Por Alfredo Zaiat –
La reestructuración de la deuda en default de Macri concretada por el gobierno de Alberto Fernández cerró las puertas a los fondos buitre. La adhesión ha sido tan elevada que impide la acción desestabilizadora de jugadores de las finanzas globales dedicados a litigar en tribunales amigables de Nueva York.
La barrera a los buitres no ha sido una concesión de los acreedores, sino consecuencia de la presión de países deudores, entre ellos Argentina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El instrumento para frenarlos es lo que se denomina Cláusula de Acción Colectiva (CAC).
Esta consiste en definir un porcentaje de aceptación de la oferta de canje de deuda en cesación de pagos a partir del cual todos los bonos ingresan en la operación, sin importar que esa porción no se hubiera sumado inicialmente.
Es una cláusula que fue resistida por los acreedores en las década del ’80 y ’90 pero, finalmente, aceptada con umbrales elevados. El sistema financiero global la admitió porque los buitres estaban poniendo bajo estrés cada reestructuración de deuda soberana, que es una instancia habitual en economías periféricas.
En 2014, con los buitres lanzados sobre el mercado argentino pese a dos rondas de canje (2005 y 2010) y con un nivel de aceptación total de 92,4 por ciento, la Internacional Capital Market Association impulsó la CAC. La propuesta era que con el 75 por ciento de los acreedores suscribiendo el canje, el resto quedaba involucrado en la operación sin posibilidad de litigar. El FMI respaldó esa idea.
Con esa CAC, se hubiera podido refinanciar la totalidad de la deuda y entonces la economía durante el segundo mandato de CFK no habría padecido el acoso local e internacional de los buitres .
La limitación a los buitres por parte de instituciones de las finanzas globales fue consecuencia también del despliegue político a nivel internacional realizado por el gobierno de CFK, que consiguió en septiembre de 2015 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara “Los principios básicos para procesos de reestructuración de deuda”.
Por iniciativa de Argentina e impulsada por el Grupo de los 77 más China, la resolución obtuvo 136 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones. Entre los nueve principios, uno de ellos establecía que “los acuerdos aprobados por una mayoría cualificada de acreedores no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros Estados u una minoría de acreedores no representativa, que deben respetar la decisión de la mayoría”.
Estos antecedentes permiten entender cómo y por qué se activaron las CAC con el impresionante nivel adhesión obtenido por el ministro Martín Guzmán: en los bonos del canje 2005, se precisaba una aceptación de los bonistas del 85 por ciento del total más el 66 por ciento de cada serie o bien el 75 por ciento de cada serie sin la necesidad de alcanzar el 85 del total. En los títulos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri, era el 66 por ciento del total y el 50 por ciento de cada serie, menor exigencia gracias a la disputa anterior con los buitres que definieron esas mencionadas limitaciones.
Mohamed A. El-Erian, gurú para el mercado mundial y economista jefe del grupo financiero Allianz, líder de las finanzas globales, evaluó en su cuenta de Twitter el resultado del canje como “impresionante en términos históricos y de magnitud, y en una negociación vía zoom”.
Se empieza así a dejar atrás el desquicio financiero dejado por el gobierno de Macri pero también, en un objetivo no menor teniendo en cuenta el pasado reciente, se dejó afuera a los buitres.
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