Por Irina Hauser –
La esposa del ex espía Leandro Araque abrió la puerta de su casa con un termo y dos tazas, y se acercó al auto ubicado enfrente. “Les saqué la plana (la patente), y sé que ustedes son de la Policía Federal. Les traje cafecito”, les 
dijo la mujer, que había sido policía hasta que tuvo un problema judicial por la desaparición de dinero secuestrado en un procedimiento. Los agentes, que eran federales y habían dando vueltas mientras monitoreaban la zona, rechazaron el café. “Retírese”, dijeron, se bajaron del auto y se llevaron detenido a su marido, quien hace rato sabía que esto podía ocurrir. Su teléfono celular había sido una de las mayores fuentes de datos sobre el espionaje ilegal y sistemático que protagonizó el grupo de la Agencia Federal de Inteligencia autodenominado “Super Mario Bross” y el vaso comunicante con despachos de la propia Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó en total 22 detenciones. Entre ellas, la de Susana Martinengo, ex secretaria de Documentación de la Presidencia, que recibía los informes de inteligencia. También dispuso el arresto de un ex jefe de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y de dos agentes que tuvieron papeles protagónicos en la trama: Jorge “el Turco” Sáez y Facundo Melo. La lista incluye a Martín Terra, ex marido de la modelo Analía Maiorana, actual pareja de Darío Santilli, uno de los espiados, y muy amigo del ex titular de central de inteligencia Gustavo Arribas. Terra no fue detenido, porque aún no pudieron encontrarlo.
El lunes el juez se desayunó con la noticia de que el secretario privado de Macri, Darío Nieto, había borrado parte del contenido de su celular, secuestrado por la Policía Federal la semana pasada. Los técnicos que lo auxilian comenzaron a rescatar la información. Pero ese episodio, candidato a complicar la situación del joven cambiemita –conocido como “la sombra” del ex presidente– fue uno de los tantos motivos que detonaron la seguidilla de detenciones. Hasta ahora no hubo ninguna medida sobre Nieto más allá del allanamiento, pero su presunto papel como alguien que recibía partes de inteligencia apareció en boca de Martinengo, en diálogos que integran el expediente. La fiscal Cecilia Incardona rechazó su pedido de eximición de prisión. Villena estaba en la misma senda.
Otro factor que pareció acelerar las detenciones es que desde Comodoro Py el fiscal federal Guillermo Marijuán le disputa la causa al juez de Lomas de Zamora, con el argumento de que uno de los hechos que le dieron origen –el intento de atentado al ex funcionario de Defensa José Luis Vila– ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, en la Cámara de La Plata tramitan recusaciones contra Villena que aún no fueron resueltas. Los espías pugnan porque pase al menos al otro juzgado federal de Lomas, a cargo de Juan Pablo Augé, a cargo de la causa por el espionaje al Instituto Patria y a la casa de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que se investiga en el expediente a cargo de Villena son maniobras de espionaje ilegal que abarcaban seguimientos, fotos, videos e informes de inteligencia sobre dirigentes políticos oficialistas y opositores, periodistas, sindicalistas, integrantes de la Iglesia Católica, referentes de organizaciones sociales y ex funcionarios y empresarios detenidos. Toda esta actividad se desarrolló al menos entre 2017 y 2019 en la mayoría de los casos. Algunos de los partes de inteligencia tenían contenidos de lo más elementales, como describir si “el objetivo” había salido o entrado a su casa. Aún así, todo indica que hubo un espionaje constante, que combinaba objetivos políticos y económicos, así como la búsqueda de “quebrar” a detenidos para que comprometieran a otros.
“Una organización criminal”
En las órdenes de detención el juez escribió que investiga “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la AFI” constituyeron una asociación ilícita y realizaron maniobras violando la ley de inteligencia nacional, en “distintos períodos y distintas jurisdicciones”. Esa norma prohíbe “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política o adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales…” o por cualquier actividad lícita que desarrollen las víctimas, con objetivos de “influir en la situación institucional, política, social, económica, o en la vida interna de los partidos políticos, influir en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas”.
