Por Sebastian Abrevaya –
A cuatro días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los cambios en el sistema de escrutinio provisorio implementados por el Gobierno siguen generando una fuerte polémica. Los partidos de la oposición denunciaron que la Dirección Nacional Electoral (DINE) no les entregó ayer el software que se utilizará este domingo para la transmisión electrónica de los telegramas, tal como le había ordenado el martes la Cámara Nacional Electoral. Más allá del conflicto político, la pelota quedó ahora en la cancha de la jueza federal con competencia electoral María Servini, quien ayer solicitó que se designen tres peritos informáticos antes de resolver la suerte del amparo presentado por el Frente de Todos para que se desplace a la empresa Smartmatic y se vuelva al sistema de conteo y transmisión de datos anterior.
Después de semanas de cuestionamientos tanto de distintos partidos opositores como de especialistas en seguridad informática, el gobierno de Mauricio Macri decidió ayer salir a dar una conferencia de prensa para intentar frenar la incertidumbre en torno a la confiabilidad de los resultados. El secretario de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, defendieron a la empresa y aseguraron que la transparencia del recuento de votos del próximo domingo está asegurada. Ibarra sostuvo que algunos comentarios sobre el tema son “absurdos y poco serios” y deslizó que “hay una movida para contaminar el proceso”. “No sé por qué, si es por algún temor al resultado de las elecciones”, chicaneó el funcionario, quien aseguró que “no hubo y no hay ninguna duda de la capacidad técnica” de la empresa Smartmatic.
Lo cierto es que la empresa venezolana tiene cuestionamientos en procesos electorales en otros países y fue la que recibió el peor puntaje por parte del Comité de Evaluación Técnica en el proceso de licitación: obtuvo 165 puntos sobre 200 en cuanto a su calidad técnica y 82 sobre 100 en cuanto al análisis de sus antecedentes. En cambio, la española Indra, que venía haciendo el escrutinio provisorio hace 22 años, contaba con una calificación de 180 sobre 200 y de 100 sobre 100. Lo que ocurrió es que SmartMatic hizo la oferta económica más barata, con 17 millones de dólares contra poco más de 19 de Indra. En el medio quedó la catalana Scytl, con un moderado mejor puntaje que la que finalmente ganó la licitación pero una oferta 800 mil dólares más cara. En un intento por no perder el negocio, Indra objetó ante el Correo Argentino este proceso, lo que fue desestimado por la empresa estatal. Luego decidió no judicializar el conflicto.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, responsable institucional del escrutinio provisorio también salió a defender a Smartmatic y a chicanear a la oposición: “Abren el paraguas con la típica, que es hablar de fraude. Son muy irresponsables, no podemos poner a la gente en esta situación por las mezquindades políticas, el que hace las cosas mal, el que miente, cree que son todos de su misma condición”, afirmó Frigerio.
Las críticas al nuevo sistema y la actitud del gobierno no se circunscribieron al Frente de Todos, que fue el que realizó la presentación judicial ante Servini. El apoderado de Consenso Federal, Daniel Pires fue lapidario: “Nos decepcionaron más todavía tratándonos de boludos y presentándonos un PowerPoint”, afirmó Pires en diálogo con Página/12. Se refería a los resultados de la reunión que mantuvieron los partidos políticos en el Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Nacionales de 2019. Allí esperaban que la Dirección Nacional Electoral les entregara el código fuente tanto del sistema de transmisión electrónica como del de carga de los datos, tal como había ordenado la CNE en su acordada del martes.
El propio Roberto Lavagna ratificó ayer sus cuestionamientos: “Estamos adonde estamos hoy y esa entrega no se ha hecho. Los expertos informáticos dicen que en este corto tiempo difícilmente puedan hacer un análisis en profundidad del software. Esa ya es una irregularidad probada y es un hecho grave”, completó.
Fuentes de la Cámara Nacional Electoral informaron a este diario que ellos sí recibieron ayer el software correspondiente y que si bien el Ejecutivo debería ser quien se lo entregue a las fuerzas políticas, los camaristas lo pondrán a disposición en caso de que les sea requerido.
En el gobierno insisten en que históricamente ese material se ha entregado entre 72 y 48 horas de la elección, aunque hay una acordada de la CNE que dice que debe hacerlo 30 días antes. Lo que responden los expertos y apoderados partidarios es que en este caso se cambió la empresa que venía realizando el escrutinio y que tiene antecedentes problemáticos.
Más allá de la discusión pública, la atención está actualmente depositada en la definición que debe tomar Servini. La jueza le solicitó al Consejo la designación de tres peritos, con los que evaluará tanto las presentaciones del PJ como la respuesta que dio ayer la DINE. En su descargo, el Gobierno reconoció que no hay plan B. “No existe posibilidad material de modificar el sistema o sustituirlo, menos cuando la pretensión se basa únicamente en especulaciones que nada tienen que ver con la realidad objetiva”, consignó la agencia oficial Télam. En la presentación se sugiere que sean designados “veedores judiciales para que puedan presenciar todos los procesos técnicos del escrutinio el día de la elección, a fin de garantizar la transparencia del acto eleccionario”.
En los pasillos de Comodoro Py entendían que si bien Servini está enojada con el Gobierno será difícil que le ordene dar marcha atrás a tan poco tiempo de la votación. En cambio, podría acceder al planteo sobre los veedores con el objetivo de ejercer un mayor control. Le quedan horas para definir la cuestión.
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