Por Dario Pignotti –
El Supremo Tribunal Federal ordenó en una sesión urgente, por diez votos a uno, que Luiz Inácio Lula da Silva permanezca detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Curtiba revocando la medida publicada horas antes por una jueza de primera instancia que había determinado su traslado a una cárcel de San Pablo. Ese resultado amplio impidió que Jair Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad Sergio Moro, ex juez de Lava Jato, se regodearan viendo al mayor enemigo de ambos ingresado en un presidio de delincuentes comunes, donde su vida correría peligro, como lo advirtió su abogado defensor Cristiano Zanin Martins.
Omisa ante la condena y proscripción de Lula ( así como frente al golpe que derrocó a Dilma Rousseff), esta vez la Corte no consintió un atropello que pareció exagerado hasta para políticos de derecha como el titular de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, del partido Demócratas.
El Partido de los Trabajadores (PT) rechazó de inmediato el traslado a una cárcel paulista donde están o estuvieron alojados un hombre que mató a su hija de cinco años, un seminarista que asesinó a sus padres y un médico condenado por haber estuprado decenas de pacientes. “Es muy extraño que la gente de la ‘República de Curitiba’ haya decidido transferir al presidente Lula, hay que estar en alerta “, reaccionó la diputada petista Maria do Rosario.
Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, se sorprendió ante la celeridad con que las autoridades del Presidio de Tremembé II, en el interior paulista, anunciaron que ya estaba pronta una celda para Lula, y dejaron trascender que sería obligado a compartir el comedor y el patio con reclusos peligrosos. En las redes sociales perfiles vinculados a la patrulla bolsonarista festejaban con comentarios que iban del macartismo al sadismo.
La jueza Carolina Lebbos, considerada una incondicional de Moro, firmó el traslado de Lula –luego dejado sin efecto- haciendo lugar a un pedido de la Policía Federal, molesta con las concentraciones frente a la Superintendencia de Curitiba.
Bajo la conducción de Moro la “Fuerza de Tareas de la causa Lava Jato”, integrada por jueces, fiscales y policías, ejecuta órdenes de naturaleza política reveló el sitio The Intercept que accedió a conversaciones de ese grupo a través de Telegram.
La vigilia “Lula Livre”, a pesar de las noticias adversas con que empezó el día, volvió a reunirse en la mañana como lo hace cotidianamente frente al centro de detención donde Lula fue visitado recientemente por el candidato presidencial argentino Alberto Fernández y el año pasado por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; el intelectual norteamericano Noam Chomsky (“es el principal preso político del mundo”, dijo), y el ex premier italiano Massimo D Alema.
En el año y cuatro meses que el líder petista lleva preso han pasado por Curitiba más personalidades internacionales que por Brasilia. A esas visitas se suman mensajes de solidaridad, como los enviados por el papa Francisco y recientemente el saludo grabado del líder laborista británico Jeremy Corbyn.
“Moro está actuando a través de la Policía Federal para perjudicar a Lula”, tuiteó Hoffmann, que en las últimas semanas ha polemizado con el otrora responsable de Lava Jato. Según Hoffmann la credibilidad de Moro fue “seriamente” afectada por las noticias de The Intercept, poniendo al desnudo las maniobras urdidas para montar una condena carente de pruebas y basada en delaciones de arrepentidos que hablaron bajo coacción.
Datos obtenidos por esa publicación fueron adjuntados por la defensa de Lula en el recurso presentado ante la Corte para anular el proceso debido a la parcialidad de Moro. El debate sobre ese hábeas corpus fue suspendido por la feria judicial. La decisión de este miércoles contra la prepotencia de Lava Jato sienta un precedente que puede jugar a favor del jefe petista.
JOHNNY BRAVO
El golpe publicitario lanzado por los miembros de Lava Jato, que ubicó la noticia del traslado de Lula en las portadas de los sitios informativos, sucede cuando el coordinador de los fiscales curitibano, Deltan Dallagnol, también denunciado por The Intercept, parece tener los días contados. Su eventual destitución confirmaría la erosión de un dispositivo del Poder Judicial que hace un año era imbatible. Y se tornó políticamente inexpugnable cuando Bolsonaro premió a Moro con la cartera de Justicia y Seguridad.
Meses después de llegar al Palacio del Planalto, el capitán retirado declaró que haría todo lo que estuviera a su alcance – y eso no es poco decir en un régimen autocrático – para que Lula siga arrestado a pesar de que la ley indique que ya puede beneficiarse con el régimen semiabierto.
Bolsonaro, o Johnny Bravo como se autoproclamó esta semana en al menos dos discursos oficiales, vocifera para reivindicar a la dictadura, proponer que la policía mate como “cucarachas” a cualquier sospechoso o amenazar com meter “en cana” al periodista Glenn Greenwald por haber publicado en The Intercept informaciones consistentes sobre los ilícitos de Lava Jato.
Con ese discurso procura tapar la fragilidad de un gobierno con índices de desaprobación crecientes y las fracturas de una alianza donde antiguos socios derechistas toman distancia.
La decisión de la Corte a favor de la permanencia de Lula en Curitiba es una noticia negativa para Bolsonaro. Pero el peor de los mundos para el mandatario sería la libertad del político, que pese a su cautiverio, sigue siendo el único capaz de galvanizar el descontento generalizado.
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