Por Néstor Espósito –
Varios de los abogados defensores en la causa dólar futuro habían recibido días antes de la audiencia del jueves pasado (en la que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que el Poder Judicial está “podrido”) señales de la Cámara Federal de Casación Penal sobre un posible sobreseimiento para todos.
El argumento del tribunal oral federal que rechazó el cierre del expediente ante el demoledor peritaje que indica que no hubo perjuicio económico ni tampoco violación de la legislación se caía a pedazos. No resistía el análisis de fundamentación necesario para avalar la continuidad del proceso.
Palabras más, palabras menos, el tribunal oral entendió, al rechazar el sobreseimiento masivo, que como no todos los imputados habían pedido el sobreseimiento por el contenido del peritaje, eso significaba que los que no lo hicieron querían ir a juicio. Algo así como una adaptación, poco jurídica por cierto, del dicho popular “el que calla, otorga”.
La Cámara, según esas señales, parecía encaminarse a revertir ese criterio. Pero llegó el jueves y, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner puso todo patas para arriba.
¿Cambió el escenario después de la exposición del jueves de la vicepresidenta? Se trató, sin dudas, de la interpelación más fuerte sobre la legitimidad del Poder Judicial desde el regreso de la democracia.
Sobre el fondo del asunto, todo sigue igual. Pero el desafío de CFK abrió interrogantes sobre qué hará el tribunal de Casación en los 20 días hábiles que tiene como plazo ordenatorio para tomar una decisión, de la cual depende que haya juicio o no.
El jueves mismo circuló la posibilidad de que los dos jueces a los que la vicepresidenta aludió expresamente, Diego Barroetaveña y –especialmente– Daniel Petrone, presentaran sendas excusaciones y se apartarán del expediente.
Un juez puede (y debe) inhibirse si ya hubiera intervenido en otro rol en el expediente, si tuviera algún pariente involucrado, si tuviera algún interés, si él o sus allegados tuvieran un juicio con alguna de las partes, si fuera acreedor o deudor de ellas, si antes de comenzar el proceso hubiere sido acusador o acusado por alguno de los interesados (incluso en juicio político), si fuera amigo o enemigo de alguno.
Pero no por haber sido criticado por una de las partes después de iniciada la causa. No existe tal cosa.
¿Qué pasaría si los jueces invocaran como argumento la necesidad de garantizar la certeza de CFK de que la juzgará un juez imparcial?
Otro eventual escenario es que la Casación resuelva sin resolver. ¿Cómo sería eso? Podría, por caso, decretar la nulidad del rechazo del tribunal oral por “falta de fundamentación” y ordenarle que emita un nuevo fallo, en sintonía con lo que le indique el máximo tribunal penal.
Esa fórmula es frecuente, en ambos sentidos de interpretación. A menudo un tribunal inferior dicta una condena con la singular premisa jurídica que se resume en una frase: “Que se arregle la Cámara”. Y, como contrapartida, cuando un expediente flojo de fundamentos y pruebas llega al tribunal revisor, este revoca o anula pero no resuelve, sino que lo devuelve para que la instancia anterior lo corrija y asuma –en definitiva– ese costo.
Se trata de una solución casi salomónica: la Casación, tras la embestida de CFK, evitaría el sobreseimiento (y la repercusión negativa traducida en un “sobreseyeron porque Cristina los prepoteó”) pero trazaría el camino para encauzar un disparate jurídico que, por lo bajo, reconocen que eso –y no otra cosa– es el expediente dólar futuro.
La tercera alternativa es la más jugada: la Casación acoge los argumentos de la vicepresidenta, del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del resto de los imputados, y en consecuencia dispone el sobreseimiento de todos y el fin de la causa.
Ese eventual fallo es apelable. ¿Ante quién? Ante otra sala de la misma Cámara de Casación, que debería ratificar o modificar ese fallo, para que se produzca lo que técnicamente se conoce como “doble conforme”, esto es, que dos tribunales coincidan en una decisión judicial. ¿Quién podría apelar? Solamente el fiscal Raúl Pleé, pues al no haber querella, la acusación queda en manos exclusivamente del representante del Ministerio Público Fiscal.
En la audiencia del jueves pasado, Pleé pidió que fueran rechazados todos los planteos de los acusados para que, en todo caso, esas cuestiones se discutieran en el juicio oral y público. En otras palabras, que haya juicio y que el peritaje de expertos de la Corte Suprema de Justicia que indica que no hubo perjuicio contra el Estado por la celebración de contratos de dólar futuro sea analizado en un debate oral y público.
Esa es la cuarta alternativa: que la Casación diga que no hay una sentencia definitiva que habilite su intervención y allane el camino al juicio oral, con CFK y Kicillof sentados en el banquillo de los acusados.
Atento a que se trata de un proceso que ya lleva cinco años de tramitación y queda poco para resolver, el juicio oral podría realizarse a lo largo de 2021, con el proceso electoral de medio término como telón de fondo.
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