De la Redacción de Contrapoder –
El Congreso boliviano comenzó este miércoles a analizar dos proyectos que apuntan llamar en el corto plazo a nuevas elecciones presidenciales, en medio de una crisis institucional que dejó al menos 30 muertos, forzó la renuncia y el exilio del presidente Evo Morales y hundió al país bajo una montaña de denuncias de golpe de estado, fraude y violaciones a los derechos humanos.
Uno de los proyectos fue enviado al trámite parlamentario por el gobierno interino de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, el otro fue impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que tiene holgada mayoría en las cámaras.
La dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ya ha provocado 30 muertes y decenas de heridos con represión de la Policía y FFAA. Hago un llamado a la CIDH y a la ONU a denunciar y frenar esta masacre de hermanos indígenas que piden paz, democracia y respeto a la vida en las calles
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 20, 2019
Pero hay muchos puntos sobre los que se esperan ásperas negociaciones, como el vinculado con la composición de los organismos electorales que deberán controlar la limpieza de los comicios, fijar el calendario electoral, incluida la fecha de la votación, y validar las candidaturas.
Áñez había amenazado con convocar a elecciones por la vía del decreto si no se conseguía acuerdo en el Parlamento, ante lo cual el MAS accedió a presentar un proyecto del que no se difundieron muchos detalles, más allá de que apunta a agilizar el proceso electoral, sin fijar fecha a la apertura de las urnas.
Tras un llamado de la mayoría de los países agrupados en la OEA para que se llame de manera “urgente” a elecciones en Bolivia, Áñez se decidió por la vía parlamentaria e impulsó la anulación de las elecciones del 20 de octubre, una nueva convocatoria a las urnas y la designación de los nuevos integrantes de los organismos electorales.
A su vez, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, indicó que el plazo para la aprobación de la norma dependerá de los parlamentarios, aunque una vez promulgada la ley la Asamblea tendrá 15 días para elegir a los nuevos titulares de los tribunales electorales.
Este debate político se desarrollaba al mismo tiempo que la Defensoría del Pueblo confirmara que fueron ocho los muertos en un enfrentamiento en El Alto, donde policías y militares rompieron un bloqueo de manifestantes contra una planta de hidrocarburos que amenazaba el normal abastecimiento en La Paz.
Con este luctuoso suceso, la cantidad de víctimas mortales desde el inicio del conflicto superó la treintena.
En rueda de prensa, el ex presidente, quien renunció el 10 de noviembre bajo presión militar y en medio de denuncias de fraude, acusó al gobierno de facto de Áñez de contar con “una carta blanca para matar a bolivianos” como “sólo se hacía en la dictadura militar”.
También dijo que como el Congreso boliviano no cumplió con el requisito de evaluar si acepta o no su renuncia, se considera aún como jefe de Estado y “presidente electo en primera vuelta”.
Antes, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, propuso volver a La Paz para terminar su mandato, que culminaría el 22 de enero del 2020, “a cambio de no presentarme como candidato presidencial en las nuevas elecciones del país”.
En este contexto, el gobierno de Áñez autorizó un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, la hija de Evo Morales, quien se encuentra asilada en la embajada de México en La Paz.
“Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación”, argumentó Áñez en su cuenta de la red social Twitter.
Fuente Radio Universidad
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