De la Redacción de Contrapoder –
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) denunciaron este jueves ante la Justicia la represión de la policía bonaerense en el desalojo a la toma de Guernica, tanto dentro del predio como en los alrededores. También se pronunciaron organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y durante el día se movilizaron en repudio organizaciones sociales y partidos de izquierda, tanto en el centro porteño como en frente a la municipalidad de La Plata.
“En atención de estar presente en estos momentos un grupo de integrantes de nuestras instituciones en el predio de la toma de Guernica, nos presentamos con el fin de denunciar la desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales en el marco de la medida dispuesta en autos”, señalaron en la presentación al juez de Cañuelas, Martín Rizzo, quien lleva la causa por el desalojo.
La denuncia está firmada por Diego Morales y Paula Litvachky del Cels y por Adolfo Pérez Esquivel y Ana Almada, del Serpaj, y allí también se advierte que la represión continuó aun después del desalojo: “La policía ha continuado su accionar represivo a más de 400 metros de distancia del predio ocupado”, se indica.
Desde el Cels presentaron dos escritos: uno, sobre la medianoche del miércoles, que tuvo la intención de que el juez frenara el desalojo, algo que no ocurrió. El jueves sumaron a la causa judicial ya existente una denuncua por el accionar represivo y el operativo desproporcionado que comandó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
A la denuncia se adjunta material audiovisual en el que se registran disparos de balas de goma –prohibidos en desalojos–, y se solicita también que se investigue si existió un uso abusivo de los de gases lacrimógenos.
“En las últimas semanas, las familias, las organizaciones y el Estado buscaron alternativas al desalojo policial violento. El esfuerzo para alcanzar acuerdos reales y participativos implicó discutir una solución habitacional definitiva y sus etapas”, indicaron desde el Cels en la cuenta de Twitter.
“Se hizo un relevamiento, se discutió en asambleas participativas la propuesta y se dialogó con el dispositivo interministerial sobre el alcance y contenido de los compromisos. Así se llegó a una propuesta de acuerdo que podía dar una solución de fondo a las necesidades urgentes”, repasaron.
“Luego del desalojo violento, que rompió este proceso, es importante que el gobierno provincial sostenga la propuesta y dé curso a nuevas conversaciones para reconducir una respuesta al reclamo por el derecho a la vivienda”. Tanto el Cels como el Serpaj habían participado del relevamiento de las familias que se encontraban en la toma de Guernica, como veedores, y habían elaborado un informe para el Gobierno provincial.
Repudios
“La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudia enérgicamente la represión en Guernica. El accionar de las fuerzas de seguridad responde a las directivas del juez y del fiscal de la causa, quienes en tiempos express agotaron las instancias judiciales y resolvieron un desalojo. Este acto violenta derechos humanos que necesariamente deben resguardarse en esta delicada situación, privilegiando la seguridad y la vida de las y los habitantes”, expresó el organismo.
“Insistimos que el único camino es la solución pacífica y el diálogo y rechazamos el uso de la violencia y la fuerza como dirimente de los conflictos sociales. Lamentamos que todos los esfuerzos que las partes estaban llevando adelante a fin de encontrar salidas y soluciones de techo y vivienda para cientos de familias hayan derivado esta madrugada en un desalojo violento cuyas víctimas son las víctimas de siempre: las personas excluídas y vulneradas de un sistema inhumano e injusto”.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos repudió “el desalojo violento de las familias habitantes de la toma de Guernica”. “La imagen, las acciones y el discurso del ministro Berni respaldan el paradigma de las derechas y la oligarquía: la propiedad privada es sagrada y el Estado, en este caso el gobierno provincial de Kicillof, están para reprimir a quienes se atreven a cuestionar tales paradigmas del orden capitalista. Sostenemos el derecho a la vivienda y el derecho colectivo a luchar por ese derecho. La vida primero, jamás el interés económico de los poderosos”, sostuvo el organismo.
El Gobierno provincial de Axel Kicillof es responsable de haber estafado a miles de familias con promesas que a último momento decidió incumplir. Exigimos el cese de la represión y la inmediata vuelta a la negociación”, expresaron desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
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