Esa es la hipótesis central que se maneja en la causa y la determinación de efectuar las detención fue justificada principalmente en que por la función que cumplían “quienes habrían participado en los hechos cuentan con medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”. “Dada su expertise podrían entorpecer el desarrollo del proceso mediante la alteración de elementos de prueba o utilizar sus influencias para sustraerse de sus obligaciones, como ausentarse de concurrir a prestar declaración indagatoria”, señaló Villena. Por los elementos recolectados dijo presumir que “los imputados mantendrían vínculos con personal de distintas fuerzas de seguridad y sujetos aún no individualizados” con lo que podrían “frustrar la pesquisa”. Las indagatorias están previstas para martes y miércoles.
Las carpetas
Algunas carpetas halladas entre el material de espionaje tenían nombres como “objetivo Pibe”, para el vicejefe de gobierno porteño, Darío Santillli; “Ramona”, para la diputada Graciela Camaño, y “Durazno”, para su esposo Luis Barrionuevo; “Anaconda” para el periodista Hugo Alconada Mon; “Mader”, el ex diputado de Cambiemos Emilio Monzó; “Llave” para Nicolás Massot, “Lugano I y II”, para el obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones y su hermano Luis, titular del PJ de la Plata. Ellos son algunas de las víctimas que ya fueron al juzgado a ver el material que muestra cómo los seguían. La primera había sido CFK, luego fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también estuvo Pablo Moyano y su padre Hugo tuvo audiencia a la distancia, entre otros. Hay un tramo de la causa enfocado sobre el espionaje que se hizo en cárceles, en especial sobre ex funcionarios y empresarios, por lo que también fueron al juzgado Fabián De Sousa (Grupo Indalo) y Gustavo Ferreyra y el ex titular de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens. En las últimas horas se conoció una nueva nómina de personas espiadas que serán convocadas.
La mayoría de los detenidos son espías, aunque por sobre todos ellos ayer resonó el nombre de Martinengo, la ex funcionaria más cercana a Macri –a quien él intenta ignorar pero que trabajaba cerca suyo desde 2007 y que fue su mano derecha en el gobierno porteño– implicada hasta ahora junto con Nieto. Se sabe que Martinengo recibía material de inteligencia de manos de al menos otros tres detenidos que tuvieron 12 entradas a la Casa Rosada: Araque, Sáez y Melo. Los tres son algunos de los que también declararon en la Comisión bicameral que monitorea a los organismos de inteligencia. Sáez comprometió al ex jefe de la AFI, Arribas, al contar que buscaba hacer “trabajo político” y “seguir peronistas”. La causa no llegó tan alto al menos hasta ahora, por eso el macrismo también pugna por sacarla de manos del juez Villena, que les dice a sus íntimos: “Voy a llegar hasta lo más alto que me dé la prueba”.
La mayoría de los detenidos iban llegando ayer a la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. No está claro si luego de la indagatoria seguirán presos. El único que ya estaba detenido por la causa del espionaje a CFK era Alan Ruiz, ex jefe de operaciones Especiales, cercano a Patricia Bullrich. Otro hombre con cargo jerárquico arrestado este lunes es Diego Dalmau Pereyra, ex jefe de contrainteligencia y una espía que trabajaba con él, María Andrea Fermani; luego un grupo de agentes que en su mayoría (al igual que Melo, Araque y Sáez) venían de la policía porteña, como Emiliano Matta, su hermano Guillermo, María Mercedes Funes Silva, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, Dominique Lasaigues, María Belén Sáez (hija de “el Turco), Mariano Flores, Javier Bustos y Jorge Nievas. Hay que sumar a Martín Terra, ex pareja de Maiorana y amigo de Arribas, un hombre del Ministerio de seguridad porteño, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Rodríguez del Servicio Penitencario bonaerense, Gustavo Cicarelli y Jorge Ochoa, ex policías federales.
La causa tuvo 30 allanamientos y tiene más de 16 cuerpos.
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