Por Mariana Carbajal –
La denuncia por abuso sexual contra el senador José Alperovich, quien fuera tres veces gobernador de Tucumán, entre 2003 y 2015, vuelve a poner en primer plano la violencia machista en el ámbito de la política. ¿Cuántas mujeres se han aguantado y soportado situaciones similares en otros espacios políticos a lo largo de años? Sin dudas, no son casos aislados. Hace unos meses, tres mujeres denunciaron al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente de confianza de la gobernadora María Eugenia Vidal: dos de ellas, militantes de Cambiemos y la tercera, empleada pública del municipio de La Plata. Durante años, el silencio y la impunidad fueron moneda corriente ante estos casos. ¿Quién puede tener el valor suficiente para atreverse a denunciar a un hombre encumbrado de la política, que pretende –y te impone- que le chupes la pija, te mete la mano en la entrepierna o roba besos impunemente, cuando de él depende la renovación de tu contrato laboral?
La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthes, hace casi un año, les dio coraje a muchas mujeres. Thelma mostró un camino posible. Ella, una actriz poco conocida, se animaba a denunciar a un actor consagrado. Pero no estuvo sola. Thelma fue acompañada por sus pares del colectivo de Actrices Argentinas para poder hacerlo, después de que Calu Rivero y Anita Co, también lo habían denunciado pero habían sido ninguneadas, descalificadas y su palabra puesta en duda en medios de comunicación.
Muchas mujeres callan, todavía, porque no tienen ese respaldo necesario para poder sacarle la careta a tantos que han hecho del abuso del poder una práctica recurrente para conseguir “favores” sexuales. De favor, nada. Pura violencia machista, con distintas caras.
La discusión debería ser ahora qué respuestas dará la propia política para ofrecer respaldo a las víctimas que se animan a hablar, pero también cómo se puede favorecer que otras puedan perder el miedo para denunciar. Al mismo tiempo se tendría que resolver qué pasos se van a seguir cuando el acusado ocupa un cargo en un cuerpo legislativo o en algún gobierno. La reacción de manual de quien es denunciado es negar los hechos y/o responder con una contradenuncia para amedrentar y disciplinar a las demás –porque siempre hay más—para que siga reinando el silencio; finalmente, él sigue siendo poderoso. Desde la política, se sabe, se pueden mover hilos en la justicia.
Mosca pidió licencia por 60 días. Jorge “El Loco” Romero, senador provincial de Unidad Ciudadana, denunciado por acoso sexual en diciembre de 2018, amagó con la renuncia pero nunca la llegó a presentar y sigue ocupando su banca, que termina el 10 de diciembre. Desde el Frente de Mujeres de La Cámpora, agrupación kichnerista en la que construyó su militancia, dicen que le aplicaron el protocolo de la organización para esos casos y que en consecuencia lo corrieron de su lugar como responsable de la provincia de Buenos Aires pero “no renunció a su responsabilidad institucional que es la de ser senador provincial”.
Hay más casos. Y tienen como acusados a dirigentes de distintos color político. El machismo es transversal.
La denuncia de una empleada del Congreso por abuso sexual contra el senador nacional de la UCR y pampeano Juan Carlos Marino, terminó en agosto con un sobreseimiento. Marino había sido imputado por el fiscal Federico Delgado, quien había considerado que los dichos de la mujer eran lo suficientemente creíbles como para ser investigados. Cuando se conoció la denuncia, Marino no dejó su banca pero le costó que este año no le renovaran su cargo de vicepresidente en la cámara alta.
Otro de los denunciados fue el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, del PRO. Primero pidió licencia, y finalmente debió presentar la renuncia a su banca a pedido del intendente macrista, Julio Garro. También enfrentó una acusación de acoso sexual Gastón Crespo, concejal platense del GEN. Y en otros municipios, por ejemplo, Lisandro Herrera, presidente del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante de Chacabuco. En Mar del Plata, gobernada por el PRO, el 27 de agosto de 2018, una mujer identificada por las siglas M.S. denunció penalmente al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle. La mujer dijo que en el marco del reclamo de un “beneficio” laboral que no cobraba y que dependía de él, Mourelle le habría sugerido que para poder hacerlo efectivo debían mantener un encuentro sexual. A principios de noviembre, en Entre Ríos, el intendente de la localidad de Villa Urquiza, Alberto Gastiazoro (PJ) fue denunciado por una empleada municipal por abuso sexual. La justicia le dictó una restricción de acercamiento, mientras investiga el caso. Gastiazoro decidió pedirse licencia por 30 días.
Las causas deben avanzar en la Justicia, con premura.
Pero ¿qué hacemos mientras tanto con personajes con poder político, acusados de abusar de ese poder y de ese lugar de poder para someter sexualmente a mujeres de su entorno? Dejar solas a las víctimas, mirar para otro lado, querer meter bajo la alfombra la mugre machista, es la peor respuesta.
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