Por Gimena Fuertes –
La votación holgada de Diputados generó tantas expectativas positivas entre los funcionarios del oficialismo como preocupación por las presiones que, esperan, no se traduzcan en situaciones de violencia. Es por eso que Alberto Fernández y Cristina Kirchner establecieron canales institucionales para que el proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) propuesto por el gobierno atraviese, aunque sea de manera ajustada, la difícil prueba del Senado.
Los números están parejos, con una leve mayoría a favor. Es por eso que durante el fin de semana largo del 8 de diciembre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunió con senadores del oficialismo y de la oposición. Antes, ya se había reunido con la vicepresidenta a solas. El objetivo es garantizar el cuidado de los votos positivos, debido a las presiones que los senadores indecisos o tapados sufrieron durante 2018.
Otra forma de neutralizar esas presiones es la de los contactos que mantuvo el presidente con los gobernadores, permeables a las intenciones de las cúpulas eclesiásticas provinciales. En enero, el presidente se reunió con el papa Francisco a quien le comunicó de manera personal que iba a enviar un proyecto con su firma para legalizar el aborto. Luego de su ingreso parlamentario tras el paréntesis de la cuarentena, Fernández les encomendó a sus funcionarios que mantuvieran viva la relación institucional con el culto católico. Los encargados son Santiago Cafiero y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Por su parte, las autoridades de esa institución religiosa se comprometieron a no fomentar escraches en domicilios particulares de los senadores.
En esas reuniones de Cristina con Gómez Alcorta -y luego también las de la ministra con los senadores y senadoras- se acordó extender la posibilidad de aducir objeción de conciencia de parte de los profesionales de la salud y las clínicas religiosas, lo que tranquilizó a varios senadores que se veían presionados por la preocupación de la iglesia católica de tener que realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en sus sanatorios privados.
Este viernes, con la media sanción recién ingresada en la Cámara alta, se reunieron Cafiero, Gómez Alcorta, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra por parte del Ejecutivo con las senadoras Nancy González y Anabel Fernández Sagasti, ambas de máxima confianza de Cristina. Las legisladoras tienen la trabajosa tarea de sostener el delicado equilibrio dentro del bloque oficialista, en donde conviven ambas posturas. De hecho, el presidente de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, repetirá su voto negativo.
El trabajo de Fernández Sagasti y González, será de un marcado perfil bajo, según adelantaron fuentes parlamentarias, para evitar visibilizar voluntades a favor y evitar presiones o escraches violentos de algunos grupos no enmarcados en la iglesia católica. Es que Fernández Sagasti es senadora por Mendoza, una de las provincias donde el catolicismo tiene mucho peso y es preferible no despertar reacciones, estrategia también válida para su coterránea radical Pamela Verasay, desde cuyo entorno ya adelantaron a Tiempo que repetirá su voto positivo de 2018. “El problema lo tienen los peronistas”, argumentan fuentes parlamentarias de la oposición, espacio que sumó a Martín Lousteau en las últimas elecciones, otro voto positivo. En tanto, los peronistas sumaron al santafesino Roberto Mirabella, que votará a favor, a diferencia de su antecesor y ahora gobernador Omar Perotti, quien en 2018 se abstuvo.
La media sanción se comenzará a trabajar de manera virtual este lunes a las 14 en el plenario de comisiones cuya cabecera será la banca de la Mujer, que preside la senadora Norma Durango, la primera que se atrevió a mostrar el pañuelo verde dentro del recinto; junto con Salud que preside Mario Fiad (en contra) y Justicia y Asuntos Penales a cargo de Oscar Parrilli (a favor). Al igual que en Diputados, los tres funcionarios del Ejecutivo que expondrán son Gómez Alcorta, Ibarra y Ginés González García. Le seguirán una decena de expositores y, si todo sale según lo planeado, se votará en el recinto el 29 de diciembre.
Muchas cosas han cambiado desde aquella madrugada del 9 de agosto de 2018, cuando la entonces titular del Senado, Gabriela Michetti, dejó su micrófono abierto para festejar con un “¡vamos, carajo!”, tras la votación de siete votos de diferencia, que habilitó la continuidad del aborto clandestino por poco más de dos años. Hoy el contexto es el de una mayoría contundente en Diputados, el acompañamiento del proyecto de ley de los 1000 días y la presidencia del cuerpo en manos de Cristina, que no sólo hizo su trabajo político para lograr la sanción, sino que, de darse un para nada descartado empate, podría quedar en la historia al votar a favor y lograr la sanción de este tan postergado derecho.
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