Por Sofía Caram –
Nuevas pruebas podrían complicar al gobierno de Mauricio Macri en la causa por el direccionamiento de las concesiones de los peajes. Página/12 accedió a dos informes reservados del ex Órgano de Control de la Concesiones Viales (OCCOVI) en los que se advertían las serias irregularidades con las que operaba Ausol S.A., con Socma como una de sus accionistas. Ambos documentos son lapidarios. Señalan maniobras de evasión impositiva, distribución encubierta de dividendos, obras incumplidas, endeudamiento temerario y rechazan la compensación millonaria que reclamaba la firma. Sin embargo, cuando asumió el macrismo, las nuevas autoridades de Vialidad 
Nacional desoyeron esos expedientes internos, le reconocieron a la empresa los 500 millones de dólares que pedía y le extendieron el contrato hasta 2030 sin llamar a una nueva licitación, como lo establece la ley. La concesión -de la que participaba la empresa del presidente- debía haberse caído por las graves incumplimientos. Sin embargo, consiguió por decreto la prórroga del contrato y el reconocimiento por parte del Estado por supuestas inversiones no amortizadas. Según alertaba el Occovi -órgano de control que luego fue disuelto por las nuevas autoridades- Autopistas Del Sol reclamaba una cifra “absurda”, que superaba el patrimonio neto de 71 empresas completas de las 85 que cotizaban en bolsa.
Sin imputados aún, el juez Rodolfo Canicoba Corral investiga posible fraude al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Nicolás Dijovne están en la mira de la Justicia.
Antes de que Mauricio Macri asumiera la primera magistratura, Ausol S.A., la concesionaria de la Autopista Panamerica, había sido intervenida por Vialidad Nacional por serias faltas contractuales y distribución irregular de dividendos, entre otras cosas. En el año 2015, meses antes del traspaso de mando, la Dirección Ejecutiva del entonces OCCOVI le dirigó a Nelson Periotti – director de Vialidad durante el gobierno anterior- dos expedientes en los que advertía que la empresa no solamente daba sobrados motivos para continuar intervenida, sino que además no había ningún tipo de sustento para reconocerle la descabellada suma que reclamaba, “equivalente al 7442% de su capital”.
Uno de los informes sobre el estado de situación de la concesionaria del Acceso Norte es del 29 de mayo de 2015. El otro, del 6 de noviembre de ese mismo año. Los dos fueron totalmente desoídos por las autoridades macristas. Al momento de la renegociación del contrato, la nueva gestión escondió los análisis sobre los desmanejos del holding, controlado por la poderosa constructora de capitales españoles, Abertis.
Los documentos del órgano que controlaba a las concesiones viales y que analizó este diario, pedían expresamente a Vialidad Nacional que no le renegociaran el contrato a Ausol, por haber constatado diversas maniobras de evasión impositiva agravada, incumplimiento del pliego -que estaba vigente desde 1994-, subcapitalización de la empresa y endeudamiento temerario que ponía en riesgo la continuidad de la compañía. Pero no solamente el sucesor de Periotti, Javier Iguacel, desoyó los expedientes administrativos. La Unidad de Información Financiera y la AFIP, adonde se remitieron dichos documentos, también miraron para otro lado.
Ausol y la evasión de impuestos
Los informes del OCCOVI daban cuenta de una evasión del impuesto a las ganancias por parte de Ausol S.A. de $570.272.672 entre los años 2006 y 2014. Según describe el estudio contable, la empresa no pagaba dividendos formalmente para no tributar. En cambio, contrataban a firmas que pertenecían a los mismos socios de la concesión para capacitación de personal. Por ejemplo, se pagaron más de 150 mil dólares por una videoconferencia de sólo 30 minutos. Y, como método para sacar dividendos de manera encubierta, a un directivo de Ausol lo entrenaba Abertis, la socia mayoritaria que supuestamente cobraba por el servicio. “Curiosamente se contrataban y capacitaban ellos mismos”, explicó a Página/12 una fuente con acceso al expediente y conocimiento en análisis contable. “Además, lo que hacían era sacar el dinero sin pagar impuestos y después reingresaban la plata con un interés alto”, agregó.
Según detalla el informe “se calificó a un grupo empresario para que se haga cargo de una concesión vial, tema en el cual posee experiencia (…) y luego vemos que se contrata a sí mismo para brindar esa experiencia a la empresa de la que forman parte”. Concluye que “la realidad económica de esos contratos no es más que la distribución de una parte de las ganancias obtenidas”.
El caso más llamativo es en el que Ausol contrata a su propia controlante en 2005 para asesoramiento por u$s 1.800.000 por año por un plazo de quince años, es decir, hasta la finalización de la concesión. El OCCOVI advertía lo insostenible que resultaba la maniobra y señalaba que “llama poderosamente la atención” ya que “ese contrato de capacitación permitió en todos esos años capacitar a un total de 11 personas de las cuales hoy, solo 4 se desempeñan en la empresa”. Y agregaba que “los temas de asesoramiento en algunos casos rozan los insólito –por llamarlo de alguna manera- (sic), como la capacitación con ellos mismos para renegociar su deuda o simplemente el pago de u$s 156.000 por una videoconferencia”.
