Por Sofía Caram –
Los pasillos de Comodoro Py no son desconocidos para Laura Alonso. Durante estos casi cuatro años los transitó para darle impulso a las numerosas causas contra funcionarios del kirchnerismo, en las que ofició como ferviente querellante bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este miércoles, el recorrido hasta el tercer piso de los tribunales de retiro tendrá una impronta nueva para la militante macrista. Es porque por primera vez deberá llegar hasta el despacho de un juez en calidad de imputada. Ese juez es Luís rodríguez, quien la indagará por el presunto delito de encubrimiento en la causa que investiga si Juan José Aranguren benefició a la empresa Shell con los aumentos de tarifas y la compra directa de gas a Chile. El ex ministro de Energía de Mauricio Macri había sido directivo de la petrolera y cuando asumió aún tenía acciones en la firma por más de trece millones de pesos.
El juez de instrucción número 9 investiga si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública con su decisión de incrementar los combustibles mientras aún tenía las acciones clase A en Shell y por la importación del fluido en forma directa. Por su parte, Laura Alonso habría encubierto al ex funcionario.
Mientras Aranguren rompió el hielo de las indagatorias en el expediente la semana pasada, este miércoles será el turno de Alonso, quien seguramente argumentará que en su momento firmó un dictamen en el que le recomendaba al exCEO vender su participación en la empresa para evitar conflicto de intereses.
Alonso había dictaminado que era aconsejable que Aranguren se deshaga de sus acciones, pero que no era un delito que las conservara, argumento que fue repetido por el exministro ante el magistrado. Sin embargo, según la denuncia presentada en 2016 por los Diputados Rodolfo Tahilade y Mario Doñate, la ex directora de Poder Ciudadano hizo caso omiso a las advertencias que habían ingresado formalmente por la ventanilla de la OA, un mes antes de la decisión de la compra de gas a Chile.
Dudas sobre la venta de las acciones
Mientras Aranguren dijo en el juzgado -y luego en declaraciones a la prensa- que tiene “la conciencia tranquila” porque “los aumentos de tarifas redujeron los subsidios que debía poner el Estado”, la lupa de los investigadores está puesta no sólo en si benefició a la compañía de la que había sido parte antes de asumir en el Estado, sino además si efectivamente vendió sus acciones como anunció el propio Presidente de la Nación cuando estalló el escándalo y tras la “recomendación” de la Oficina Anticorrupción. Y, si lo hizo, quién fue el comprador.
Según dijo durante la indagatoria, se desprendió de la participación accionaria el 12/09/2016 y ese mismo día delegó todas las decisiones que involucraran a Shell en el Ministro Francisco Cabrera. En concreto lo que hizo fue vender por plataforma electrónica y, según él, frente a escribano público. Sin embargo, según pudo saber Página/12, Aranguren no acreditó la venta en el expediente. Es decir, no adjuntó documentación que respalde sus dichos. Pero además, el punto central es que no se puede saber exactamente quién compró esas acciones, ya que cuando una compra/venta de un paquete es menor al 5% del patrimonio total de una firma no hay obligación de comunicar la operación a la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, podría haber comprado una empresa de carpeta en la cual Aranguren es accionista o beneficiario final. Es decir, podría haber sido una simulación de venta para acallar las críticas y sacar las acciones de su patrimonio para que dejen de figurar en la declaración jurada de bienes.
Operaciones como estas, de venta minorista en el mercado de acciones, se hacen todos los días. Siempre queda un registro entre los operadores bursátiles, pero el problema es que no es información pública, por lo que seguramente será uno de los ejes que deberá profundizar la investigación. Incluso, en junio de 2016 fue presentada una ampliación de la denuncia en este sentido.
Aranguren está imputado por al menos ocho hechos y ahora resta definir su situación procesal, lo que sucederá recién después de la declaración de Laura Alonso. El ex funcionario estrella de la primera etapa del gobierno de Macri fue el artífice y férreo defensor de los tarifazos que beneficiaron a las empresas energéticas y petroleras.
Antes de pasar al otro lado del mostrador desarrolló la mayor parte de su carrera empresarial en Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. Ingresó en la firma en el año 1979 e hizo carrera hasta ocupar el puesto de presidente de la filial argentina en 2003, lugar que ocupó hasta junio de 2015.
Alonso, por su parte, deberá enfrentar la primera indagatoria por su polémico accionar al frente de la Oficina Anticorrupción, desde donde se ocupó de perseguir y lograr encarcelar a funcionarios del gobierno anterior, mientras que no impulsó un solo expediente que involucrara a la gestión que se va el próximo 10 de diciembre.
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