Por Raúl Dellatorre –
“No hay otra vía que no sea la expropiación, y así se lo manifestó el presidente de la Nación al presidente del Directorio y al gerente general de Vicentin, ya sin funciones, en la reunión en Olivos”, relató Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, describiendo el encuentro de este jueves entre Alberto Fernández y Sergio Nardelli. “La expropiación es el instrumento, pero el objetivo es la política, y para la política que nos propone este gobierno es muy importante que la empresa quede en manos nacionales; para este proyecto, la presencia del Estado en este mercado puede cumplir un rol clave para equilibrar las relaciones con el mercado internacional”, apuntó. Por su parte, Alberto Fernández afirmó: “Creo firmemente que esta actividad pujante del agro debemos cuidarla para que no se extranjerice; no estamos para estatizar empresas, sino para rescatar empresas que consideramos centrales para el desarrollo del país”, en su visita a La Rioja. Nardelli tuvo ayer, viernes, otro encuentro con autoridades oficiales, esta vez con el flamante interventor, Gabriel Delgado, el ministro Matías Kulfas y el presidente y el CEO de YPF, Guillermo Nielsen y Sergio Affronti. “No hubo ningún planteo superador a lo que ya está resuelto, el Presidente ya les había señalado que lo que ellos proponen es inaceptable”, resumió el encuentro una fuente oficial.
La pretensión que volvió a plantear Nardelli es que el Estado nacional, ya sea a través de YPF o del Banco Nación, capitalicen las acreencias de la empresa y sumen nuevos fondos a cambio de una participación en el paquete accionario, pero manteniendo la conducción gerencial actual. “Esa idea ya fue rechazada por el presidente en la reunión de anoche”, se le recordó al empresario.
Este encuentro tuvo lugar en el edificio corporativo de YPF, en Puerto Madero. Hubo una definición tajante de los representantes del Estado en la reunión: hay una intervención que ya está gestionando la empresa, y la unidad de negocios YPF Agro tendrá a cargó el gerenciamiento del fideicomiso que se conformará con los activos de Vicentin cuando sea expropiada. En base a la aceptación de ese marco, se dejó abierta la posibilidad de “seguir conversando” con los dueños de la empresa en convocatoria de acreedores.
La pretensión que volvió a plantear Nardelli es que el Estado nacional, ya sea a través de YPF o del Banco Nación, capitalicen las acreencias de la empresa y sumen nuevos fondos a cambio de una participación en el paquete accionario, pero manteniendo la conducción gerencial actual. “Esa idea ya fue rechazada por el presidente en la reunión de anoche”, se le recordó al empresario.
“No estamos quitándole la empresa a nadie, estamos rescatando una empresa que, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos de capitales que no son argentinos”, afirmaba mientras tanto el Presidente de la Nación desde La Rioja.
En lo que hace a la convocatoria, el juez civil y comercial de la 2da. nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó el pedido formulado por el Banco Nación y el resto de la banca pública nacional para que disponga la intervención de la empresa en el marco del concurso de acreedores. Esta alternativa abría la posibilidad de que se acordara que el mismo interventor designado por el Ejecutivo Nacional fuera el elegido por el magistrado y así se podría unificar la representación. Con el rechazo a la propuesta, se frustran las expectativas que existían tanto de parte de las autoridades del Banco Nación como de la propia intervención.
Otro que habló ayer fue el denunciado ex presidente del Banco Nación Javier González Fraga. Durante una entrevista, optó por escudarse en la historia del clan Vicentin para defenderse, casi como si fuera un miembro más de la familia. “Vicentin no es Austral Construcciones, tiene 90 años y es una empresa líder desde hace veinte años, con más de 50 de vinculación al Banco Nación”, dijo comparando a su defendida con la demonizada empresa de Lázaro Báez, encarcelado apenas bajó del avión en el que llegó para presentarse a la Justicia y mucho antes de recibir una condena. Su hijo Martín siguió luego el mismo camino. Vicentin no es Austral Construcciones, pero se sospecha que habría utilizado similares vínculos financieros, SGI (“La Rosadita”), para fugar fondos, según investigaciones en curso.
Fraga siguió con una versión edulcorada pero llena de contradicciones sobre la trayectoria del crédito a Vicentin mientras él fue presidente del Banco. “La última aprobación crediticia se realizó en junio de 2018, cuando la empresa tenía calificación 1, estaba en expansión y era una de las líderes del sector”, dijo. Admitió que la línea de 300 millones de dólares “venció en julio de 2019 y no fue renovada porque excedía el límite de fraccionamiento de riesgo que aconseja el Banco Central”. Esos 300 millones representaban el 20% del capital del Banco Nación, de 1500 millones, recordó González Fraga.
“En agosto de 2019 se iniciaron conversaciones para reducir esa deuda a 205 millones y encuadrarnos dentro del límite del Banco Central”, señaló. Lo que no explicó es por qué el Banco Nación le siguió prestando a Vicentin en octubre, cuando ya se había convertido en deudor moroso sobre sus créditos de 2018, y en el mes de noviembre, cuando ya Mauricio Macri había perdido las elecciones y el propio González Fraga estaba haciendo las valijas para dejar el banco al mes siguiente, le soltó otros 95,5 millones de dólares. Que Vicentin recibió hasta una semana antes de declarararse en “estrés financiero”. Tras pasar por alto estos detalles, González Fraga dijo que no entiende de qué lo acusan.
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