De la Redacción de Contrapoder –
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este viernes el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviado por el Gobierno. La votación, pasadas las 7 de la mañana, indicó 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones. “Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mientras en el recinto los aplausos se hicieron ensordecedores, tanto en las bancas como en las gradas, tras más de 20 horas de sesión. El pleno del cuerpo había comenzado a deliberar a las 11 de la mañana del jueves.
En las afueras del Congreso las decenas de miles de pibas que hicieron la vigilia verde explotaron tras más de un día esperando la resolución de los diputados. Era una verdadera marea verde que acompañó por segunda vez en dos años el reclamo del movimiento de mujeres argentino.
Tras la votación del proyecto de legalización del aborto se comenzó a debatir el dictamen sobre el Plan de los 1000 días para la protección de la mujer embarazada y los primeros años de la infancia.
El proyecto aprobado
El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su sanción en el Senado, en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.
En torno a ello se establece que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”.
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