Otra de las irregularidades advertidas en los expedientes administrativos sobre la revisión del estado contable desde 1994 hasta noviembre de 2015, es que Autopistas del Sol S.A. basaba su operatoria en constantes tomas de deuda, lo que constituía un “endeudamiento temerario”, ya que todo el tiempo ponía en riesgo la continuidad de la empresa.
El “absurdo” reclamo de u$s 500 millones
Cuando el OCCOVI eleva su segundo informe a las autoridades de Vialidad –en noviembre de 2015-, Abertis ya había presentado la demanda ante el CIADI contra la Argentina por unos 1.100 millones de dólares. Aduciendo supuestos incumplimientos por parte del Estado y presuntas pérdidas económicas por el congelamiento de las tarifas y la salida de la convertibilidad, el grupo empresario decía buscar un resarcimiento económico. Pero, como ya consignó este diario , lo que investiga el juzgado de Canicoba Corral es si esa denuncia ante el organismo con sede en Washington fue gran puesta en escena por parte de los empresarios –una quincena de los cuales pasó a formar parte de Vialidad Nacional a partir de diciembre de 2015- y el gobierno de Macri. La hipótesis es que ambas partes sabían que no se avanzaría con la presentación ante el tribunal internacional, casi sin negociar y en tiempo record. El Estado le reconoció a Ausol esos 500 millones que quería y la empresa retiró la demanda.
La novedad es que en aquel documento que ahora revela Página/12, el órganismo de control le pedía expresamente a Vialidad que no pague lo que la firma exigía: “Se destaca lo absurdo del reclamo que la cantidad solicitada supera el patrimonio neto de 71 empresas de las 85 que cotizan en la Bolsa de Comercio. Entre ellas y a modo de ejemplo, Edenor, Edesur, Banco Hipotecario, Metrovías, Molinos Río de la Plata, Transportadora Gas del Norte, (…) por citar algunos”
Según explica el informe “Ausol tiene un capital social de 88 mil millones de pesos y un patrimonio de 124 mil millones de pesos; en el transcurso de los veinte años de contrato no ha realizado aportes de capital –por el contrario- se manejó importando servicios financieros a un alto costo, que pagó el usuario contribuyente con su tarifa y ahora reclama $6.637.000.000 (los casi 500 millones de dólares) y, además, más ingresos y anular las obras para el saldo de plazo de la concesión. Reclama el equivalente al 7442% de su capital o 5252% de su patrimonio neto”.
Sin embargo, a pesar del contudente análisis interno, el gobierno de Macri guardó ambos expedientes en un cajón. No sólo no tomó en cuenta la recomendación y los fundamentos para no reconocerle el dinero que reclamaba Ausol, sino que además, como se sabe, extendió el contrato hasta 2030 sin una nueva licitación y por decreto, con cláusulas ampliamente beneficiosas para la firma y perjudiciales para los usuarios. Entre ellas, subas de tarifas dos veces al año y ajustables por inflación, garantía de flujo de tránsito pasante y eliminación del tiempo máximo de espera para los vehículos, con la obligación de levantar las barreras.
El direccionamiento
Todas las medidas del gobierno de Macri se enfocaron en beneficiar a la empresa de peajes cuyo accionista era el Grupo Socma. Una de las primeras decisiones administrativas de Javier Iguacel fue levantar la intervención de Ausol, que había dispuesto la administración anterior por los evidentes incumplimientos del contrato y diversas denuncias e irregularidades. En paralelo Iguacel intervino AECSA, la concesionaria de la Autopista Ricchieri, en manos en ese momento del Grupo Indalo, cuyos titulares fueron ahogados en lo financiero y perseguidos judicialmente. Las mismas autoridades de la UIF y la AFIP que encabezaron las diversas querellas contra Cristóbal López y Fabián De Sousa, fueron las que no iniciaron ni una sola acción, a pesar de los alarmantes informes del ex Occovi sobre la situación irregular de Ausol.
El acceso Richieri es controlado ahora por Corredores S.A., una firma con acciones estatales creada por la actual gestión en 2016, específicamente para ese fin. Bajo ese paraguas el Poder Ejecutivo colocó por decreto a siete corredores viales, tras la imputación a Dietrich e Iguacel por parte del fiscal Eduardo Taiano, en otra causa que instruye Sebastián Casanello. Se trata de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines que señala que varias empresas, entre ellas Iecsa, operaron con los contratos vencidos por más de dos años. El decreto firmado hace un mes atrás buscó desactivar esa investigación, que sigue su curso a pesar del intento del Poder Ejecutivo por blanquear la situación.
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