Por Irina Hauser –
La Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar en pausa durante todo el gobierno de Mauricio Macri. El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, se hizo sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”, según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal. Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Angeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.
Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: “No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito”. Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político presentado por la diputada Vanesa Siley, y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atrincherados en cargos claves de Comodoro Py, pese a que el Senado y un decreto del Poder Ejecutivo, más una decisión de la Cámara de Casación, dijeron que deben volver a sus lugares de origen. Rosenkrantz –ideólogo del 2×1 a favor de los represores– trató también de culpar a sus colegas: “No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros”.
La realidad es que la convocatoria circuló por e-mail, según pudo saber Página/12, y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, que se había postulado para asistir al cónclave ante el silencio de sus pares, se bajó esta misma semana. En el último plenario lo dijo tres veces frente a sus colegas y deslizó que consideraba que no era un buen momento para la convocatoria, más allá de que le parecía necesaria. A su gente de más confianza le confesó que estaba en línea con lo que había dicho el Gobierno en la nota enviada. Vale recordar que a comienzos de esta semana, cuando Rosenkrantz hizo circular un texto de autodefensa, ninguno de sus colegas salió a respaldarlo. Lo hizo en soledad.
Tal como se veía venir, la del jueves por la tarde fue una “Interpoderes” a medias, ya que no estaban todos los poderes del Estado presentes, pero hubo quienes sí plantearon ejes de reclamos compartidos especialmente por los organismos de derechos humanos. Además de representantes del CELS, la AAJ y la fiscal Ramos, estuvieron el procurador interino Eduardo Casal, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y Alicia Tate, de la Unidad de Derechos Humanos, Género y Trata de ese organismo, José Lasalle por la Federación Argentina de Abogados, por la Defensoría General estuvo el secretario general Patricio Giardelli, la presidenta de la Cámara de Casación, Angela Ledesma, su colega Gustavo Hornos y el secretario Juan Montesano, además de Fernando Sagarna, de Relaciones Institucionales de la Corte.
Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea “categórica” en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una “verdadera política de Estado” para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal. Los organismos que no concurrieron, después de deliberar el jueves por la tarde, fueron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, HIJOS Capital y Bahía Blanca, y la Asociación de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Algunos difundieron comunicados por separado explicando sus razones. En Abuelas evaluaron que, al no asisir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.
La APDH avisó a la Corte que no concurriría porque “el proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe recuperar su atributo de política de Estado y no puede ni debe empañarse por una puja de intereses que le son ajenos” y que en el contexto actual, después de una demora de cuatro años, la reunión de la Interpoderes “ha perdido su carácter de comisión para la coordinación y agilización de las causas de lesa humanidad”. La LADH sostuvo que “la memoria, la verdad y la justicia son bandera del movimiento popular” y “no aceptamos que se pretenda utilizar por la derecha golpista (Rosenkrantz)”, pero a la vez señala que no convalida la decisión del oficialismo “de frustrar” la comisión Interpoderes exigida por cuatro años desde las víctimas, los familiares y los organismos de derechos humanos. Para ellos, la ausencia de los representantes de todos los poderes frustró el espíritu del encuentro. “El lugar para reclamar es justamente esta comisión Interpoderes que unos y otros nos siguen negando”, señaló la Liga.
El CELS, que tuvo como delegado a Diego Morales, también difundió su posición antes del encuentro: “Lamentamos que después de todo este tiempo la convocatoria pueda ser utilizada para fines ajenos a la búsqueda de la memoria, verdad y justicia, y que los juicios queden supeditados a disputas políticas que nada tienen que ver con ellos. En la reunión volveremos a reclamar por la falta de compromiso que caracterizó estos años: dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con trabas a las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”. El texto recuerda que desde 2106 reclaman que funcione la comisión con otros organismos y no sólo no se reunió si no que la Corte “no rindió cuentas de su inactividad”. Ahora la preocupación, explican, creció con la pandemia.
En el encuentro, el CELS pidió, tal como anunció, que la Corte cree una secretaría especializad de crímenes de lesa humanidad para que agilice la revisión de sentencias y que sea una prioridad; sugirió una acordada para dinamizar los juicios y una agenda pública así como un sistema de consulta para recursos pendientes. Mencionó casos concretos que llevan más de cuatro años en la Corte, como el de la Masacre de Trelew y el de Blaquier; a Casación también le reclamó que agilice sentencias y dé instrucciones a los tribunales orales; al Ejecutivo que rearme equipos de relevamiento documental en las Fuerzas Armadas y de Seguridad; al Consejo de la Magistratura que se cubran vacantes en tribunales; al Ministerio Público Fiscal asignar más personal y recursos para lesa humanidad; al Congreso que cree una comisión bicameral especializada. A la Corte le insistió con una rendición de cuentas constante.
La fiscal Ramos, de la Procuraduría de Lesa Humanidad, a quien Casal le cedió la palabra, llevó datos y números concretos: Hay 263 causas en instrucción (44 por ciento del total de juicios abiertos); 246 con sentencia (46 por ciento); 70 con elevación a juicio (12 por ciento) y sólo 18 en juicio ahora (3 por ciento). Hay 618 personas procesadas, 538 imputadas, 176 con falta de mérito, 162 absueltas, 92 sobreseídas, 65 indagadas, 28 prófugas, 997 condenadas. Ramos marcó todas las falencias y demoras en ciertas jurisdicciones como Córdoba, lugares donde faltan recursos, llamativas demoras en temas puntuales como aquellos que atañen a la responsabilidad empresarial en los crímenes dictatoriales y también violaciones a los derechos humanos en Malvinas. Contó que hay casos paralizados por quién paga un peritaje, donde señaló responsabilidad del Consejo, los problemas de integración de tribunales orales, como en Mar del Plata y La Plata, donde los jueces cambian todo el tiempo, y las demoras en sentencias definitivas que dificultan los avances de otros tramos quizá ligados a las mismas investigaciones. Apuntó a la Corte y a la Cámara de Casación. Para el máximo tribunal también reclamó un papel comprometido.
El titular del Consejo, Lugones, no dijo demasiado, sólo que esperaba una reunión próxima y explicó el funcionamiento actual del organismo de manera remota. Casación se quejó en especial por la falta de recursos para el control de la ejecución de las penas que se realiza a través de la Decaep, que antes era el Patronato de Liberados. Por la AAJ, Beinusz Szmukler puso foco en que el peligro de la parálisis en las causas es la “impunidad biológica”, ya que los imputados fallecen por su edad, y que cinco años de espera es mucho.
Rosenkrantz dijo que la Corte está comprometida, pero por ahora solo ofreció conformar comisiones.
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