Por David Cufré –
El pago de un bono a fin de año es una de las primeras medidas que el Frente de Todos podría tomar en respuesta a una emergencia inflacionaria que ya lleva tres meses, con índices de precios que no bajan del 4 por ciento mensual y escalan hasta el 6. La avalancha de aumentos que está cayendo sobre los sufridos argentinos después de las elecciones es tan o más intensa que la que se produjo entre las PASO y los comicios del domingo. El gobierno de Mauricio Macri se despide con una descarga de subas en bienes y servicios que está a la altura de lo que fue su gestión: un desastre. Cambiemos se va con el record de la mayor inflación en tres décadas. Este año rondará el 60 por ciento. Es la prueba de su incapacidad para gobernar.
Un bono de 3000 pesos para los jubilados, que representa un plus del 20 por ciento para la jubilación mínima y del 10 para la media, y otro de 1500 pesos para la Asignación Universal por Hijo, equivalente a un incremento del 55 por ciento, tendría un costo fiscal del 0,15 por ciento del PBI. “Para ponerlo en otra dimensión: sería el 6,6 por ciento de los intereses de la deuda acumulados en el año”, compara la diputada Fernanda Vallejos (FdT), quien elaboró una propuesta en esa dirección. “Después, en el marco del acuerdo social, habrá que definir una política general de ingresos. Pero un bono de fin de año sería para aligerar la situación en el aquí y ahora”, analiza la economista.
El electorado del Frente de Todos seguramente lo espera con ansiedad, así como aguardaba señales reparadoras de otro orden y aplaudió el encuentro de Fernández con Braian Gallo, el presidente de mesa discriminado en Moreno. “El próximo gobierno tiene que hacer sentir rápido que hay un nuevo clima en el país. Tiene que dar soluciones. Un bono a fin de año me parece una medida acertada”, señala un economista que participará de la próxima administración. El monto y el alcance de los pagos a jubilados, perceptores de asignaciones y trabajadores públicos y privados será materia de discusión. Lo que está claro es que el espacio institucional para avanzar con políticas de recomposición de los ingresos será la mesa del acuerdo social.
También se requiere de un gran pacto nacional para fortalecer la posición de un gobierno que deberá encarar una dura negociación con el FMl. “Fácil no va a ser. El Fondo no va a venir amistosamente. Van a querer imponer condiciones. Será cuestión de hacerles entender el nuevo orden de prioridades. Ellos saben que los números no cierran y magia tampoco se puede hacer. Para poder pagar la deuda hay que crecer y para crecer lo primero que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo a la gente”, anticipa Vallejos la pulseada con el organismo de crédito.
En la búsqueda de argumentos para esa pelea, en el Frente de Todos destacan un documento que emitió el propio FMI la semana pasada sobre la situación de las economías asiáticas. Allí advierte que “la prolongada incertidumbre política mundial, las trabas al comercio y la desaceleración del crecimiento internacional están afectando sus posibilidades de expansión”. “Aunque la región sigue siendo la de más rápido crecimiento en el mundo (5,0 por ciento este año), contribuyendo con más de dos tercios al crecimiento global, las perspectivas a corto plazo se han deteriorado notablemente”, agrega. En conclusión, el Fondo Monetario sugiere aplicar políticas expansivas y no el ajuste tradicional que busca imponer en el país. “Los riesgos dentro de la región incluyen una desaceleración más rápida de lo esperado en China, una profundización de las tensiones regionales, como la relación bilateral entre Japón y Corea, riesgos geopolíticos crecientes y una mayor incidencia de desastres naturales”, completa. Por todo ello, el FMI sostiene que se necesita “una estrategia de crecimiento exitosa, de alta calidad y rica en empleos, que fortalezca la productividad agrícola y promueva la expansión de la manufactura y los servicios altamente calificados”.
Si eso es lo que requiere Asia, la Argentina también necesita planes de recuperación de los niveles de actividad, empleo y consumo. A la hora de buscar posibles fuentes de financiamiento, la imposición de retenciones diferenciadas a las exportaciones, dentro de una reforma impositiva más amplia, aparece en primera línea en los planes de la futura administración. Mercedes Marcó del Pont, una de las economistas que designó Fernández para los equipos técnicos de la transición, planteó además que hay que recuperar los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. El gobierno de Macri se jactó de lo contrario, con el ex presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, a la cabeza. En cambio, Marcó del Pont reprocha que esa limitación empujó al Estado a buscar crédito privado a tasas de interés exorbitantes.
“No sería aconsejable que anteojeras ideológicas condicionaran la capacidad del Estado de recuperar fuentes de financiamiento genuinas, habilitadas por ley, como son los adelantos transitorios. Solo para 2019 se podrían haber utilizado alrededor de 480 mil millones de pesos, que fueron reemplazados por financiamiento a elevadísimas tasas con el sector privado o deteriorando severamente la capacidad prestable del Banco Nación, tanto por la vía de la disminución de su capital como aumentando la exposición con el sector público”, cuestiona Marcó del Pont.
Las alternativas para volcar recursos sobre trabajadores, jubilados y titulares de asignaciones son varias. Lo principal será la voluntad política para tomar ese camino. Un bono de fin de año podría ser uno de los instrumentos a mano para empezar a lograr que las felices fiestas, con nuevo gobierno y nuevas políticas, sean más una realidad que una expresión de deseos.
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