De la Redacción de Contrapoder –
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó a la cúpula que condujo la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri y a otros nueve responsables de las bases instaladas en la provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017, con el objeto de realizar espionaje a dirigentes políticos nacionales y territoriales, a diferentes gremios y hasta a dirigentes barriales que manejaban comedores comunitarios. En su resolución, Ramos Padilla consideró que “las acciones aquí investigadas obedecieron a un plan organizado y ordenado por las más altas autoridades nacionales, que se valieron de una de las áreas más sensibles del Gobierno para atender de manera ilegal sus intereses políticos”.
El procesamiento de hoy, que incluye embargos de hasta 20 millones de pesos, es el segundo que pesa sobre los exjefes de la AFI: el primero, también por espionaje ilegal, lo dispuso el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge en la causa en la que se investigan maniobras ilegales realizadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el procesamiento de hoy, el juez Ramos Padilla concluyó que “existía una directiva de carácter general” que ordenaba a los agentes de la AFI “realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo”, es decir Arribas y Majdalani.
Para el magistrado hubo “órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de Gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar”.
El juez recordó en su fallo que el llamado “PROYECTO AMBA” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense (desde mediados del 2016), en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, además de las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia del organismo en la provincia durante el año 2017.
“Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, éstas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”, remarcó el juez.
El fallo tiene la particularidad -como ya había pasado en otras resoluciones de esta causa- de incluir una gran cantidad de elementos gráficos (fotos y capturas de los archivos encontrados) que demuestran que la AFI tenía en su poder información sobre todo tipo de dirigentes.
En la misma resolución Ramos Padilla procesó a otros 9 exagentes de la AFI y consideró que todos los procesados son coautores de los delitos “en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.
Los procesados fueron los expolicías bonaerenses y exagentes de la AFI Daniel Salcedo y Vicente Antonio Melito y los jefes de las bases AMBA: Pedro García (Quilmes), Alicia Nocquet (Haedo), Andrés Maisano (Pilar), Gustavo Carreiras (La Matanza), José Luis Fiorentino (San Martín), Roberto Hugo Bianchi (La Plata) y Nicolás Iuspa Benítenez (Mar del Plata).
En la base de Mar del Plata se detectaron elementos que prueban que la AFI realizó tareas de espionaje sobre los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, mientras que el jefe de esa base también fue procesado por destruir documentación.
En el extenso fallo además se describieron maniobras de espionaje sobre manifestaciones de usuarios del servicio de luz, que reclamaron por cortes de luz en Ezeiza e inteligencia ilegal sobre una charla vinculada con la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagros Sala, en la que fueron disertantes la ahora ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el periodista Horacio Verbitsky.
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