De la Redacción de Contrapoder –
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex titular de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri. Antes de llegar al Gobierno, Saravia Frías había sido abogado de varias empresas del Grupo Macri.
En su resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al ex ministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes próximo la del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas, a la que accedió Télam.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al ex presidente Macri.
Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los ex funcionarios.
Los ex funcionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite, que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
“Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, sostuvo el juez tras ubicar a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frias como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación.
El juez resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de declaraciones de imputados que deberán presentarse en la investigación.
“Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”, sostuvo el juez en la resolución.
Canicoba Corral se refirió a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que “resultaron contrarios a las normativas vigentes”, en un acto “perjudicial para las arcas del Estado”, que implicó, entre otras cosas, extender las concesiones hasta el 2030.
“A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados”, analizó el juez.
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.
El magistrado recordó que se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al grupo Macri y presentada pocos días antes de que Macri asumiera la presidencia, sirvió –según surge de la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, remarcó.
El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.
El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas”. concluyó el magistrado.
Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos para cada uno de los procesados, según surge de la resolución a la que tuvo acceso esta agencia.
Sobre el rol que habría jugado Iguacel en los delitos investigados, el juez sostuvo que “acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo, con fecha 18 de agosto de 2017, así como todas las actas complementarias sobre modificaciones al mismo que se labraron posteriormente, pese a todas las irregularidades señaladas”.
“En el caso de Saravía Frías, no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado, en el marco de la demanda presentada el 7 de diciembre de 2015, por ante el CIADI, realizada por Abertis S.A.”, remarcó.
El juez afirmó que esa participación ante el CIADI le permitió a Saravia Frias “conocer sobre los pormenores de su trámite, tiempos y posibilidades de éxito, caso arbitral que resultó ser el núcleo y justificación, entre otros, del monto reconocido y acordado con las sociedades concesionarias, en los contratos de renegociación integral, a pesar de resultar ser un crédito incierto”.
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