítima, ¿por qué no habría de hacerlo?”, se preguntó Busaniche para dimensionar la profundidad del problema en Argentina, ya que “no está estandarizada la protección de datos porque no es considerada por el Estado como una cuestión de cuidado, aunque está consagrado por el artículo 43 de la Constitución”.
El acuerdo N° 37 de 2016 lleva la firma Grecco y del subdirector Ejecutivo de la Anses, Federico Braun. El texto dice que buscó establecer “un marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico de información”. En la segunda cláusula, la Anses se compromete a remitir “periódicamente” el nombre, apellido, DNI, CUIT, teléfonos, correos electrónicos, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los integrantes de su base de datos.
Tenía una vigencia inicial de dos años, con opción de extenderse a otros dos, pero fue cuestionado por la jubilada Carmen Torres Abad, que presentó un amparo ante en el fuero Contencioso, Administrativo y Federal. En su escrito le solicitó a la Justicia que suspenda el convenio porque violaba su intimidad. También porque la Anses “no puede cederlos ni darlos a conocer ya que se encuentran protegidos bajo la cobertura de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”.
El planteo fue rechazado en primera instancia y Torres Abad apeló la sentencia ante la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Federal. El 3 de julio de 2018, los jueces Guillermo F. Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Federico Alemany, sostuvieron que los datos del convenio requerían la autorización expresa de sus titulares y que la secretaría dependiente de Peña, no podía utilizar esa base. El 3 de agosto, hace un año, el Estado presentó un recurso extraordinario para que la Corte se expida al respecto y de acuerdo al expediente al que tuvo acceso Tiempo, el máximo tribunal lleva 8 meses sin moverlo, un período ventana que, a diferencia de las respuestas oficiales, desata intrigas sobre la manipulación de los datos de la ciudadanía en manos del Estado.
“No puedo afirmar que esta práctica sea ilegal hasta que tengamos un fallo firme, pero el dictamen que firmó Bertoni, y que permitió aprobar el acuerdo, está mal, porque tiene una mirada laxa sobre un tema que requiere un cuidado estricto”, opinó Busaniche. Según ella el funcionario “no debería haber dejado pasar una cosa como esa”.
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