De la Redacción de Contrapoder –
Por cuatro votos contra uno, y con la sola disidencia del presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema ratificó hoy la decisión contraria a aplicar el 2 x 1 a condenados por crímenes de lesa humanidad. Así lo hizo en relación a 17 represores.
El acuerdo significó ratificar la doctrina expuesta en el caso “Hidalgo Garzón”, del pasado 4 de diciembre. Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda confirmaron la inaplicabilidad del beneficio a los represores Juan Antonio Azic, Carlos Enrique Gallone, Waldo Carmen Roldán, Ernesto Frimón Weber, Eduardo Ruffo, Catalino Morel, José Maidana, Diego Chemes, Ricardo Néstor Martínez, Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolón, Mario Gómez Arenas, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Eduardo Kalinec, Julio Simón y Eufemio Uballes.
Lorenzetti rechazó todos los recursos interpuestos por las defensas por considerarlos inadmisibles, mientras que Rosenkrantz se remitió a su voto en disidencia en igual sentido en el caso precedente, por lo cual decidió hacer lugar a las quejas de los defensores de los represores. El presidente de la Corte Suprema declaró admisibles los recursos extraordinarios y revocó las decisiones que venían siendo recurridas.
La acordada de la Corte abarca a varios represores del terrorismo de Estado, entre ellos Julio Simón, conocido como “Turco Julián”, quien actuó en la Policía Federal; el ex comisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa; Juan Antonio Azic, del grupo de tareas de la ESMA y apropiador de Victoria Donda, y Carlos Gallone, de la Policía Federal, escrachado en la célebre foto de Marcelo Ranea de octubre de 1982, en la que se lo ve de uniforme abrazando a una Madre de Plaza de Mayo.
El 2 x 1 para genocidas marcó una de las grandes polémicas de 2017, cuando la Corte avaló ese beneficio para Luis Muiña, represor del Hospital Posadas. El cómputo, que contaba doble cada día en prisión sin condena, abría la puerta a la libertad de cientos de represores. Se trataba de una norma pensada para aliviar la superpoblación carcelaria, que había sido dada de baja en 2001.
El 10 de mayo de 2017, una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo rechazó el beneficio del 2 x 1 para los responsables del terrorismo de Estado que, luego derogado por el propio Congreso Nacional.
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