De la Redacción de Contrapoder –
El juez Raúl Flores dictaminó hoy que Dolores Etchevehere “probó que fue declarada también heredera” del predio en disputa entre la familia, lo que invalida el reclamo de usurpación presentado por el ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos 
varones. El magistrado también les impidió que accedan al casco de la estancia Casa Nueva por 30 días. Tampoco podrán ejercer “actos violentos, molestos o intimidatorios” a través de los medios de comunicación, como vienen haciendo a diario desde el ingreso de su hermana al campo familiar.
Tras analizar las pruebas presentadas por Dolores el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo del predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos de la familia Etchevehere y propuso a las partes “pensar una solución pacífica y armónica”, según el fallo conocido este viernes.
La medida será apelada por el ex ministro de Agroindustria, mientras que uno de los abogados de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, lo calificó como “muy contundente, hermoso y con sabiduría de pueblo”.
En su resolución, conocida este viernes, el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, afirmó que Dolores “probó en la audiencia que fue declarada también heredera” de los predios. El magistrado remarcó que el ingreso al predio fue “pacífico y sin violencia” y que la denuncia contraria no indicó ni probó “un hecho violento más que el número de personas” presentes.
La disputa
El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia. Dolores busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo agrario sostenible y es impulsado por un grupo de campesinos sin tierra y organizaciones ambientales.
Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y unas 40 personas ingresaron al lugar y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el casco de la estancia. Allí, siempre de acuerdo a la versión de los fiscales que están del lado del ex ministro, realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a los trabajadores dónde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo “el normal trabajo e intimidándolos”.
La fiscalía había adjudicado “violencia y engaño” por parte del grupo encabezado por Dolores, sin embargo el juez no indicó ni probó “otro hecho violento más que el número de personas”, por lo que luego aclaró que “en realidad fue pacífico y sin violencia”.
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