Por Raúl Kollmann –
Los testigos de la fiscalía pasan y no aportan nada a la acusación. Es más, no saben bien para qué los convocaron y gran parte de las audiencias transcurren con respuestas repetidas: “no, no sé nada”, “no los conozco”, “no tuve nada que ver con la construcción de rutas”. O relatan hechos que poco tienen que ver con la imputación. Es lo que ocurrió otra vez este lunes en el juicio por la obra pública vial en Santa Cruz, que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. Declaró una funcionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ) que estuvo en el domicilio de la empresa de Lázaro Báez, pidió los libros rubricados, una empleada le dijo que no estaban y dejó un requerimiento para que se presentaran. Fue todo lo que pudo relatar. Nada sobre obras hechas o no hechas, licitaciones, precios. En segundo lugar fue testigo un ingeniero que estuvo como asesor en la Secretaría de Obras Públicas. Explicó que nunca tuvo que ver nada con rutas ni con las obras de Santa Cruz, que sólo intervino en monumentos nacionales y en un hospital. El fiscal esperaba que contara algo sobre conflictos internos en el ministerio, pero el testigo sostuvo que todo fue normal.
Este domingo el diario Clarín publicó una nota sobre supuestas presiones y amenazas en el juicio por la obra pública. No se mencionaron hechos fuera de las audiencias, sino en las audiencias, algo así como preguntas demasiado duras u objeciones a las respuestas de los testigos. La nota exhibe que a la acusación le está yendo mal en el juicio porque la mayoría de los testigos convocados por la fiscalía –Diego Luciani– o la Oficina Anticorrupción –Juan Carlos Duré– terminan favoreciendo a las defensas o pasan por la audiencia sin aportar nada. Es más, las defensas son las que denunciaron la forma agresiva en la que Luciani y Duré se manejan en el juicio y están esperando un informe del Colegio de Abogados que tiene una veedora en las audiencias.
Cristina Lavaisse, contadora de la IGJ, primera testigo este lunes, sólo contó que por órdenes superiores fue a la oficina de Austral Constructores, la empresa de Lázaro Báez, a pedir los libros oficiales rubricados. La atendió una empleada que le dijo que los libros no estaban allí, por lo que Lavaisse dejó un requerimiento. En verdad es obligación tener los libros en el domicilio legal de cada empresa, pero es usual que se guarden en cajas fuertes en otros lugares, por lo cual se dejan requerimientos. Desde ya que no se trata de un delito. La expectativa era que la funcionaria dijera que tenía sospechas o que vio irregularidades o que conoció a Báez: no ocurrió nada de todo eso.
En segundo lugar declaró el ingeniero Jorge Suhurt, que estuvo un par de años en la Secretaría de Obras Públicas. También en este caso los fiscales y la OA esperaban que se despachara con sospechas o indicios de irregularidades, e incluso esperaban que dijera que se volvió a La Pampa, su provincia de origen, por algún conflicto en 2007. Suhurt contó que se ocupaba de obras en monumentos públicos, que intervino en la construcción del Hospital El Cruce, pero no tuvo relación con las obras en rutas. Además, dijo que se fue a La Pampa sin conflicto de ningún tipo. No vio ni habló de irregularidades.
Lo que simboliza lo ocurrido este lunes es que la audiencia duró menos de una hora y media, cuando suelen superar las tres, cuatro y hasta cinco horas. En realidad, un juicio es el debate entre las pruebas que presenta la acusación y las que presentan las defensas, pero tanto el fiscal como la OA parecen buscar pruebas. “Están en una excursión de pesca, traen testimonios que debieron ser evaluados en la investigación inicial”, les dijeron los defensores a los jueces este lunes.
En las audiencias anteriores ocurrió lo mismo. La fiscalía citó a ex dueños de dos empresas de construcción que fueron vendidas a Lázaro Báez y esperaba que dijeran que la venta se produjo por una patoteada o por un apriete o que hubo una irregularidad. Esa era la forma –argumenta la acusación– por la que el santacruceño se quedó con 51 de las 81 obras viales construidas en su provincia. Sin embargo, hasta ahora los testigos les dieron la razón a las defensas explicando que vendieron sus empresas porque había fallecido el padre o el familiar que estuvo a cargo y empezaban a tener dificultades de todo tipo. Las ventas fueron normales, documentadas, públicas.
También se intentó que funcionarios de carrera del Congreso dijeran que hubo alguna maniobra en los presupuestos para favorecer a Santa Cruz y a los constructores. Las respuestas fueron que todos los proyectos y presupuestos se trataron en la comisión respectiva y se votaron en el plenario de Diputados y luego en el Senado sin irregularidades. Esa era la base sobre la que se quería imputar a CFK: que desde el gobierno nacional hubo manipulaciones para favorecer a Báez. El juicio, según parece, terminará en 2021, pero, como se vio este lunes, al menos por ahora los acusadores están con las manos vacías.
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